León
LEÓN
Villahierro registra trece funcionarios lesionados por reclusos en el 2014
La prisión de Mansilla de las Mulas es la más poblada de la Comunidad con 1.106 reclusos y contabiliza 79 agresiones desde el año 2006
David Aso
26/04/2015 (14:20 horas)
Vote 
Resultado 3 puntos3 puntos3 puntos3 puntos3 puntos (2 votos)
  Preparar para imprimir  Enviar por correo
Las cárceles de Castilla y León contabilizaron 67 funcionarios de prisiones lesionados por agresiones de reclusos durante 2014, según CSIF, que sostiene que el dato es “oficial”, no incluye los casos de amenazas o coacciones y revela un aumento de la conflictividad con respecto al año anterior, cuando hubo 12 menos. Destaca el balance del Centro Penitenciario de la Moraleja, en Dueñas (Palencia), que concentra 45, aunque sólo los de Burgos, Soria y Ávila se libraron de sumar alguno e incluso Segovia (Perogordo) ha registrado 37 desde 2006, cifra que duplica la de Valladolid (Villanubla) en el mismo periodo pese a tener menos internos.

León (Mansilla) registró 13 funcionarios heridos el año pasado; Salamanca (Topas), seis; Valladolid, dos; y Segovia, uno. La prisión salmantina ya suma además dos casos de relevancia este año: varios trabajadores fueron agredidos por un preso el 26 de febrero en un módulo donde “se vivieron momentos de gran tensión”, y el 28 de marzo otro interno golpeó a un funcionario en el comedor, según relata el responsable nacional de prevención de riesgos laborales de CSIF, Fermín Pinto, en declaraciones a Ical.

El también presidente del área de la Administración General del Estado de CSIF en Segovia asegura que su sindicato demanda al Gobierno desde mediados de 2013 “un plan integral contra las agresiones y todo tipo de violencia en el medio penitenciario” que no termina de concretarse. Lamenta que el de prisiones es el sector público que más agresiones y actos violentos concentra, por encima del sanitario o el educativo, y sin embargo “no existe ningún protocolo preventivo”.

Entretanto, apunta la falta de personal como una de las principales causas del aumento de la conflictividad, con “más de 3.400 vacantes a nivel nacional” tras la pérdida de 1.416 funcionarios entre 2009 y 2013 “por jubilaciones, fallecimientos y excedencias”. La edad media de las plantillas “está en torno a los 50 años”, de 2011 a 2014 “sólo se han ofertado 174 plazas” y, en la actualidad, “los módulos de los centros denominados ‘tipo’ son vigilados por dos funcionarios, en el mejor de los casos, para supervisar a 144 reclusos”.

CSIF también asegura que la Administración Penitenciaria mantiene a muchos presos con patologías psiquiátricas sin el control y la atención médica que precisan, ya que en España “sólo hay dos psiquiátricos penitenciarios, en Sevilla y Alicante”, cuando la población reclusa con trastornos de este tipo “alcanza el 45 por ciento”. En el caso del centro de Segovia, al que pertenece Fermín Pinto, “una psiquiatra acude dos o tres veces al mes para atender a todos los internos” que lo requieren.

Además, “los recortes también han llegado a los medicamentos” que se dispensan en las cárceles. “Los facultativos no pueden recetar sin visado la pregabalina”, un fármaco de uso común para tratar los trastornos de ansiedad o los generados por drogodependencia. Visados que “son rechazados en el 90 por ciento de los casos, según la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria”, añade Pinto en alusión a una denuncia que hizo pública a nivel nacional este colectivo a mediados de 2013.

Agresiones entre 2006 y 2014

Dueñas es actualmente la segunda cárcel más poblada de la Comunidad con 1.052 internos, según señala CSIF con datos actualizados a 17 de abril, pero la cifra de agresiones resulta desproporcionada en comparación con el resto de centros castellanos y leoneses. En concreto, la prisión palentina contabilizó 160 funcionarios agredidos de 2006 a 2014; León (con 1.106 reclusos actualmente) se quedó en 79; Salamanca (924), 54; Segovia (372), 37; Ávila (132), 23; Valladolid (535), 18; Burgos (458), 14; y Soria (169), dos. Y en total, 387 en ocho años.

También Dueñas concentró los sucesos de mayor gravedad el año pasado, siempre según las mismas fuentes. El 22 de junio, un interno lesionó a cinco funcionarios que, a la hora del recuento nocturno, sobre las 21.30, se encontraron una celda con los cristales de la ventana y el mobiliario roto, y a su ocupante “muy agresivo física y verbalmente”.

Un funcionario de esa misma prisión permanece de baja indefinida desde que fue golpeado el 14 de agosto por un interno en cuyo historial destaca el homicidio de un compañero de celda en la cárcel de Segovia el 25 de diciembre de 2011, tras clavarle un pincho carcelario en la yugular. Acumula varios partes disciplinarios por amenazas de muerte a un funcionario y posesión de objetos punzantes, y en esta última agresión rompió la nariz al empleado y le causó una contusión cervical.

Y de nuevo en Dueñas, una pelea multitudinaria se saldó el pasado 3 de diciembre con seis internos trasladados al módulo de aislamiento, “algunos en estado de gran agitación”. Cuatro funcionarios sufrieron “golpes y contusiones diversas”, y uno tuvo que acudir a Urgencias de un hospital.

“Necesitamos un plan preventivo contra las agresiones para que éstas tengan un tratamiento singularizado y pormenorizado, y así poder identificar las principales causas”, insiste Pinto, para quien es “incomprensible que la Administración Penitenciaria se haya negado a implantar el protocolo que desde Función Pública se estaba trabajando para todos los centros de la Administración General del Estado”. Y mientras, “la formación deficiente del funcionario en cuanto a la atención de enfermos psiquiátricos, grupos organizados, yihadistas, etcétera”, considera que está añadiendo más complicaciones.

“Pocas” consecuencias judiciales

“Luego nos sorprendemos de que un interno agreda brutalmente a un funcionario y que nos vengan con que tenía una patología psiquiátrica”, lamenta en alusión al caso de su compañero de Segovia al que el TSJ de Castilla y León le concedió la incapacidad permanente en abril del año pasado por las secuelas psíquicas que arrastra desde una agresión en 2008. La condena al autor se acaba de quedar este mes en tres años de prisión por haberse tipificado el ataque como un delito de lesiones, lejos de lo que esperaba la acusación particular (pedía 14 años por intento de asesinato) e incluso el presidente de la Audiencia de Segovia, que emitió voto discrepante por considerar que la pena debió ser de seis por intento de homicidio.

El funcionario, sin embargo, ha decidido no recurrir “porque necesitaba pasar página”. Pinto cree que sentencias como ésta también influyen en la percepción del delincuente de las consecuencias de su actuación y, “por lo tanto, se genera una pérdida del respeto por las normas penitenciarias”. Y con ello, más agresiones por las que CSIF “seguirá reclamando un protocolo” que asegura que se les “niega” con “opacidad y falta de transparencia”, concluye.

  Preparar para imprimir  Enviar por correo
Vote 
Resultado 3 puntos3 puntos3 puntos3 puntos3 puntos (2 votos)