Leonoticias

Una madre y abogada denuncia al Maristas San José por el cobro de una cuota «voluntaria e ilegal»

María Luisa Hermida Pérez-Hevia.
María Luisa Hermida Pérez-Hevia.
  • La letrada insiste en que espera que su iniciativa pueda ayudar a terminar con una práctica «repugnante» que sufren "miles de padres en toda España, que han sido coaccionados a este pago ante la posibilidad «de que sus hijos pudiesen ser discriminados»

La abogada leonesa María Luisa Hermida Pérez-Hevia ha denunciado al colegio Marista San José de León por lo que entiende como una cuota ilegal que le fue cobrada durante los años que su hija estudio en dicho centro en las etapas concertadas.

En declaraciones a Efe, la letrada afirma que ha decidido dar este paso por el "compromiso" que tiene con la justicia en su condición de abogada y tras comprobar como el cobro de esta cuota "está generando niños de primera y segunda categoría", en referencia a los alumnos de la enseñanza privada-concertada y pública.

Además, insiste en que espera que su iniciativa pueda ayudar a terminar con una práctica "repugnante" que sufren "miles de padres en toda España, que han sido "coaccionados" a este pago ante la posibilidad "de que sus hijos pudiesen ser discriminados".

"Esta y no otra es la razón de que miles de padres en toda España no se atrevan a denunciar, lo que sí se hace por medio del presente escrito", subraya la abogada en su denuncia.

En la misma, explica que hija cursó sus estudios en el citado centro entre los cursos 2001/2002 y 2015/2016 y que inicialmente, en la etapa de infantil, la enseñanza era privada por lo que hizo frente al coste de la misma, pero en primero Primaria (2004/2005) pasó a ser concertada y debía ser totalmente gratuita.

No obstante, precisa que desde ese mismo año se le empezó a girar una supuesta cuota voluntaria que ascendía a 41 euros al mes. "La voluntariedad, presumo, era del colegio puesto que a los padres no se nos dio opción", precisa la abogada en su denuncia.

Añade que la "aportación voluntaria" aumentaba todos los años y explica que abonó "desde el primer día al último" la citada cuota ante el temor de que una negativa pudiera ocasionar "ciertos perjuicios" a su hija.

Posibles represalias

"Al abandonar mi hija el colegio, con la liberación de posibles represalias contra ella por parte del centro al tomar esta decisión su madre, me veo en la obligación legal y moral de denunciar ante el órgano competente estas irregularidades", agrega.

Con la intención de presentar esta denuncia, solicitó el 2 de junio de este año una serie de documentos para poder acreditar las cantidades abonadas al centro, información que el colegio declinó facilitarle no si antes remitirla a sus "extractos bancarios".

Tras solicitar dicha información a su entidad bancaria, pudo acreditar que había abonado al centro 5.166,03 euros, que ahora reclama al centro "por haber sido, cuando menos, entregada sin justificación legal".

Además, recuerda que en 2008 el colegio hizo firmar a los padres un documento en el que supuestamente aceptaban la voluntariedad de dicho pago, lo que, subraya, es una manera de reconocer que llevaban años cobrando esa aportación de forma irregular y todo parece indicar que el colegio fue asesorado en ese sentido.

También argumenta que conoce la preocupación por este asunto del consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, al no conseguir sentencias -aunque fueran anónimas- para poder proceder.

Hermida recuerda que la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) confirmó el pasado año la multa que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía impuso al Instituto de las Escuelas Cristianas La Salle de Almería por el "incumplimiento grave" del concierto educativo al pedir a las familias cuotas de 20 euros trimestrales.

La sentencia del alto tribunal rechazó el recurso de casación interpuesto por el centro educativo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que consideró probada la infracción del principio de gratuidad de las enseñanzas obligatorias por parte del centro concertado.

El TSJA rebajó la sanción que acordó la mencionada consejería de 326.000 euros a 186.518 euros.

El procedimiento sancionador contra el centro se inició tras la denuncia anónima realizada por un padre que recibió una carta de la dirección del instituto, fechada el 4 de febrero de 2009, que indicaba la conveniencia de efectuar una aportación voluntaria de 20 euros para "paliar el déficit que viene sufriendo en la enseñanza concertada".

"Ahora es el momento y denuncio a cara descubierta, además de ofrecerme a ayudar en todo lo necesario para acabar con esta inconstitucional practica", apostilla Hermida.

Finalmente, reclama que se abra el correspondiente procedimiento sancionador contra el centro educativo y que, en su caso, se le reintegren las cantidades "indebidamente" cobradas.

No obstante, recalca que no le mueve el resarcimiento económico, sino colaborar para acabar con una práctica "irregular y anticonstitucional" que sufren miles de familias españolas.