Han trascurrido 17 años  desde que se dictó la actual Ley de Ordenación del Sistema Sanitario y durante este tiempo Castilla y León ha asumido las trasferencias en materia sanitaria, ha desarrollado dos leyes (la de Autonomía del Paciente y la del Estatuto Marco) y nuestro Estatuto de Autonomía reformado en 2007, establece en dos de sus artículos el derecho a la protección integral de la salud, los derechos y deberes de los usuarios, las funciones en materia de salud pública y la obligación de una protección especial  a los grupos reconocidos sanitariamente como de riesgo.
 
Era por tanto necesario no sólo ordenar el sistema sanitario, adaptando la norma a la nueva situación legal y social, sino hacer una Ley que garantizara el derecho a la protección integral de la salud, desde un sistema sanitario público.

Pero el proyecto que para desgracia de todos los leoneses y del resto de los ciudadanos de esta Comunidad va a ser aprobado en el Pleno de las Cortes del próximo día 24 de agosto, no consigue ordenar el sistema sanitario, ni tampoco proteger a las personas que más lo necesitan: los mayores y los que sufren alguna discapacidad. Por eso el Grupo Socialista ha puesto una enmienda a la totalidad del proyecto. Y 67 enmiendas parciales.

Esta Ley no hay por donde cogerla. Ya en el preámbulo, destaca como una de las novedades más importantes la integración de un concepto amplio de salud, superando la vieja distinción entre atención sanitaria individual  y salud pública colectiva. Sin embargo el texto dedica la mayor parte de su esfuerzo normativo a la asistencia sanitaria olvidado que es tanto o más importante la prevención y promoción de la salud que la asistencia. Y perdiendo la oportunidad de regular conjuntamente ambas, lo que podría hacer pensar que son cosas distintas.

Pero no es así. El sistema sanitario debe de ser el tronco común para dos ramas de igual importancia: la asistencia sanitaria y la salud pública. Sin embargo, la Junta  ha optado por un tipo de regulación separada que dificulta la integración, duplica las normas y que puede hacer pensar que la contaminación del agua por arsénico, ejemplo que conocemos bien en León, no es un problema sanitario sino sólo de los Ayuntamientos. El Partido Popular, olvida que es tan eficaz poner una cerca en lo alto del precipicio como construir un hospital puntero en la base; es decir, que a nivel de salud, es tan importante  prevenir el infarto como curar al paciente infartado.

Una de las  novedades que presenta la Ley es la figura  del defensor del usuario. Una figura que no aporta nada a lo que viene haciendo el Procurador del Común pero que supondrá un gasto para la Junta de Castilla y León de 59.388 euros anuales, a los que habría que añadir los costes de una sede y de los asesores. Se trata de una figura nombrada y cesada ‘a dedo’ por el Consejero de Sanidad. ¿De verdad se puede creer, que alguien cuyo puesto depende del Consejero de Sanidad va a criticar sus actuaciones? Como sólo hay una respuesta, el Partido Socialista ha pedido que se retire esa figura y que sea el Procurador del Común, con una sección específica, el que continúe realizando la labor que tan acertadamente desempeña. Porque se trata de una figura innecesaria, costosa y que, según esta concebida, no puede ser independiente

Por otro lado, el texto del Proyecto de Ley mezcla en varias ocasiones asistencia sanitaria privada con asistencia sanitaria pública y no regula con claridad ni precisión cómo van a ser las relaciones de coordinación y complementariedad entre ambas. El Grupo Socialista considera, que la celebración de conciertos y convenios debe de estar regulada de forma estricta en cuanto a acreditación, criterios de calidad, duración, régimen de acceso, inspección y evaluación, estableciendo con claridad que son incompatibles con las subvenciones para la financiación de idénticas actividades. Se trata de que no pueda volver a darse el caso, de que se subvencione a un centro privado con 7,5 millones de euros para que ponga en servicio camas que luego concierta al sistema sanitario público. Esto ha ocurrido con el Centro de San Juan de Dios, aquí, en nuestra provincia. El Partido Socialista  tiene claro que el sistema sanitario público no puede financiar la construcción al sistema sanitario privado. De ninguna manera. Y menos para después volver a pagarle las camas que concierte. Esto es despilfarro y mala gestión.

