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187.857 leoneses viven del Estado

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Imagen de un funcionario de Correos.

  • La mayor parte de ellos pensionistas (142.279) junto a los funcionarios (29.344) y parados con prestación (con un total de 16.234)

Cerca de 900.000 castellanos y leoneses, en concreto 886.756, vive del erario por lo que tienen como principal o única fuente de ingresos el sector público, ya sea del Estado, la Junta de Castilla y León, las diputaciones o los ayuntamientos. En el caso de la provincia de León esta cifra alcanza a 187.857 personas, la mayor parte de ellos pensionistas (142.279) junto a los funcionarios (29.344) y parados con prestación (con un total de 16.234).

A nivel autonómico son un 5,1 por ciento más que al inicio de la crisis económica en 2008 gracias al incremento del número de pensionistas, los desempleados que cobran el paro y los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación social que se puso en marcha en 2010 para las personas en situación o en riesgo de exclusión. A ellos, hay que sumar los beneficiarios de pensiones no contributivas y asistenciales y los empleados públicos que es el único colectivo que ha caído un 6,5 por ciento.

El grueso de las nóminas vinculadas a las arcas públicas en la Comunidad corresponde a las pensiones que suman 605.278, seguido del personal de las diferentes administraciones (161.774) y los beneficiarios de prestaciones por desempleo (78.928), sin olvidar las pensiones no contributivas y asistenciales y los que cobran la renta garantizada, hasta sumar 886.756 personas, según los datos recabados por la Agencia Ical. Un número que supone el 42 por ciento del total de mayores de 16 años en la Comunidad.

Castilla y León cuenta, en la actualidad, con 27.145 pensionistas más que en 2008. Es un 4,7 por ciento más pero el incremento se dispara al comparar el importe de las nóminas que cada mes tiene que desembolsar el Instituto Nacional de Seguridad Social. Frente a la cuantía media de 695 euros del total de las pensiones existentes al inicio de la crisis se ha pasado a los 886 euros. Son 191 euros de más. Una cantidad que es mayor en el caso de las personas que cobran la jubilación al cumplir los 65 años (62 por ciento del total de pensiones) que aumentó en 238 euros.

El número de pensionistas no ha parado de aumentar por la elevada tasa de envejecimiento de la sociedad castellana y leonesa sino también por la falta de oportunidades laborales que ha empujado a muchas personas a adelantar la edad de jubilación. Una situación que tiene su efecto en la elevada factura del Estado para el pago de estas pensiones. El año pasado, desembolsó 6.745 millones de euros en Castilla y León en este concepto.

Además, la Seguridad Social se hace cargo de las pensiones de incapacidad permanente (45.028), viudedad (157.437), orfandad (19.822) y favor de familiares (3.685). A ellas hay que sumar los 22.128 castellanos y leoneses que, a finales de 2015, cobraba una pensión no contributiva, que se repartían entre los 12.488 con derecho a jubilación y los 9.788 de invalidez. Se trata de pensiones reguladas por ley que buscan asegurar a todos los ciudadanos en situación de jubilación o invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios.

Todo ello es posible gracias a la Ley General de la Seguridad Social que contempla estas situaciones para personas que no hayan cotizado o lo hicieran de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva, siempre y cuando tengan necesidad y carezcan de recursos suficientes. Es decir, que tengan ingresos inferiores a 5.150 euros anuales.

Parados

Otro de los colectivos que percibe su 'paga' del Estado son los beneficiarios de una prestación por desempleo en la Comunidad. Ahora, suman 78.928 personas, un 15,3 por ciento más en comparación con los registrados en 2008 y un 46,5 por ciento más que en 2007. El número engloba tanto a los perceptores del paro, también conocido como nivel contributivo (32.651), como a los de nivel asistencial que cobran el subsidio (36.559). También están los que reciben la renta activa de inserción (9.012) y los incluidos en el programa de activación para el empleo (706).

El recrudecimiento de la crisis y, sobre todo, su duración han motivado un cambio del perfil del perceptor de ayudas públicas en la Comunidad. Si en 2008 la cifra de personas que cobraba el paro era superior a la actual, con un 15 por ciento más, en 2016 casi se ha doblado las personas que reciben el subsidio y la renta activa.

Prestaciones sociales

A la vista de los datos de desempleados registrados en las oficinas del ECyL, 185.279 personas en junio, se puede constatar que un 57,5 por ciento de las personas paradas en la Comunidad no cobra una prestación frente al 42,5 por ciento que aún tiene cobertura tras haber perdido su trabajo. Un hecho que ha obligado a las administraciones autonómicas a aprobar prestaciones sociales para atender las necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de los que están en situación o en riesgo de exclusión social por carencia de recursos.

Es el caso de la Renta Garantizada de Ciudadanía que la Junta puso en marcha en el año 2010 con cuantías que oscilan entre los 426 y los 692 euros mensuales en función de las cargas familiares pero también el programa de integración de empleo. Ambos atienden en Castilla y León a 18.500 desempleados sin una prestación nacional.

El único colectivo que ha perdido efectivos durante la recesión es el de los funcionarios y el personal empleado en la administración pública. Frente a los 173.026 contabilizados a principios de 2009 se ha pasado a los 161.774, según el Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a fecha de enero de 2016.

Supone un descenso del 6,5 por ciento. Solo la Junta de Castilla y León ha logrado contener en ese periodo esa caída, con un descenso del 3,6 por ciento (hasta los 84.596 trabajadores), frente a las bajadas considerables del 8,5 por ciento en los ayuntamientos y las diputaciones (32.629 empleados), del 9,5 por ciento en las universidades (8.336 personas) y del 10,2 por ciento en la administración central (36.213).