Jueves 18 de marzo de 2010
15/06/2009
Cada asociación que compone la plataforma ha llevado su alegación, basada cada cual en los criterios que mejor creen que evidencia el error del equipo de gobierno al externalizar el servicio. Un total de 19 asociaciones de vecinos, sindicatos, movimientos sociales, asociaciones leonesistas, partidos políticos y el comité de empresa de trabajadores del Servicio Municipal de Aguas han alegado contra esta decisión. Además, no se descarta que, durante el periodo abierto para presentar estas mociones, leoneses a título personal hayan acudido al Ayuntamiento con la suya, así como otras asociaciones o colectivos que no pertenecen a esta plataforma.
“Creemos que hay razones y motivos para la nulidad de pleno derecho”, ha explicado la secretaria provincial de Ecologistas en Acción, Ángeles Murciego quien, además, ha asegurado que desde la plataforma se está dispuesto a agotar “todas las posibilidades” de protesta contra la “privatización del agua” e, incluso, acudir a la vía judicial.
Sin embargo, Murciego ha apelado ala “contestación social” que se ha puesto en práctica con la recogida de formas y con la participación de los leoneses en las manifestaciones para que el equipo de gobierno “reaccione y evite esa situación de consecuencias tan nefastas para la ciudadanía”.

Los integrantes de la plataforma tras presentar en el Registro las alegaciones. (Foto: leonoticias.com)
Decisión en pleno
Ahora, esperan que el equipo de gobierno estudie y admita estas alegaciones y que no se den “carpetazo” para que en uno de los próximos plenos se lleve esta cuestión a trámite y los grupos políticos debatan y voten sobre la conveniencia de aceptar o no estas alegaciones. En caso de que se desestimen, será entonces cuando la Plataforma Contra la Privatización del Servicio de Aguas acuda al Contencioso.
Por su parte, el responsable en materia económica del Partido Popular en el Ayuntamiento de León, Luis Nogal, se ha comprometido incluso a “intercambiar” estas alegaciones con las demás asociaciones para poder “defender” los criterios contrarios a la privación del servicio en las comisiones.
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