Theresa May quiere dos años más en la UE tras el 'Brexit'

Theresa May, primera ministra británica. / Reuters

Una transición como la anunciada por la líder británica en Florencia facilitaría la negociación

IÑIGO GURRUCHAGALondres

Theresa May ha afirmado en un discurso solemne pronunciado en Florencia que Reino Unido aspira a mantener una relación única de libre comercio sin aranceles con la UE tras el 'Brexit' y que contempla un período de transición de dos años para desarrollar las ramificaciones del acuerdo, que tendría que definirse y ser ratificado antes del final de marzo de 2019. La propuesta puede facilitar que la negociación con el resto de la UE comience a considerar el acuerdo final.

En un discurso de tono más conciliador que en el pasado y que adelanta algunos objetivos británicos sobre el futuro, May ha afirmado que "aunque la salida de Reino Unido de la UE es inevitablemente un proceso difícil, todos estamos interesados en que nuestras negociaciones tengan éxito. Creo que compartimos un sentimiento hondo de responsabilidad para que este cambio sea fluido y sensato, no solo para la gente de hoy sino para la próxima generación que heredará el mundo que les dejamos".

May decidió pronunciar este discurso en Florencia como parte de su mensaje sobre la permanente vinculación con Europa. En la ciudad italiana, cuna del Renacimiento, promotora medieval del comercio y de la banca, el Gobierno británico eligió un salón remozado en una antigua comisaría de Policía y ante una audiencia británica para enviar su mensaje a los socios de la UE y a la audiencia doméstica.

La primera ministra británica aspira con este discurso a crear las bases para que el Consejo Europeo del 19 de octubre considere que hay "avance suficiente" en la negociación de los aspectos técnicos de la retirada británica de la UE como para iniciar ya la exploración de un acuerdo sobre la futura relación comercial, en la que propone la creación de un nuevo mecanismo de resolución de disputas, y un tratado específico para mantener la cooperación en seguridad.

Los equipos negociadores aplazaron la reunión prevista esta semana para que la próxima semana tenga en consideración la más detallada posición de Londres. Las cuestiones técnicas de esa negociación preliminar son tres: la situación de residentes europeos y británicos afectados por el 'Brexit', la factura que el Gobierno británico tendría que pagar en el momento de la marcha y el establecimiento de mecanismos en la frontera entre la república de Irlanda e Irlanda del Norte que permitan el mantenimiento del libre movimiento de personas y no obliguen a la creación de controles estrictos en el tránsito de bienes.

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Confirmando que Reino Unido quiere una fase transitoria de dos años tras al acuerdo formal sobre el 'Brexit' y la necesidad de contribuir a los fondos comunitarios durante ese período, May aparta de la mesa negociadora la amenaza explícita, en su previo discurso solemne, en enero, de una retirada brusca de la UE si la oferta europea no es satisfactoria. Su propuesta consiste en permanecer dos años en la UE sin permanecer formalmente en la Unión e introduciendo gradualmente las modificaciones.

Pero las diferencias sobre la factura siguen siendo considerables. La líder británica habría emprendido en los últimos días una discreta diplomacia dirigida a otra capitales europeas en la que habría adelantado que su Gobierno está dispuesto a pagar una contribución anual de unos 10.000 millones de euros en esos dos años, que evitarían a los 27 la reforma de sus contribuciones a Bruselas o la reducción de los gastos presupuestados en el Marco Financiero Plurianual de 2014-20.

Esos 20.000 millones se quedan lejos de las cifras aireadas en Bruselas, pero no hay claridad legal sobre la obligatoriedad de pagos tras el 'Brexit' y sí hay variedad de métodos para contabilizar las cantidades comprometidas en el presupuesto o con programas específicos, sobre las deudas por las pensiones de funcionarios comunitarios, y añadida ambigüedad por las garantías de Londres de mantener los pagos de la Política Agraria Común o de los Fondos Estructurales y de Inversión tras marzo de 2019.

El jefe negociador del Consejo, Michel Barnier, ha subrayado en sus discursos- el más reciente el jueves, en Roma, ante el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento italiano- que "los compromisos establecidos entre unos y otros" han de definirse "de una manera objetiva", y que la resolución de este aspecto es una cuestión de "confianza para establecer una relación sólida en el futuro".

Complejidades

La asociaciones de residentes europeos y británicos critican los balances publicados sobre las área de la negociación porque ven sus actuales derechos reducidos, pero las dos partes se concentran ahora en la fuerza legal del acuerdo. May acepta ahora que se incorpore al tratado bilateral y a la legislación británica, de tal modo que los tribunales británicos tengan esa referencia legal, junto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE interpretándolos, para resolver posibles disputas.

Irlanda, Reino Unido y el Consejo Europeo quieren evitar la creación de una "infraestructura física" en la frontera, en palabras de May, que cree una llaga en el mapa de la isla, que añada fragilidad a los equilibrios logrados en el Acuerdo de Belfast de 1998. Soluciones tecnológicas como las existentes en las fronteras entre Suiza o Noruega y la UE para agilizar el movimiento cotidiano de bienes en cadenas integradas de producción son posibles, pero la dureza de la frontera sería inevitable si Reino Unido y la UE no acuerdan una futura relación comercial sin aranceles o Londres pierde el acceso a los sistemas de información de Schengen.

Ministros del Gabinete escucharon el discurso de May en Florencia. Permanecen divididos sobre el futuro. El de Exteriores, Boris Johnson, publicó recientemente un largo artículo rebosante de júbilo sobre el 'Brexit'. Pretende liderar el amplio sector del Partido Conservador que quiere una marcha rápida y limpia para reencarnar un espíritu que se describe como bucanero. La evolución de esas divisiones afectarán a la estabilidad de un Gobierno que guía una May más realista que en enero y más débil tras su debacle electoral en junio.

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