Así lo anunció este viernes el secretario general de FSP-UGT en Castilla y León, Nicolás Sanz, quien extendió toda la responsabilidad al alcalde de León, a quien reclama de su propio bolsillo “el abono de los perjuicios económicos ocasionados a todos los leoneses y que comprenden los gastos de la demanda, así como la diferencia entre la propuesta de los 44 días y lo reconocido en la sentencia que asciende a unos 20.000 euros”, reclama.
La sentencia sin embargo no afectará a los 21 empleados que conforman la plantilla del Ildefe, ya que quedarán exentos los trabajadores que en su día manifestaron su voluntad contraria a que les fuera extensivo los efectos de esta sentencia. Una situación que no afecta al gerente, que “cobrará la extra a pesar de haber sido el brazo ejecutor de la presión ejercida sobre la delegada para que desistiera del conflicto colectivo, en primer lugar y posteriormente el artífice para promover su revocación”, explica Sanz.
"Irresponsable"
En este sentido acusa al equipo de Gobierno de “irresponsable” por “conocer de primera mano lo que estaba ocurriendo en el centro y avivar el fuego iniciado por el gerente, instigando a los trabajadores a la revocación de la delegada para zanjar el asunto”, tras conocer sus pretensiones de velar por los derechos de los trabajadores y solicitar el reintegro de la extra.
Asimismo UGT ha recordado al Ayuntamiento de León que “no va a permitir” que mantenga la reducción del 4% en las retribuciones de los empleados públicos del propio Ayuntamiento y critica que “no les haya abonado aún la parte proporcional de la extra suprimida en 2012 en los mismo términos que han aplicado las diferentes administraciones”.
Finalmente desde la UGT critican la "falsa transparencia" a la que apelan las administraciones públicas y denuncian la ausencia de información sobre el salario de los cargos de empresas que dependen de la Administración. Una información que consideran debe estar al alcance de todos, como ocurre con el restos de funcionarios.
Nicolás Sanz (centro) anunció la sentencia del TSJ de Castilla y León.