Mario Amilivia (León, 1957) exhibe los datos de actividad del Consejo Consultivo como principal argumento para rechazar que el hecho de llevar como presiente en funciones más de un año afecte al funcionamiento de la institución. En un sólo año han informado sobre 31 leyes y reglamentos, lo que supone un 25 por ciento de todo el trabajo que ha desempeñado el Consejo desde que comenzó a funcionar. Entre ellos destaca los expedientes de responsabilidad patrimonial de las administraciones y ofrece un dato novedoso: los 25 millones de euros que suman las reclamaciones de los ciudadanos a las administraciones. La mitad de ellos, están vinculados al ámbito de la sanidad. Esta actividad de la institución consultiva se ha visto también acrecentada por la crisis, que ha aumentado los dictámenes sobre resoluciones de contratos con la administración y revisiones de oficio. Por último, Amilivia confirma que en febrero del próximo año, el Consejo podrá estrenar su nueva sede.

En un año preelectoral, el Gobierno de Castilla y León estará acelerando la aprobación de leyes y reglamentos ejecutivos, ¿cómo se concreta el trabajo que realiza el Consejo en este sentido?

Se puede concretar en el desempeño de una tarea de control preventivo en relación con la observancia de la Constitución, el Estatuto y, en general, las normas jurídicas que resulten aplicables a los distintos supuestos que se planteen. De otra parte, el Consejo Consultivo debe velar por mejorar la técnica normativa corrigiendo las inevitables imperfecciones formales que arrastren los anteproyectos o proyectos de normas, buscando la claridad y brevedad de las normas. Todo lo que contribuya a la brevedad contribuye a la claridad. Ya se recogía de hecho esta cita en el Fuero Juzgo: “El facedor de las Leis debe fablar poco, e bien”.

¿Cuántos textos de este tipo han pasado ya por el filtro del Consejo en lo que va de año?

En los últimos siete meses han sido objeto de dictamen 16 Leyes y 15 Reglamentos Ejecutivos, lo que responde al desarrollo del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que en su reciente reforma contempla una Carta de Derechos que están siendo objeto de desarrollo como son el derecho de acceso a los servicios sociales, los derechos de las personas en situación de dependencia y de sus familias, el derecho a una renta garantizada de ciudadanía o los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración autonómica, entre otros. La actividad en relación con los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto o reglamentos ejecutivos en desarrollo de leyes ha sido estos meses tan importante que representan el 25 por ciento del total histórico de este tipo de dictámenes emitidos por el Consejo Consultivo y pone de manifiesto una intensa actividad tanto del Gobierno como de las Cortes de Castilla y León.

En la aprobación de la Memoria de 2009 usted destacó que ese año había sido el ejercicio con el mayor número de dictámenes desde 2003 y que el Consejo Consultivo estaba a la cabeza en número de dictámenes en comparación con el resto de los Consejos autonómicos. ¿Cuántos dictámenes llevan aprobados en estos siete primeros meses del año?

A fecha de hoy llevamos aproximadamente 900 dictámenes, cien más que el año anterior en estas mismas fechas por lo que, sin duda, volveremos a ser el Consejo Consultivo que más dictámenes emite en el país. Esto pone de manifiesto que ésta es una Institución útil, necesaria y consolidada.

Algunos de los dictámenes que aprueban se refieren a las resoluciones de contrato, es decir, a los problemas suscitados cuando las empresas no pueden cumplir con los contratos firmados con las Administraciones. ¿Están notando un aumento a causa de la situación de crisis?

Sí. Este año hemos aprobado ya casi los mismos que los emitidos durante todo el año pasado, que fueron 28. Hay que tener en cuenta además que el Consejo Consultivo dictamina preceptivamente la resolución de los contratos administrativos en los supuestos de oposición del contratista y también han aumentado junto a las revisiones de oficio, que en algunos supuestos también tienen que ver con la crisis económica. Entre contratación administrativa y revisiones de oficio, llevamos en menos de un año casi 50 dictámenes, que representan más de 15 por ciento del total histórico de los de esta clasificación, siendo además contratos de la Administración Pública con cuantías económicas muy importantes.

Del balance estadístico del año pasado, destacó la importancia creciente que están alcanzando los dictámenes derivados de las reclamaciones de los ciudadanos en el ámbito sanitario. ¿Cuántos dictámenes de este tipo se pueden contabilizar ya en lo que va de año?

