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Victoria Ortega: «Estamos trabajando con todos los operadores para conseguir un pacto de Estado por la Justicia»

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito
La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito / Foto cedida Consejo Abogacía
  • La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española afirma que "que la Justicia, con sus defectos, funciona y que los corruptos acaban sentados en el banquillo"

Los abogados de Castilla y León celebrarán los próximos días 26, 27 y 28 de octubre en la capital leonesa su tercer Congreso autonómico, bajo el lema de 'Abogacía: nuevos tiempos, nuevos retos'. Una de las ponentes invitadas es la presidenta del Consejo General de la Abogacía España, Victoria Ortega Benito, quien en una entrevista concedida a Ical hace balance del estado de la profesión. La modernización de la abogacía y de la justicia en general, la dignificación de los turnos de oficio, la formación continua, la consolidación del uso de las nuevas tecnologías a través de la herramienta LexNET y el papel de los abogados en la lucha contra la corrupción son algunos de los retos de su mandato.

El lema del tercer Congreso de la Abogacía de Castilla y León es 'Abogacía, nuevos retos, nuevos tiempos', ¿en su opinión, cuáles son?

Frente a los cambios normativos que se avecinan, los desafíos y oportunidades que vendrán con los avances tecnológicos, el imprescindible pacto por la Justicia o la defensa de los derechos de todos, entre otros muchos retos, estamos trabajando por una abogacía mejor, más preparada, mejor formada y más exigente consigo misma y con la Justicia que los ciudadanos se merecen, que todavía es un objetivo a alcanzar. La abogacía vive tiempos complejos y no fáciles, como el resto de las profesiones y toda la sociedad, pero podemos y debemos afrontar los nuevos retos con coraje, siempre con el objetivo de servir al ciudadano y defender el Estado de Derecho.

¿Cómo le afecta a la abogacía este escenario salpicado pos casos de corrupción política y financiera en el que se critica la lentitud de la justicia?

Vivimos una época de cambios constantes y de incertidumbre política, pero precisamente por eso las instituciones públicas han de abrir sus puertas, y demostrar que son sensibles a la necesidad de escrutinio exhaustivo por parte de los ciudadanos. Los abogados conocemos muy bien los incalculables beneficios de contar con la confianza de nuestros clientes; del mismo modo, nuestros representantes públicos han de reforzar su vocación de servicio público a través de la transparencia y del compromiso con una ética de la que podamos sentirnos orgullosos. Nuestro compromiso contra la corrupción se ha materializado recientemente con la entrega al exfiscal y ahora abogado Carlos Castresana del I Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción, convocado por Transparencia Internacional España (TI-España) y el Consejo General de la Abogacía Española. A pesar de todo lo que leemos, de los procesos que están en marcha, todos debemos ser conscientes de que la Justicia, con todos sus defectos, funciona y que los corruptos acaban sentados en un banquillo. Eso es lo que deben saber quiénes tienen la tentación de comportamientos delictivos.

¿Qué puede aportar la abogacía para lograr una justicia más rápida, eficaz y ejemplarizante?

Los abogados somos quienes mejor conocemos todos los ángulos, todas las facetas de la justicia desde que el cliente se presenta en nuestro despacho a pedir consejo o asesoramiento hasta que, si no hemos conseguido un acuerdo, que siempre es preferible a un pleito, se llega a los tribunales. No podemos permitirnos una justicia lenta y lejana a los ciudadanos. Por eso, desde la abogacía estamos trabajando con todos los operadores jurídicos para conseguir un Pacto de Estado por la Justicia al que se ha invitado a todas las fuerzas políticas y sociales. El objetivo es muy claro: configurar –mediante el consenso- un modelo de Administración de Justicia que haga honor a su nombre dentro de un verdadero Estado social y democrático de derecho.

¿La falta de medios técnicos y de personal es un hándicap insalvable hoy por hoy en la Justicia a nivel general?

La modernización de la Administración de Justicia es una reclamación y un compromiso de la abogacía desde hace mucho tiempo. Hay que reconocer que en estos últimos años la utilización de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia es un avance. LexNET está siendo un paso adelante en este sentido a pesar de todos los problemas que ha planteado y todavía plantea su puesta en marcha. Un primer paso que necesita de otros, como la implantación del expediente judicial electrónico, el aumento del número de jueces, los cambios en la instrucción del proceso o la reforma de la organización y la gestión del conjunto de órganos judiciales. Los abogados, como muestra de nuestro compromiso y con un gran esfuerzo, hemos hecho nuestra parte: nos hemos formado y hemos adaptado nuestros equipos a los requerimientos de LexNET.

¿Los abogados “estrella” en los casos de relumbrón que tanto gustan a los medios de comunicación son un acicate o una rémora?

Ser abogado –independientemente de que se esté adscrito al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita o se pertenezca a un gran bufete internacional- debe ser sinónimo de garantía, de reconocimiento social, de prestigio y de excelencia. Siempre he defendido que todos los abogados, independientemente de adjetivos, estén en plano de igualdad y sean respetados por el resto de actores de la justicia. Pero del mismo modo, estoy comprometida en pedir a todos los compañeros una mayor autoexigencia deontológica, porque en nuestra profesión no caben aquellos que no respetan los principios éticos y deontológicos ni tampoco aquellos que no se forman permanentemente para poder defender mejor los intereses de sus clientes.

