Comienza el primer juicio de la era postcomunista contra un exministro ruso

Alexéi Uliukáyev (dcha.)./AFP
Alexéi Uliukáyev (dcha.). / AFP

El proceso contra Uliukáyev se presenta como un importante golpe a la corrupción pero deja entrever un feroz enfrentamiento dentro del entorno de Putin

RAFAEL M. MAÑUECOMoscú

El juicio contra Alexéi Uliukáyev, de 61 años, ex ministro de Economía y Desarrollo y acusado de aceptar sobornos y extorsión, comenzó el miércoles en Moscú para ser pospuesto ese mismo día hasta el 1 de septiembre. Uliukáyev fue detenido en noviembre de 2016 tras recibir supuestamente la suma de dos millones de dólares de la petrolera rusa Rosneft a cambio de su visto bueno para la adquisición del 50,07% de las acciones de la también compañía energética Bashneft.

A falta de pruebas, lo único que fundamenta la acusación de "extorsión y corrupción" es el testimonio del poderoso patrón de Rosneft, Ígor Sechin, que llegó a ser la mano derecha del presidente Vladímir Putin y sigue manteniendo con él una estrecha relación. Los pormenores sobre su imprescindible comparecencia ante el tribunal es lo que ha motivado el aplazamiento de la siguiente vista del juicio. El ex ministro de Economía ruso, que lleva desde noviembre en arresto domiciliario, insistió el miércoles ante el juez en su inocencia y calificó de "vil provocación" la maquinación llevaba a cabo contra él por Sechin con la ayuda del Servicio Federal de Seguridad (FSB o antiguo KGB). Según Uliukáyev, Sechin miente.

El Comité de Instrucción de Rusia (SK), sin embargo, afirma que el antiguo titular de Economía, contrario en un principio a los planes de Rosneft de hacerse con el control de Bashneft, se personó en la noche del 14 al 15 de noviembre de 2016 en las oficinas de Rosneft para recibir directamente de Sechin los dos millones de dólares en un maletín. Después, cuando el entonces ministro salió de la petrolera fue detenido por agentes del FSB sin que tuviera tiempo de subir a su vehículo. Se trata del primer juicio de la era postcomunista en el que comparece un ministro. Uliukáyev asegura haber perdido 14 kilos de peso desde que fue arrestado. Putin le destituyó inmediatamente por "pérdida de confianza".

Muchos analistas dudan que un economista del prestigio y experiencia de Uliukáyev se hubiera podido aventurar a pedir sobornos a una empresa estatal que dirige una persona como Sechin, antiguo agente del KGB como Putin y amigo suyo desde hace décadas.

"¿Nos podemos creer que Uliukáyev extorsionó y amenazó al Rosneft, como asegura el Comité de Instrucción, no es esto es como pedirle un soborno directamente a Putin"?, se preguntaba el año pasado en su blog el líder de la formación liberal Yábloko, Grigori Yavlinski. A su juicio, es más plausible que el ministro fuera "castigado" por sus declaraciones y pronósticos. Uliukáyev llegó a advertir que "a la economía rusa le esperan 20 años de estancamiento".

La tesis de un posible "ajuste de cuentas" entre distintos "clanes" del Kremlin en una soterrada lucha por el poder ha sido aireada por distintos observadores. Los politólogos alertan desde hace tiempo de la existencia de un enfrentamiento permanente entre "liberales", como Uliukáyev, y "chequistas", como Sechin.

El ex ministro de Economía formó parte del equipo de odiados liberales como Anatoli Chubáis, el padre de las injustas privatizaciones de los años 90, y Yegor Gaidar, el hombre que el entonces presidente, Borís Yeltsin, puso al frente del Gobierno en 1992 para llevar a cabo la demoledora "terapia de choque" que empobreció a la población del país. Chubáis, precisamente, le recomendó en 2000, con Putin ya en el poder, para entrar en el Gobierno en calidad de viceministro de Finanzas.

"Para quien conocemos a Alexéi Uliukáyev desde hace más de 30 años, su detención ha sido un verdadero ‘shock’", reconocía en noviembre Chubáis, quien habló de él diciendo que es un "economista impecable". El malogrado ministro dijo en agosto de 2016 que la economía rusa "había tocado fondo" y ahí continuaba sin ninguna mejoría. "Es complicado plantear una perspectiva de crecimiento a corto plazo", alertó. Desde entonces, le pusieron el mote despectivo de "el buzo" dentro del Ejecutivo. El delito que se le imputa ahora podría suponerle una pena de entre 8 y 15 años de cárcel.

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