Leonoticias

Eduardo Ranz reclama el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica a una decena de municipios

Un operario retira una placa del Instituto Nacional de la Vivienda.
Un operario retira una placa del Instituto Nacional de la Vivienda.
  • Villaselán, La Vecilla, Castrocontrigo, Val de San Lorenzo, Bustillo del Páramo, Toreno, Palacios del Sil, Villamontán de la Valduerna, Valderrey y Santa Marina del Rey son los municipios a los que se reclama

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El letrado madrileño Eduardo Ranz reclama a una decena de municipios de la provincia leonesa el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, como hizo con el de la capital. Se trata de los municipios de Villaselán, La Vecilla, Castrocontrigo, Val de San Lorenzo, Bustillo del Páramo, Toreno, Palacios del Sil, Villamontán de la Valduerna, Valderrey y Santa Marina del Rey, según informó a Ical el abogado de ascendencia leonesa.

El derecho de petición ejercido por Ranz se registró el pasado 22 de septiembre y en el caso de Castrocontigo ya hay una respuesta que explica que el Consistorio ya ha iniciado las actuaciones encaminadas a cumplir la Ley de Memoria Histórica, hecho que Ranz valora de forma «positiva».

Así las cosas, habrá un total de 168 Ayuntamientos requeridos en los próximos días para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en lo referido a retirada de simbología franquista, cifra a la que se añaden 12 demandas judiciales ya admitidas a trámite. En total, existen 180 procedimientos legales abiertos en Castilla y León, de los cuales once (diez municipios más la demanda de León capital), se encuentran en la provincia leonesa, según el letrado.

Respecto a la situación de la capital, donde se actuó para reclamar el cambio de nominación en 34 viales, Ranz ha reconocido la buena intención del Ayuntamiento pero subraya que, de momento, no se ha traducido en actuación alguna. Si cuando se emiten autos juciales a raíz de estas demandas, los Ayuntamientos no los cumplen -se da un plazo para la retirada inmediata de los vestigios-, recaerá en ellos una sanción y se podrían abrir diligencias penales contra los respectivos alcaldes.

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