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REPORTAJE
Los últimos fusilados 
Los últimos ejecutados del franquismo, el 27 de septiembre de 1975, fueron respondidos en Valladolid con lanzamiento de propaganda clandestina y 'saltos callejeros'
Los cinco activistas de FRAP y ETA fusilados el 27 de septiembre de 1975. Archivo Municipal
Los cinco activistas de FRAP y ETA fusilados el 27 de septiembre de 1975. Archivo Municipal
Enrique Berzal
05/10/2015 (16:52 horas)
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Era la manifestación más evidente de que la dictadura, aunque moribunda, iba a morir matando. Cuando aquel 27 de septiembre de 1975, pocas semanas antes del fallecimiento de Franco, fueron ejecutados tres militantes del FRAP (Ramón García Sanz, José Humberto Baena y José Luis Sánchez Bravo) y dos de ETA (Ángel Otaegui y Juan ‘Txiqui’ Paredes Manot), que previamente habían sido condenados a muerte en Consejo de Guerra, la repulsa exterior no se hizo esperar.

Fueron llamados a consulta los embajadores de la República Federal de Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Bélgica, Portugal, Irlanda, Holanda, Dinamarca, Austria, Luxemburgo, Suiza, Suecia y Noruega. Franco ni siquiera quiso atender la llamada de la máxima autoridad católica, Pablo VI, que nada más conocer las sentencias pidió clemencia para los condenados.

Con su ejecución, el régimen franquista, cada vez más debilitado, pretendía dar una lección de fuerza. No conviene olvidar que ETA, que en 1968 había llevado a cabo su primera acción terrorista asesinando al comisario de la Brigada Político-Social de San Sebastián, Melitón Manzanas, alcanzó el punto culminante de su actuación con la voladura, en diciembre de 1973, del vehículo oficial del presidente del Gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco.

Por su parte, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), organización vinculada al Partido Comunista de España marxista-leninista (PCE m-l), había iniciado su campaña violenta en el mismo verano de 1975, atentando contra policías y guardias civiles.


Ante tales amenazas, el 22 de agosto de 1975, un Consejo de Ministros presidido por Franco en su residencia veraniega del Pazo de Meirás aprobó un Decreto-Ley Antiterrorista que prorrogaba la estancia en dependencias policiales de tres a cinco jornadas, pudiendo llegar a 19 días si se contaba con autorización judicial. También permitía el registro domiciliario sin necesidad de mandamiento judicial, mientras que los abogados defensores podían ser relevados e inhabilitados si «perturbaban el orden de los debates o diligencias».

Entre el 28 de agosto y el 19 de septiembre de 1975 se celebraron cuatro juicios sumarísimos con la intención de condenar a muerte a los supuestos responsables del asesinato del miembro del Servicio de Información de la Guardia Civil Gregorio Posadas Zurrón en Azpeitia, el 3 de abril de 1974; de la muerte de un policía durante el atraco a una sucursal bancaria en Barcelona el 30 de julio de 1975; del atentado contra el número de la Policía Armada Lucio Rodríguez en Madrid, el 14 de julio de 1975, y de la muerte del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez en Carabanchel, el 16 de agosto.

A ETA se atribuyeron los primeros, y los otros dos, al FRAP. Once detenidos, a los que se aplicó el citado Decreto de 22 de agosto con carácter retroactivo, fueron condenados a la pena capital. El clamor internacional no se hizo esperar, y hasta el mismo hermano de Franco, Nicolás, le escribió pidiendo que reconsiderara la decisión. En Valladolid, como en toda España, diversas organizaciones de la oposición antifranquista intensificaron la actividad clandestina a favor del indulto a los condenados.

Propaganda lanzada por el Movimiento Comunista.

Informes policiales

Informes de la Jefatura Superior de Policía y de la Guardia Civil, existentes en el Archivo Histórico Provincial, dan cuenta, casi a diario, del goteo de acciones «subversivas» protagonizadas por grupúsculos de la oposición vallisoletana, sobre todo de la más izquierdista.

Ya desde los meses de junio y julio, por ejemplo, comienza a aparecer por calles y Facultades de la ciudad numerosa propaganda a favor de la anulación de las penas de muerte y de la huelga general, firmadas por Movimiento Comunista (MCE), PSOE, Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), UGT, CCOO, Partido Carlista, Partido Comunista, Partido Obrero Revolucionario Español (PORE), Plataformas Anticapitalistas y Grupos Autónomos de Estudiantes.

