El fortalecimiento del sistema financiero de la Comunidad empezando por los cimientos ha constituido una obsesión para el Ejecutivo autonómico, con el apoyo incondicional de PP y PSOE en la Comunidad, así como de sindicatos y patronal, desde que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, pidiera un “músculo financiero” para mantener la senda de crecimiento, hace de eso ya más de dos años.

Pese a que la idea original constituía la creación de un Sistema Institucional de Protección (SIP) entre las seis entidades de la Comunidad, los presidentes de las cajas rechazaron entonces siquiera someterlo a los consejos de administración (sólo lo hizo Cajacírculo y se saldó la unanimidad en contra del proyecto).

Se abrió, entonces, un nuevo escenario en el que, en un primer momento, se plantea una fusión entre Caja Duero y Caja España al que se suma, posteriormente, Caja de Burgos. Sin embargo, el acuerdo a tres no es posible ya que el 10 de noviembre la entidad burgalesa rechaza, por unanimidad, esta posibilidad y abre nuevas vías. De este modo, se va conformando un sistema financiero con demasiadas patas, que la Junta y el PSCyL quieren ordenar.

Así, Caja de Burgos inicia un camino en solitario para integrarse en lo que se denominó grupo Banca Cívica, que no es otra cosa que un SIP con Caja Navarra y Caja Canarias, ya que el 22 de febrero Sa Nostra se desmarca del proyecto.

El Consejo de Administración de Caja de Burgos, a instancias de su presidente, José María Arribas, da luz verde a la negociación con las entidades foráneas el 18 de diciembre, un movimiento que tuvo contestación previa por parte de los grupos políticos en las Cortes regionales, que aprobaron un día antes en pleno, una enmienda a la denominada ley de acompañamiento para que reservar para la Junta el derecho de veto de cualquier proceso de integración. La enmienda entra en vigor el día 18 con carácter retroactivo al 4 de diciembre, tras acelerar sus movimientos la caja burgalesa, consciente de que no se permitiría la operación sin un proceso previo con Caja de Ávila y Caja Segovia. Esta misma premisa se lanza a las entidades abulenses y segovianas ante la rumorología que las sitúa enmarcadas en Caja Madrid.

Las cuentas de la Junta son claras, Caja de Burgos sólo aglutinaría el 29 por ciento del nuevo grupo, frente al 30 por ciento de Caja Canarias, y al 41 por ciento de Caja Navarra, un proyecto que “no responde al interés de Castilla y León”, repitió hasta la saciedad el vicepresidente económico, Tomás Villanueva, que se mostraba dispuesto a estudiar esta posibilidad sólo si había un acuerdo previo con Caja de Ávila y Caja Segovia. Villanueva se pregunta además en varias ocasiones por qué es válido ese SIP y no el que quiso impulsar el Ejecutivo autonómico entre las seis cajas de ahorro de Castilla y León.

José María Arribas adquiere el compromiso de impulsar estas negociaciones con la abulense y la segoviana, aunque de forma infructuosa. El presidente de Caja de Burgos asegura que ha intentado reunirse con sus homólogos abulense y segoviano hasta en cuatro ocasiones y que todas ellas se han saldado sin ningún paso positivo. El presidente de Caja Segovia apunta que escucharon en varias ocasiones a su homólogo burgalés. “Le hemos oído diversas veces y no hemos tomado posiciones dogmáticas porque queríamos hacerle saber que había otras alternativas importantes”, explicó.

El proyecto Banca Cívica avanza, lo que queda patente en la constitución el 27 de enero de la mesa de negociación de las condiciones laborales para la creación del grupo. El director general de Caja Navarra, Enrique Goñi, destaca que en Banca Cívica no sobra ningún empleado de las tres cajas que trabajarán para la conformación del SIP:

El alto ejecutivo de Caja de Burgos sigue adelante con sus planes y convoca, pese a la oposición férrea de Junta, PP, PSOE, UGT, CCOO y Cecale, un Consejo de Administración el 18 de febrero. Un día antes todas esas organizaciones emiten una declaración conjunta en la que instan a la Junta a rechazar, mediante su derecho a voto, aquellas operaciones de integración de cajas de ahorro que “desintegren o debiliten” el sistema financiero regional, que no garanticen la naturaleza jurídica de las entidades o que no especifiquen “un compromiso preferente con los intereses generales de los castellanos y leoneses”.