Se han aprobado hasta la fecha 111, un dato similar a los de otro tipo de responsabilidad patrimonial como los derivados de las reclamaciones por el mal estado del mobiliario urbano o el mal estado de las calzadas. Me atrevería a decir que, tanto cuantitativamente por las importantes indemnizaciones que se reclaman, como cualitativamente por afectar al derecho a la salud, son los más importantes. Tenemos que tener en cuenta que la medicina no es una ciencia exacta y que no puede garantizarse absolutamente la salud, por lo que debemos ceñirnos a la llamada lex artis. Según esta teoría, el paciente tiene derecho a que se le dispense una atención adecuada y no a obtener un resultado curativo determinado. Lo contrario supondría aceptar un principio de aseguramiento universal.

¿Puede significar este aumento de estos dictámenes que está disminuyendo la calidad de los servicios sanitarios?

Es lógico que el número de expedientes de responsabilidad patrimonial de este tipo hayan aumentado y ello porque Castilla y León ha asumido plenamente las competencias sanitarias. Que haya un número importante no significa que el parecer del Consejo Consultivo se distancie de la propuesta de resolución de la Junta, muy al contrario, mayoritariamente nuestros dictámenes respaldan la actuación de los servicios sanitarios públicos. Muchos de estos expedientes son objeto de recurso contencioso-administrativo y en este procedimiento judicial nos consta que nuestros dictámenes son muy relevantes. Los dictámenes de carácter sanitario representan cerca del 20 por ciento de los emitidos hasta la fecha de responsabilidad patrimonial. Como he dicho, muchos de ellos tienen una pequeña cuantía económica que debería ser objeto de revisión, pero sí quiero aportar un dato: hemos intervenido en lo que va de año en reclamaciones de responsabilidad patrimonial a las administraciones en las que se han solicitado indemnizaciones por un importe de 25 millones de euros; sabiendo que algunas de ellas no se pueden cuantificar, podemos decir que más de la mitad se corresponde con las que se han reclamado en el ámbito sanitario.

¿Cree que es suficientemente conocida por los ciudadanos la labor que realiza el Consejo Consultivo?

La naturaleza técnica de la función consultiva hace que sea difícil que llegue a los ciudadanos y también el carácter previo de su actuación que garantiza el principio de legalidad, pero que nadie olvide que los Consejos Consultivos desempeñan una misión fundamental que se sitúa en el centro de la relación entre los ciudadanos y la Administración.

¿Cómo se puede mejorar el grado de proyección exterior de una institución como ésta?

Este año se han celebrado plenos del Consejo en localidades como Tamames, Benavente y Miranda de Ebro. Y seguiremos con otras reuniones y jornadas de trabajo de aquí a final de año fuera de nuestra sede en la ciudad de Zamora porque es fundamental para acercar nuestra función a los ciudadanos y las distintas administraciones. Hay que recordar además que en estos siete años de funcionamiento se ya celebraron reuniones en todas las capitales de provincia de Castilla y León.

¿Cómo van las obras de la sede del Consejo Consultivo en Zamora? ¿Se mantiene el plazo de finalización para febrero de 2011?

Tras las catas arqueológicas, los plazos van con normalidad. Así me han informado tanto el director de las obras como el arquitecto Alberto Campo Baeza. Por lo tanto, previsiblemente, estén concluidas en el primer trimestre del año que viene. De hecho, en estos momentos ya se está procediendo a la colocación de los vidrios que servirán de fachada en un edificio que en su día definió el arquitecto como gran una caja de cristal. Va a ser un edificio emblemático tanto para Zamora como para toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León y aunque el proyecto se denomine ‘Hortus Conclusus’ es nuestro propósito, muy al contrario, abrirlo a toda la sociedad.

En mayo de 2009 finalizó el primer mandato del Consejo y desde entonces los consejeros están pendientes de su renovación o de nuevas designaciones. ¿Afecta esta situación al trabajo diario de la institución?

Los datos hablan por sí solos. Me gustaría destacar el consenso como método para alcanzar acuerdos. Hasta la fecha, históricamente, sólo en un dictamen ha habido un voto particular, lo que pone de manifiesto que desde la legítima disparidad de opiniones, prevalece la neutralidad política y la idea de que la opinión compartida es siempre la mejor. Teniendo en cuenta además el alto grado de aceptación de los dictámenes por parte de las Administraciones consultantes, nos permite razonablemente creer que el Consejo Consultivo está cumpliendo con la función encomendada y que, por lo tanto, somos útiles para la Administración y los ciudadanos.