Cuando el 29 de agosto el Consejo de Guerra celebrado en el Regimiento de Artillería de Campaña número 63, sito en Castrillo del Val (Burgos), condenó a muerte a Ángel Otaegui y Antonio Garmendia, dicha actividad se intensificó. El Movimiento Comunista de Valladolid sobresalió por encima de todos los grupúsculos citados, a los que también se sumaron el Partido del Trabajo (PTE), la Oposición Sindical Obrera (OSO), los Grupos Anarquistas de Valladolid, la Liga Comunista y el propio FRAP.

Acciones destacadas fueron, por ejemplo, el lanzamiento de hojas a ciclostil en la plaza de la Universidad el 1 de septiembre, en las que se llamaba a la huelga general para salvar a los «luchadores antifascistas vascos» y a sus colegas del FRAP condenados a muerte; la actividad desplegada en este mismo sentido en el interior de FASA por CCOO, PORE, UGT, Plataformas Anticapitalistas, PCE y Lucha Obrera; el buzoneo del PSOE en el barrio de la Rondilla el 5 de septiembre, o el gran cartel colocado el día 11 en la Facultad de Medicina, con «una bandera separatista vasca, un croquis de dicha región y un gran grupo de obreros en actitud amenazadora portando una pancarta en la que se pide salvar la vida de Otaegui y Garmendia».

Informe de la policía sobre la propaganda clandestina. 

El lanzamiento de propaganda antifranquista era también requisito indispensable del famoso «salto» callejero, denominación que hacía referencia a una manifestación relámpago, repentina e inesperada, que un grupo relativamente reducido de personas impulsaba en lugares muy concurridos. El salto, en efecto, solía acompañarse del lanzamiento de octavillas y panfletos, así como de gritos reivindicativos. Una vez realizado, los activistas huían a toda prisa para evitar ser detenidos por las fuerzas de orden público.

En la tarde del 28 de agosto, el mismo día en que se celebraba el Consejo de Guerra contra Otaegui y Garmendia, en torno a 50 jóvenes «saltaron» en la carretera de Villabáñez al grito de «Garmedia y Otaegui, libertad», mismo lema que rezaba una llamativa pancarta; poco después hicieron lo mismo 150 activistas en la avenida de Segovia, mientras lanzaban propaganda del PORE antes de disolverse a toda prisa. Dos días más tarde, conocidas ya las sentencias, casi un centenar de jóvenes, muchos de ellos estudiantes, se manifestaba a las nueve de la noche por la calle de Santiago y la Plaza Mayor con gritos similares; lo mismo ocurrió en la calle de Labradores y en el barrio de la Rondilla.

El 5 de septiembre fue el turno de un centenar de jóvenes en la carretera de la Esperanza, quienes además de portar una pancarta con el lema «Salvemos de las penas de muerte a Garmendia y Otaegui», arrojaron propaganda dirigida a «Obreros, estudiantes y pueblo de Valladolid» firmada por PSOE, UGT, MCE, ORT, Liga Comunista y Partido Carlista.

El último ‘salto’ de importancia se registró a las ocho y media de la tarde del 11 de septiembre en la calle Mantería, en el que 150 personas pidieron la amnistía para los condenados y lanzaron propaganda anunciando una concentración al día siguiente en la Plaza Mayor.

Quince días más tarde, el Consejo de Ministros acordaba «por unanimidad» conmutar la pena de muerte a seis de los condenados por la de 30 años de reclusión: Manuel Blanco Chivite, VIadimiro Fernández Tovar, Concepción Tristán, María Jesús Dasca, José Antonio Garmendia y Manuel Cañaveras. El resto, Juan Paredes Manot (21 años), Ángel Otaegui Echevarría (33), José Luis Sánchez Bravo (22), José Humberto Baena Alonso (24) y Ramón García Sanz (27) fueron fusilados al alba el 27 de septiembre de 1975: los tres miembros del FRAP en Hoyo de Manzanares y los dos de ETA en Burgos y Barcelona.

Al día siguiente, la indignación de las democracias europeas fue respondida por el moribundo régimen franquista haciendo gala de «la defensa de la soberanía nacional frente a las injerencias extranjeras». En Valladolid volvieron a producirse lanzamientos de propaganda clandestina en diversos puntos de la ciudad y en la factoría FASA, mientras el PTE repartía octavillas con la efigie de los ejecutados, las mismas que el MCE colgó a modo de grandes carteles en las facultades de Medicina y Ciencias, acompañadas de los rostros de Franco y Arias Navarro con la leyenda: «Los verdugos fascistas y asesinos». Aquella propaganda clandestina contenía, además, una sentencia amenazante que no tardaría en convertirse, sin embargo, en un deseo nunca cumplido: «El pueblo os vengará».

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