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Ángel Santos, José Ignacio Fernández y José Carlos Mencía, durante la rueda de prensa. / Inés Santos

Comisiones Obreras denuncia monopolio y cesión ilegal de trabajadores de Transervi a Renfe

  • El sindicato habla de 31 trabajadores afectados en León y ven posibles indicios de infracción penal | La leonesa Talleres Celada sería la gran damnificada de esta práctica fuera de la legalidad

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El Estatuto de los Trabajadores, esa compilación de mínimos laborales al que siempre debe superar el Convenio Colectivo correspondiente (aunque la crisis se haya encargado de relativizar este punto), no ofrece dudas: El artículo 43 expone las características de la cesión ilegal de trabajadores, y para Comisiones Obreras y Talleres Celada, Renfe y Transervi caen de pleno en este punto del texto laboral.

Los hechos son los siguientes. En agosto de 2014, el sindicato denunció en la Inspección de Trabajo la presunta cesión ilegal de trabajadores que se producía entre ambas empresas, haciendo realmente difícil la diferenciación entre empleados de una y otra sociedad «ya que desarrollaban exactamente los mismos trabajos», como aseguró José Carlos Mencía, miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial de CCOO de León.

Esto tiene una consecuencia directa, a mayores de la ilegalidad fragrante: Con la cesión no se aplica a los trabajadores de Transervi el Convenio Colectivo del sector, aplicándose el de Transportes, notablemente inferior al ferroviario.

«Es un ejemplo claro de trabajo indecente, lo que teníamos delante existía de verdad», esgrimía el secretario general de Comisiones, José Ignacio Fernández. Una vez conocidos los hechos y tras la denuncia, decidieron poner en conocimiento la presunta ilegalidad ante la Subdelegación del Gobierno y la Consejería de Fomento (encabezadas en aquel entonces por Juan Carlos Suárez-Quiñones y Antonio Silván, respectivamente), si bien «solo nos dieron paños calientes».

Por contra, el sindicato reconoce que fue en la Inspección de Trabajo, «a la que en ocasiones hemos criticado por diferentes razones», donde las demandas encontraron respuesta.

Tras la denuncia vino la sentencia, ya en abril del presente año. En ella se deja «probado y constatado cómo fueron represaliados los trabajadores que demandaron», así como que esta denuncia fue el origen de la investigación por parte de la Inspección.

Actualmente, la situación afecta a 31 trabajadores de Talleres de Renfe en León, y a 450 en Castilla y León.

Sea como fuere, para el sindicato «esto no ha finalizado, porque existen también prácticas de monopolio y de puertas giratorias, creándose empresas que ofrecen mano de obra a Renfe, cuando deberían ser trabajadores de la pública o de ETTs».

Habiendo expuesto los hechos ante Competencia, Comisiones Obreras valora la posibilidad de que, además, los hecho supongan «un delito penal».