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El juez Velasco conforma la segunda pieza de la 'Púnica' en la Diputación e incluye a su interventor

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. / Rubén Cacho
  • El procedimiento se centra en el entonces presidente de la Diputación, el alcalde de Puebla de Lillo y ahora da curso legal a la incorporación del interventor de la institución

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado un auto por el que se acuerda la formación de la pieza número dos de la Operación Púnica relativa a las supuestas irregularidades en la Diputación de León. Así, incluye en la ‘pieza 2 León’ a cinco personas físicas y dos jurídicas, entre las que figura el expresidente de la institución Marcos Martínez con seis delitos y el alcalde de Puebla de Lillo Pedro Vicente Sánchez con los de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos, según informaron este lunes fuentes judiciales.

A ellos se suma con curso legal el interventor de la institución provincial,Manuel Jesús López Sánchez, los de fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.

También figuran en el auto los nombres de los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, por los delitos de cohecho, aprovechamiento de información reservada y malversación de caudales públicos. Además, el procedimiento se dirige también contra las empresas de reputación en internet Eico On Line SL y Madiva Editorial y Publicidad SL.

Velasco acordó en septiembre del pasado año la formación de 12 piezas separadas, posteriormente ampliadas a 14, para una mayor agilidad en la tramitación y enjuiciamiento de estos hechos. Ahora, en un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid conforma la segunda de esas piezas -la primera fue la relativa al "chivatazo" de la investigación- con toda la documentación referente a esos hechos y delimita las personas contra las que se dirige el procedimiento.

En su resolución, el magistrado apunta que la investigación revela que las empresas Eico y Madiva prestaban durante 2014 y años anteriores trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos que generaban una deuda que más tarde sufragaban por «procedimientos irregulares», como el pago directo o facturación de terceras empresas, adjudicatarias de la administración; mediante la inclusión del coste de estos trabajos en contratos públicos previstos para otro propósito, o beneficiando a Alejandro de Pedro en procedimientos de contratación de la Diputación.

«Esta manera de proceder les permitía no sólo obtener un lucro económico directo, sino también acceder a una relación de confianza con las autoridades públicas que les daba acceso a una red de contactos que les facilitaría acceder a contratos públicos para sí o para terceros», explica el auto del juez Velasco, que no es firme y contra el que se puede interponer recurso de formación en el plazo de tres días.

Reputación

En relación con los informes no públicos realizados por las empresas de reputación para el expresidente de la Diputación, el auto indica que no se han encontrado facturas que se correspondan con dichos servicios y «ello porque tal trabajo reputacional en Internet se costeaba con la colocación de ‘banners’ publicitarios en los diarios digitales de Alejandro de Pedro (...) donde se creaban noticias de cobertura favorables del político» para el que estaban trabajando, con cantidades que rondaban los 3.000 euros al mes.

A su vez, explica el juez, De Pedro se prestaba a trasladar a personas notorias e influyentes del Partido Popular la información que le facilitaba Marcos Martínez sobre los apoyos de que gozaba en la formación política con el objetivo de tratar de continuar como presidente del Partido Popular en la provincia y de la Diputación.

Estación de esquí

El auto también detalla las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos vinculados a la estación invernal de esquí de San Isidro. En concreto, explica sobre los relativos a la dinamización, mejora y explotación de las pistas, animación y gestión de las cafeterías -El Rebeco y Pico Agujas- que Marcos Martínez pretendía consolidarse como presidente de la institución provincial con proyectos aprobados, ante las citas con las urnas. Para ello, recoge el auto, acudió a los empresarios señalados para que los proyectos sirvieran a sus intereses políticos y se adjudicaran «al entorno» de De Pedro.

Sobre las pistas, el juez indica que se detectaron conversaciones y acuerdos previos en los que Marcos Martínez ordenaba al personal de la Diputación reunirse solo con uno de los licitadores, «discutiendo y pactando a su conveniencia los términos» del contrato público. Este procedimiento, según reconoció el entonces presidente de la Diputación, permite que «lógicamente como ellos lo van a diseñar se van a presentar y lo van a ganar».

Finalmente, sobre la explotación de las dos cafeterías de la estación de esquí, el juez explica que el propio Marcos Martínez envío los pliegos a De Pedro para que realizara las correcciones oportunas para que les fueren adjudicados los contratos. También llegó a asegurarle al empresario que el interventor era «el primer interesado» porque tenía un «huevo de terrenos» en la zona. A los encuentros en los que se concertaron los términos de la adjudicación, según Velasco, acudió Pedro Vicente Sánchez, quien también presentaba informes mes a mes para no someter a fiscalización las facturas sobre los servicios de reputación on line y asesoramiento y promoción política de Marcos Martínez.

Velasco acordó en septiembre del pasado año la formación de 12 piezas separadas, posteriormente ampliadas a 14, para una mayor agilidad en la tramitación y enjuiciamiento de estos hechos. Ahora, en un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid conforma la segunda de esas piezas -la primera fue la relativa al “chivatazo” de la investigación- con toda la documentación referente a esos hechos y delimita las personas contra las que se dirige el procedimiento.

Trabajos de reputación en internet

En su resolución, el magistrado apunta que la investigación revela que las empresas Eico y Madiva prestaban durante 2014 y años anteriores trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos que generaban una deuda a su favor que más tarde sufragaban por "procedimientos irregulares", como el pago directo o facturación de terceras empresas, adjudicatarias de la administración, mediante la inclusión del coste de estos trabajos en contratos públicos previstos para otro propósito o beneficiando a Alejandro de Pedro en procedimientos de contratación .

"Esta manera de proceder les permitía no sólo obtener un lucro económico directo, sino también acceder a una relación de confianza con las autoridades públicas que les daba acceso a una red de contactos que les facilitaría acceder a contratos públicos para sí o para terceros", explica el auto del juez Velasco.

En relación con los informes no públicos realizados por las empresas de reputación para el expresidente de la Diputación, el auto indica que no se han encontrado facturas que se correspondan con dichos servicios y "ello porque tal trabajo reputacional en Internet se costeaba con la colocación de ‘banners’ publicitarios en los diarios digitales de Alejandro de Pedro (...) donde se creaban noticias de cobertura favorables del político" para el que estaban trabajando, con cantidades que rondaban los 3.000 euros al mes.

San Isidro

A su vez, explica el juez, De Pedro se prestaba a trasladar a personas notorias e influyentes del Partido Popular la información que le facilitaba Marcos Martínez sobre los apoyos de que gozaba en la formación política con el objetivo de tratar de continuar como presidente del Partido Popular en la provincia y de la Diputación.

El auto también detalla las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos vinculados a la estación invernal de esquí de San Isidro. La resolución judicial no es firme por lo que se podrá recurrir en el plazo de tres días.