En representación de la Junta de Personal de funcionarios de León, Roberto Fernández, ha asegurado que la medida recientemente aprobada y que permitiría los despidos de trabajadores de las administraciones públicas es “una nueva vuelta de tuerca” a esa situación. Por ello, lo ha calificado como un “varapalo que no se debe aceptar bajo ningún concepto”, sobre todo mientras el resto de la “estructura administrativa siga intocable”.
Además, a mes y medio de la entrada de las fechas de Navidad, los funcionarios continúan protestando contra la supresión de la paga extraordinaria. La Junta de Personal del funcionarios calcula que retirar esta parte de la paga a los casi 30.000 trabajadores, dejaría fuera de la circulación de la economía leonesa unos 60 millones de euros, lo que supone un grave perjuicio para el consumo y para la actividad relacionada con el comercio.