La proliferación de empresas públicas en los últimos años coincidiendo con la bonanza económica y que las cifras ya hablan de más de 3.000 repartidas por todo el territorio nacional es un hecho que también se repite en Castilla y León. Empresas o entidades que, según denuncia la UPL, han sido creadas para evitar el “control político y público, dado que no existen convocatorias para cubrir las plazas y que curiosamente casi en su totalidad acaban teniendo un edificio en la ciudad de Valladolid”.

Por ello, ante la necesidad de llevar a cabo unos recortes en el sector público, que debe 400 millones de euros reconocidos según reconoció la Junta el pasado 28 de diciembre, la UPL propone  a la Junta de Castilla y León elimine 38 entidades, frente a las nueve que la administración propone, y que revisen otras 30.

Así, la UPL propone “tocar” un tercio de las fundaciones de la Junta que se conocen. Y es que el procurador Alejandro Valderas ha denunciado este jueves que frente a las 94 entidades que anuncia tener la Junta, la UPL ya maneja 165 aunque tiene sospechas que las entidades podrían llegar a las 300. “Nuestro objetivo es reducir esos entes públicos no necesarios en un momento de crisis económica muy grave”.

29 entes que la UPL propone que la Junta de Castilla y León elimine y que incluyen la Fundación Villalar, una entidad que para el secretario general de la UPL es lo más absurdo que ha ocurrido en Castilla y León. “En aquellas regiones donde había un sentimiento se constituyó una Comunidad. Aquí sin embargo se hizo al revés y como no hay nadie que se lo crea se han puesto a gastar para intentar convencer de que existe ese sentimiento de Comunidad”, denunció Chamorro, quien recordó el fracaso de la Fundación Villalar que supone un coste de 1,5 millones de euros al año.

Asimismo, desde la UPL han propuesto la eliminación del Consejo Consultivo así como la figura del Procurador del Común, dos entes que “a nuestro entender son completamente prescindibles dado su escasa utilidad”. 

"Robo" de competencias

Propuestas que pasan por la disolución de entidades que duplican servicios de la Junta y devolución de sus competencias a las Consejerías. Así, la UPL propone devolver a Cultura las competencias de Sotur, Empresa Pública de Turismo; Fundación SIGLO; Comisariado de los Caminos de Santiago; A Educación las funciones de ARCYL (Enseñanza de artes y música); Alto Comisionado del Español; participación en la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua; Fundación Universidades de Castilla y León; A Hacienda las competencias de Cylopasa; A Fomento y Medio Ambiente las de Provilsa; Somacyl y Fundación del Patrimonio Natural.

Por último, la UPL ha reclamado que Agricultura recupere las competencias que ejerce ITA, una entidad que cuenta con una sede igual a la que tiene la Junta en León, que supone un gasto de 1.500 millones de euros al año y que “Supone un claro robo de competencias como ya han denunciado 200 funcionarios de la consejería”.