León
LEÓN
Los funcionarios ven una "barbaridad" la privatización de los registros civiles
Los funcionarios advierten de que la medida podría suponer una evidente pérdida de calidad en el servicio y que repercutirá en los bolsillos de los ciudadanos
Protesta contra la privatización del Registro Civil.
Protesta contra la privatización del Registro Civil.
A. Cubillas / @And_Cubillas
18/03/2015 (12:12 horas)
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Un centenar de funcionarios judiciales ha protagonizado este miércoles un nuevo paro de media ahora para denunciar las "nefastas" consecuencias que acarreará su "inaceptable privatización" de los Registros Civiles.

Un paso al frente de los funcionarios de este servicio que buscan dar a conocer a toda la ciudadanía la “auténtica barbaridad” que pretender el Gobierno que supondrá la pérdida de calidad y de un centenar de empleos en la provincia de León.

Una privatización que, como viene siendo habitual, repercutirá en los bolsillos del ciudadano ya que este servicio dejará de ser gratuito a pesar de la inversión de 120 millones de euros que ha supuesto la digitalización del Registro Civil “que ahora lo ponen en manos privadas”.

Decisión con la que además, según han alertado, se lleva la historia de cada pueblo y vulnera el derecho a la intimidad ya que los datos del ciudadano será manejado por personal al servicio de los registradores, es decir, empleados por cuenta ajena y no funcionarios.

Asimismo, la privatización del Registro Civil supondrá que solo habrá oficinas registrales en las capitales, obligando a las personas del medio rural que necesiten una fe de vida o un certificado desplazarse hasta las grandes ciudades.

Por ello, exigen al Ministerio de Justicia que de marcha atrás en su decisión de entregar los registros civiles a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, y que garantice los puestos de trabajo del personal titular e interino destinado en estas oficinas.

“Consecuencias de las que deben estar informados los ciudadanos y que nosotros, como funcionarios, debemos trasmitir”, señalaron representantes de los funcionarios que han iniciado una recogida de firmas para alcanzar las 500.000 para evitar que prospere la medida de la iniciativa legislativa.
 

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