Castilla y León
CASTILLA Y LEÓN
Reconocen al profesor como autoridad y le dotan de protección jurídica
El PSOE la califica de innecesaria la normativa, UPL de escasa aunque la apoya e Izquierda Unida de "nefasta" porque "militariza al profesorado"
Ical
09/04/2014 (14:43 horas)
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Las Cortes de Castilla y León dieron este miércoles luz verde a la Ley de Autoridad del Profesorado que dota a los docentes de la Comunidad de reconocimiento como autoridad y de protección jurídica, lo que contribuirá a la mejora del sistema educativo, según señaló durante su presentación el consejero de Educación, Juan José Mateos, en el debate de una norma que fue apoyada por el PP y por el procurador de UPL, Alejandro Valderas, y a la que se opuso el de Izquierda Unida, José María González, y se abstuvo el PSOE.

El consejero recordó que los docentes han de tener un reconocimiento social e institucional y, por lo tanto, la ley recoge su reconocimiento como profesional con la protección pública correspondiente y la potestad de tomar decisiones. A su juicio, la convivencia es “un requisito básico” en el proceso de alcanzar una educación de calidad.

A pesar, dijo, de que la convivencia en los centros en Castilla y León es “buena”, la ley establece que el reconocimiento como autoridad pública del profesorado en el ámbito penal supone que las agresiones o intimidaciones graves al profesorado deben ser calificadas como delitos de atentado a la autoridad (artículo 550 del Código Penal), lo que agravará significativamente las condenas por dichos actos.

Además, explicó que dicho reconocimiento implica una atención jurídica así como que las agresiones o intimidaciones contra ellos sean considerados delitos graves y se endurezcan las condenas y que puedan ser perseguidos de oficio por la Fiscalía. Asimismo, el profesorado dispondrá de presunción de veracidad en sus informes y declaraciones frente a la de cualquier ciudadano, en caso de versiones contradictorias en un litigio por agresión. A ello se suma que los delitos cometidos contra los docentes, una vez reconocida la condición de autoridad pública, podrán ser perseguidos de oficio por la Fiscalía, lo que eximiría al profesor agredido de ser el agente principal de la denuncia. En todo caso, el profesor gozará del derecho a la representación y defensa en juicio.

La consideración del docente como autoridad pública significa reconocer explícita mente la cobertura de responsabilidad civil en relación con los hechos que se deriven del ejercicio profesional y de las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar. En definitiva, subrayó Mateos, la nueva ley se caracteriza por “la sencillez” del reconocimiento esencial de la autoridad del profesorado y por “cercanía a la sociedad” con el objeto de dar soluciones eficaces y mejorar la calidad y los resultados del sistema educativo.

Durante el debate de las 30 enmiendas, que mantuvo vivas el Grupo Parlamentario Socialista, su procurador Fernando Pablos aseguró que esta ley es “innecesaria” en los términos redactados porque el PP con ella sólo pretende “catalogar” la autoridad pública del profesorado, algo que ya viene establecido en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), si bien la portavoz del PP, Isabel Blanco, defendió que la norma castellana y leonesa “va más allá” de lo que establece la Lomce, al margen, dijo, de que se trata de un compromiso de legislatura del presidente, Juan Vicente Herrera.

Además, entre las enmiendas del PSOE se solicitaba también que este rango fuera sólo para los profesores funcionarios y no para “los elegidos a dedo” en los centros concertados, algo a lo que se opuso el PP.

Lo que sí se pactó durante el debate de hoy en el Pleno de las Cortes, después de la transacción de otras nueve enmiendas del PSOE en Comisión, es la inclusión de un tercer apartado en el artículo dos para que se incluyan las posibles agresiones o problemas que surjan fuera del centro educativo pero estén basados en la condición de docente, si bien el PSOE pedía la inclusión dentro de la ley de todo el personal de los centros educativos.

Asimismo, Pablos, quien también incidió en que la ley no puede ser “a coste cero” a no ser que sea “un brindis al sol”, incidió en la necesidad de dotar de reconocimiento y prestigio social del profesorado, que se debe impulsar desde la administración con medidas como la formación en materias que contribuyan a una mejor convivencia en los centros educativos, la corresponsabilidad entre la comunidad educativa y la consejería competente sin establecer jerarquías para obtener el clima adecuado en los centros educativos y la obligación de dotar a los centros de los medios materiales y humanos para que los docentes puedan velar por el cumplimiento de estas normas.

Mientras, Isabel Blanco insistió en que se trata de una ley que “demanda” el sector y supondrá una mejora de las condiciones del profesorado y que busca el fortalecimiento del prestigio social del profesorado. “No es un cajón de sastre, sino que tiene un objetivo sencillo y claro: dar carácter de autoridad pública al profesorado”, indicó para rechazar las enmiendas del PSOE.

Escasa

Por su parte, el procurador de UPL votó a favor de la norma puesto que, dijo, se aceptaron en comisión ocho de las nueve enmiendas que presentó, si bien hoy, la que se mantuvo viva para el pleno no fue aceptada por el PP. Valderas, quien calificó de “escasa” la nueva ley, incidió en la necesidad de que esta incluyera más regulación relativa sobre esta materia para que el docente pueda encontrar todo lo necesario en una norma, así como un protocolo a seguir en cualquier tipo de conflicto.

En su respuesta, la procuradora popular María del Canto Benito aseguró que no procede la inclusión del resto de normativa que los docentes pueden encontrar en otras normas. Además, aseguró que el protocolo y otro tipo de actuaciones más específicas se harán más tarde con el desarrollo normativo.

Benito fue la encargada también de oponerse a las once enmiendas vivas al Pleno del procurador de Izquierda Unida, José María González, que fue el único que votó en contra de la norma por considerar que es un proyecto de ley “nefasto” y “absolutamente innecesario” que, además, convierte a los docentes en “policías”.

A su juicio, lo que da reconocimiento a un profesor “no es una ley”, sino el reconocimiento público de la defensa de sus derechos que “han ido perdiendo” en los últimos años. “Sus problemas son la falta de defensa de sus derechos por parte de las administraciones”, subrayó, para denunciar que esta ley lo único que hace es “uniformar y militarizar” a este colectivo que va a recibir más obligaciones.

De “pantomima” calificó Benito las enmiendas de Izquierda Unida a cuyo procurador emplazó en otra ocasión a presentar una enmienda a la totalidad, puesto que las once parciales presentadas por González, “no aportan nada” y sólo pretenden la anulación de los distintos artículos. 

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