Tampoco regula la Ley con claridad las dotaciones de las infraestructuras de la sanidad privada, ni su calidad. Y por desgracia, no es infrecuente que las actuaciones de algunas clínicas privadas acaben en el juzgado, por mala praxis o por deficientes dotaciones.

El texto recoge una realidad: el envejecimiento de la población, lo que nuestra comunidad  lidera a nivel  nacional: 569.000 ciudadanos, un 22,5% de la población, es mayor de 65 años, cuando la media de España, es el 17,7%. León sufre aún más, si cabe, esta situación. De los 120.000 leoneses mayores de 65 años, 35.000 ya han cumplido los 80 años. Y el envejecimiento unido a la elevada esperanza de vida (81,3 años de media), va a dar lugar a una serie de patologías que hacen necesaria una respuesta socio-sanitaria, y que también atienda a la discapacidad. Pues bien: se da la paradoja de que una ley hecha para una de las Comunidades mas envejecidas de España, olvida las demarcaciones socio-sanitarias, la realidad de las discapacidades, las infraestructuras, la necesidad de centros socio-sanitarios, la coordinación y la coincidencia de la zonificación. De ahí nuestras enmiendas, en la que se proponían, entre otras medidas, la creación de un centro de atención socio sanitaria en cada área de salud y las unidades especificas de referencia para la atención a las personas con discapacidad. Este centro en nuestra provincia, en el Área de Salud del Bierzo, ya está construido: el Centro Socio-Sanitario de Villablino; sólo haría falta ponerlo en marcha.

Hace pocos meses nos reuníamos con los representantes de algunas asociaciones de discapacitados que nos ponían de manifiesto sus dificultades en cuanto a la atención sanitaria. Por ejemplo, una mujer en silla de ruedas necesita una atención dermatológica, traumatológica y ginecológica especial. Y lo mismo ocurre con los enfermos mentales. La atención buco-dental de un niño con autismo o trastorno de hiperactividad, precisa de un dispositivo especial, porque es difícil, en ocasiones, obtener su colaboración.

También este texto olvida regular la salud laboral, un olvido incomprensible pues sí venía recogida en la ley de  1993. El Partido Socialista proponía la elaboración de  mapas de riesgos laborales, estudios epidemiológicos, formación para la prevención  de las enfermedades que tienen que ver con el trabajo, promoción de la salud laboral  e investigación en esta materia. Tampoco nada de esto ha sido aceptado por el Grupo Popular en las Cortes.

La inminente ley sigue considerando de forma equivocada la atención primaria como ‘no especializada’. Esta circunstancia conlleva que los usuarios no perciban de forma clara el nivel de especialización de los médicos de Atención Primaria, especialistas al igual que los que atienden en los Hospitales. Tienen  los mismos años de estudio, igual preparación y si me apuran mayores dificultades y exigencias porque el especialista en Medicina Familiar tiene que saber de todo: de piel y de corazón, de salud laboral y de las distintas patologías que afectan a la mente.

En otro punto, la ley establece que es obligación de los Ayuntamientos la construcción de los consultorios locales. Y ya no se pueden carga más competencias sobre los exhaustos hombros de las corporaciones locales. Seguramente los legisladores del Partido Popular no han hablado con sus alcaldes porque si lo hubieran hecho no habrían puesto este artículo que, por cierto, en la ley anterior, la de  de 1993, no venía contemplado.

En resumen: muy pocas de las propuestas del Grupo Socialista ha sido admitida. Ninguna de las importantes... Y lo que es peor el Grupo Popular en las Cortes, que sustenta al gobierno de Herrera, no ha permitido el debate en las escasas ponencias ni en la comisión de Sanidad. Se han limitado a decir a todas nuestras enmiendas que no, como le imponía la Consejería de Sanidad, sin escuchar ni a la oposición, ni a las asociaciones de vecinos, ni a las asociaciones de discapacitados. Tampoco a los profesionales, ni médicos ni veterinarios o farmacéuticos. El Partido Popular ha impedido el debate y así lo que va a conseguir es que esta ley no sea buena para León, no sea buena para la Comunidad  y no  sea la Ley  de Ordenación del Sistema de Salud  de todos.

Victorina Alonso Fernández, portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en  las Cortes  de Castilla y León y ponente en la Ley de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León