En su ponencia de inauguración de este Congreso, usted va a debatir sobre el diálogo intergeneracional. ¿Los abogados jóvenes lo tienen hoy más difícil en todos los sentidos que hace unos años?

Siempre es difícil arrancar en el ejercicio de cualquier profesión y la de abogado no es una excepción. Lo ha sido siempre. Y hoy posiblemente no haya otra profesión en la que la competencia sea mayor. A pesar de las dificultades, con la preparación más práctica conseguida tras la implantación de la Ley de Acceso, no sólo los abogados españoles se encuentran en igualdad de condiciones con sus colegas europeos, sino que esta preparación les permite incorporarse a la profesión mejor formados, con mejores capacidades para defender los intereses y los derechos de sus clientes y para interactuar con otros actores jurídicos como son jueces y fiscales, que han superado unas duras oposiciones. Por otra parte, esta profesión, ya lo he dicho, exigen una formación continua y una adecuación permanente a las necesidades del mercado.

¿La justicia gratuita y el turno de oficio es una salida para el colectivo de la abogacía?

No es una salida, es una vocación, sin ningún lugar a dudas. ¿Usted cree que cobrando una media de dos euros por hora, se paga su trabajo y, además, permite sobrevivir? Un abogado de oficio – que tienen una media de edad de 41, años y trece de ejercicio profesional, puede cobrar al año unos 4.000 euros. Y a veces, las administraciones pagan con un año de retraso… Tampoco eso permite contemplarlo como una salida. Si hay un elemento común entre los casi 44.000 abogados y abogadas que prestan el servicio de Justicia Gratuita es su compromiso con la justicia, con el derecho de todos los ciudadanos- todos sin excepción- a la tutela judicial efectiva. Son abogados de profesión y de oficio por vocación. Sin su excelente trabajo, muchos ciudadanos que han perdido el empleo y están a punto de perder su casa no podrían denunciar en los tribunales las cláusulas abusivas que les impusieron; o personas que han perdido sus ahorros en preferentes no podrían reclamar, o las víctimas de violencia de género no tendrían asistencia letrada. A pesar de su formación y experiencia cobran tarde y poco. Muy poco. Basta decir que el Estado invierte en Justicia Gratuita 4,81 euros por habitante al año.

Este Congreso se celebra en León, sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad. ¿Las nuevas tecnologías son ya una herramienta generalizada en la práctica de la Abogacía? ¿Cuáles son las demandas en este terreno de la Abogacía?

La Abogacía colabora y tiene excelentes relaciones con el Incibe y si es posible, crecerán en el futuro. La modernización de la justicia es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro Estado de Derecho, y este proceso pasa, de manera ineludible, por potenciar el uso de las tecnologías –hay que dejar de llamarlas “nuevas”- en su ámbito. Los abogados estamos plenamente comprometidos con la aplicación de los avances tecnológicos en nuestro quehacer profesional. En esta etapa de impulso de las telecomunicaciones en la Justicia, la abogacía tiene que estar presente, junto con otros actores jurídicos, para contribuir a conseguir una Justicia moderna, ágil y eficaz. Tenemos experiencia probada en la aplicación de las nuevas tecnologías. Como ejemplo de este compromiso tengo que destacar el uso del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita que –a día de hoy- es el único que funciona de verdad en la Administración de Justicia. Más de 600.000 expedientes tramitados cada año, con un importante ahorro de costes para los ciudadanos y para las administraciones.

Estamos trabajando, con mucho esfuerzo e ilusión, para que en breve tengamos un nuevo sistema de correo electrónico de la Abogacía. Este correo se pondrá a disposición de los letrados y letradas para su ejercicio profesional a través de los Colegios. Será más que un simple buzón de correo. Se trata de una herramienta completa (Microsoft Office 365), que incluye un buzón de correo de 50 Gigabytes, un sistema de almacenamiento de ficheros en la nube de 1 Terabyte, un sistema de edición de documentos en la nube (Word, Excel,…), servicios de videoconferencia, sincronización de agendas y calendarios, entre otros elementos. Todo ello accesible desde cualquier sitio y dispositivo (móviles y tabletas), y con garantía de cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

La formación continua es un reto de todas las profesiones debido a los continuos cambios normativos y por el avance tecnológico. ¿Cómo afronta el Consejo este reto?

Cuando asumí la Presidencia del Consejo General de la Abogacía ya hace unos meses prometí trabajar por una abogacía mejor formada, más preparada y más exigente consigo misma. Estamos tratando de mejorar el Máster de acceso a la Abogacía para que sea de verdad eminentemente práctico y no una repetición de contenidos teóricos del Grado. El plan de formación continua de la Abogacía en lo que llevamos de año ha realizado más de 20 cursos y jornadas desarrolladas tanto de forma presencial como ‘online’. Se calcula que los Consejos y los Colegios de Abogados ofrecen cada año, con carácter gratuito o con un coste muy por debajo del de mercado, unos 2.500 cursos o jornadas. No hay buenos abogados si no se forman permanentemente. Y nosotros queremos los mejores abogados. Seguir apostando por la formación continua es un desafío fundamental para la Abogacía española en los próximos años. Además, con la tradicionalmente intensa producción legislativa en nuestro país, debemos exigirnos estar siempre alerta ante los cambios en nuestras leyes y códigos. La labor de los Colegios de Abogados y de las Escuelas de Práctica Jurídica son claves en este sentido.

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