Regiones y ayuntamientos respiran más aliviados después de que el Estado les haya asegurado que sus proveedores podrán cobrar las facturas atrasadas directamente a través de los bancos, que ganarán una comisión que todavía están negociando con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Solo con las empresas de limpieza, los ayuntamientos llegan a acumular una deuda de más de 3.000 millones de euros, la mitad de lo que entre todos los hospitales españoles deben a las farmacéuticas por suministrarles medicamentos. Entre estos dos sectores se comen casi 10.000 millones de los 30.000 que entre comunidades y ayuntamientos deben al Estado.

Francisco Jardón, presidente de Aselip, la asociación sectorial de ámbito nacional que representa a las empresas de saneamiento urbano, anuncia que la medida les hace ver luz al final del túnel. "La mejor forma de cobrar la deuda es continuar trabajando con estos ayuntamientos y comunidades". La situación que el sector mantenía antes de la crisis era llevadera gracias a los ingresos que obtenían las administraciones públicas del boom inmobiliario. "Estamos en pie de guerra desde 2008", añade. Madrid, Benalmádena, Málaga, El Ejido, Aranjuez, Jaén, Alcorcón, Zaragoza, Manresa y Reus son, tomando como base que cuentan con una deuda superior al 75 de sus ingresos y superior a 50 millones de euros, los consistorios más endeudados de España. Jardón, que confía en que la medida se ponga en marcha lo antes posible, "espera que consiga tranqulizar la situación".

Farmaindustria, patronal de las farmacéuticas, también denunció el colapso de las finanzas de las compañías que la componen. Solo la deuda por suministro de fármacos a hospitales del SNS supera los 6.300 millones de euros. Su director general, Humberto Arnés, alertó de que si no se encuentra una solución, “el suministro de algunos medicamentos en algunos lugares puede llevar a que no pueda producirse”. Las comunidades autónomas se retrasan 525 días (un año y medio) en pagar a los laboratorios, un retraso de cuatro meses más que en el ejercicio anterior. La agonía se recrudece en Valencia, Baleares, Castilla y León y Cantabria, regiones que acumulan más de 800 días de suministro farmacéutico sin abonar.

La Ley de Morosidad establece que las administraciones tienen un máximo de 50 días para pagar a sus proveedores, pero prácticamente todas las comunidades y ayuntamientos superan estos plazos de demora. Óscar Ortega, consejero delegado de Mercadeuda, nacida para comprar y vender deuda de otros a un precio más rebajado, explica que son las compañías que disponen de un mayor componente de mano de obra, como los servicios de limpieza, las que cuentan con márgenes más reducidos para pagar. “La mayor parte de la facturación se va en pagar las nóminas”.

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