Consejo aplazado

Arribas se ve obligado a desistir de la votación y pospone el Consejo de Administración, al no contar con los votos favorables de los consejeros de PP y UGT, que responden a la postura de sus formaciones regionales, frente a los socialistas, que desoyen y reiteran en convocatoria pública de prensa su apoyo al proceso Ese mismo día el presidente del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, toma las riendas del proceso y se reúne con los máximos responsable del PP en Burgos, Ávila y Segovia, César Rico, Antolín Sanz y Francisco Vázquez, para que todas las entidades vayan de la mano en la reordenación del sistema financiero regional..

El presidente de Caja Segovia, Atilano Soto, asegura que su entidad y Caja Ávila van “de la mano” en este proceso, asume las negociaciones con Caja de Burgos, y señala que “las integraciones o fusiones o consolidaciones extrarregionales son importantes y pensamos con razonable actitud que hay que trabajar desde dentro, como se está haciendo y como creo que es posible”.

Junta y Banco de España marcan entonces un calendario inaplazable para cerrar un acuerdo en este sentido antes de que finalice marzo. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, asegura el 24 de febrero, que “no existe otra opción” que no sea una alianza regional que pueda lograr un “peso importante” en el SIP y que se trata de la “última oportunidad” que tienen estas cajas de cumplir la hoja de ruta planteada por el Gobierno regional con el apoyo de la autoridad monetaria. Además, resalta las dificultades para acometer otras operaciones, como una posible unión con Caja Madrid, ya que el proceso haría muy difícil cumplir los plazos establecidos y, además, supondría en la práctica la disolución de las cajas de Castilla y León en la entidad madrileña.

El camino está marcado. El 1 de marzo, responsables de Caja de Burgos, Caja de Ávila y Caja Segovia, mantienen un encuentro con los directores generales de Caja Navarra, y Caja Canarias, para avanzar en el proyecto de integración en Banca Cívica.

La integración que ahora apoya el Gobierno regional, junto a PP y PSOE, de las tres entidades en Banca Cívica es considerada por Cecale, CCOO y UGT una “traición” a la declaración suscrita días antes, ya que entienden que el SIP no garantiza la naturaleza jurídica de las cajas. Así, el 5 de marzo, emiten una declaración conjunta en la que rechazan cualquier integración de cajas de Castilla y León, en proyectos que no garanticen plenamente la naturaleza jurídica de las cajas. Además, los sindicatos y la patronal regional solicitan a la Junta de Castilla y León, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, que insten al Gobierno de la Nación a que realice los trámites oportunos para modificar la LORCA, ante la “inseguridad jurídica” que envuelven los posibles procesos de integración, con el objetivo de garantizar que las entidades resultantes tengan naturaleza jurídica de caja de ahorro. La Junta considera “pequeños desajustes y vaivenes” de un proceso de negociación esta postura y asegura que no ve ruptura con el modelo que todos ellos han mantenido desde hace un año y medio. El objetivo es acabar con las grietas en el frente regional que impulsa la reordenación del sistema financiero.

Caja de Burgos, Caja de Ávila y Caja Segovia siguen el camino marcado. Hoy, la primera decide su integración en el grupo Banca Cívica y la abulense y la segoviana iniciar las negociaciones formales para hacerlo. Los plazos corren y los impulsores de la iniciativa esperan concluirlo antes de finalizar este mismo mes. El ‘brazo financiero’ de la Comunidad finalmente tendrá dos músculos.