Más muertos y fosas comunes aumentan el balance del horror en Nicaragua

Un hombre enmascarado, en una barricada en Nicaragua. /Afp
Un hombre enmascarado, en una barricada en Nicaragua. / Afp

La represión del gobierno de Daniel Ortega aumenta a medida que pierde la confianza del pueblo

MERCEDES GALLEGOEnviada especial a Managua

La carnicería de Nicaragua sigue creciendo. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos elevó ayer la cifra de muertos a 351 desde que empezó la represión de las protestas estudiantiles el 19 de abril, más de la mitad asesinados por francotiradores con armas de fuego que apuntan directamente a la cabeza o al corazón.

El secretaria ejecutivo de la organización Alvaro Leiva responsabiliza directamente a las fuerzas paramilitares y parapoliciales que ha creado «sin ninguna duda» el gobierno de Daniel Ortega, dijo a este periódico. «El gobierno maneja a estos grupos que surgieron de repente y operan a la luz del día a la vista de todos».

Más de la mitad de las víctimas documentadas con nombre y apellido son jóvenes de entre 12 y 30 años. A esas habría que añadir 329 desaparecidos tras ser secuestrado por los paramilitares, amén de más de 2.100 heridos con daños graves «a los que se les ha negado el derecho humanitario a recibir atención médica oportuna en los centros sanitarios del Ministerio Público», denunció el galardonado defensor de los derechos humanos. Hay también denuncias de dos fosas comunes en Diriamba y Jinotepe a las que la organización aún no ha podido tener acceso. 

La situación nicaragüense hace palidecer a la venezolana, donde entre abril y julio del año pasado murieron asesinadas 131 personas, casi una tercera parte de las 351 registradas en Nicaragua en menos tres meses. La masacre de Daniel Ortega crece también proporcionalmente al producirse sobre una  población de seis millones, frente a los más de 31 millones que hay en la menguante Venezuela. O sea, con una quinta parte de la población, Nicaragua concentró casi tres veces más muertos en números totales.

El horror de un régimen que se aferra desesperadamente al poder siguiendo el modelo venezolano se manifiesta también a las afueras de El Chipote, la cárcel de Managua conocida como centro de torturas desde los tiempos de Somoza a la que ayer seguían llegando detenidos casi desvanecidos con la cara amoratada. 

Embarazada de siete meses, Elizabeth del Rosario Cano Molina, de 20 años, hacía guardia a la puerta de este tenebroso agujero en un cerro de Managua. Tres días y tres noches en la puerta para saber el paradero de su marido, Henry Geovani López Mora, al que se llevaron el domingo paramitalitares en Diriamba sin más motivo que intentar ayudar a un borracho al que intentaba librar del tiroteo. «Le pegaron con un AK-47 en la cabeza y se lo llevaron en una camioneta pick up», contó. «Me han dicho que está aquí pero cuando insisto en preguntar por él se molestan y es peor, solo les dejo comida con la esperanza de que se la den». Junto a la valla han colgado el cartel con los rostros de algunos detenidos y el clamor que se ha convertido en consigna de sus quejas: «Vivos se los llevaron y vivos los queremos».

El gobierno ha aumentado esta semana la represión en las zonas rebeldes de Diriamba, Jinotepe, Masaya y Matagalpa como parte de lo que el gobierno llama Plan Limpieza para eliminar las barricadas. «Lo que quieren es paralizar a la gente y asustarlos, las barricadas son precisamente una medida de protección para evitar que entren los paramilitares «, asegura la joven.

Un revuelo en la puerta hace que salga corriendo. Los vendedores de sorbetes caseros tocan las campanillas. Van a liberar a uno, pero el policía de la puerta requiere que entren familiares «a retirarlo». No es su marido. Con la mano en el vientre la joven suspira resignada. «Hace un mes que habíamos planeado irnos a Panamá porque aquí ya no se puede vivir, pero las cosas nunca son como uno quiere».

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