Los 300 despedidos del ECYL (Servicio Público de Empleo de Castilla y León) a cargo de la Junta de Castilla y León "a traición, sin aviso previo y sin posibilidad de negociación", asistirán a la manifestación conjunta convocada por CC OO y UGT en Valladolid para el jueves 14 para protestar por el desmantelamiento de este servicio público y por los recortes de la Administración Autonómica.

Los empleados públicos afectados por esos despidos reclaman al Gobierno del señor Herrera y Villanueva que la Junta les "trate como al colectivo de mineros", es decir, que esperan que "dado que aducen que no hay dinero (asignación presupuestaria) para seguir pagando nuestras nóminas, pueda pedir a sus ‘compañeros’ de Madrid del Gobierno de Rajoy los 5 millones precisos con la misma contundencia y vehemencia que ya han anunciado que pedirán fondos suficientes para mantener el cumplimiento del Plan del Carbón y los puestos de trabajo de los mineros que estos mismos días también están ‘en pie de guerra’ y con quienes nos solidarizamos y a quien acompañaremos en su huelga anunciada para el día 18".

Además, desde el Ecyl siguen denunciando que la Junta "luche contra el desempleo enviando al paro a sus propios empleados encargados de gestionar las oficinas de empleo. Esto está provocando ya el despiste y la contradicción entre los usuarios de las oficinas, que a partir del 30 de junio se encontrarán también con largas colas para ser atendidos por la escasa plantilla de funcionarios que quedan en el Ecyl. Esta es una consecuencia que también creemos que está provocada y valorada por los responsables políticos para justificar la entrada de las empresas privadas en el sector".

"La Junta no nos contrató a dedo y todos somos universitarios"

También quieren dejar claro que "en 2003 cuando nos contrató la Junta de Castilla y León no lo hizo ‘a dedo’ como nos ha acusado ahora algún político, sino que fue la propia Junta la que decidió que en vez de convocar una oposición para funcionarios hiciéramos unos exámenes a los que nos presentamos 2.500 personas, de las que entramos a reforzar y modernizar las 54 oficinas de empleo los que obtuvimos los 110 primeros puestos. Todos tenemos una carrera universitaria, porque esa era la condición de las bases de la convocatoria, que estuviéramos ya un poco formaditos".

Entonces también decidió la Junta hacerles "un contrato de obra o servicio determinado para poner en marcha el ECYL (creado el 1 de enero de 2004) que finalizaba el 15 de diciembre de 2004. Pasada esa fecha la Junta decidió que nuestra labor era necesaria y que seguiríamos trabajando. Por esa irregularidad administrativa nos convertimos en laborales indefinidos y la Junta lo sabía. Ahora que nos envía a la basura ‘porque ya no somos necesarios’ dice que la obra por la que nos contrató ha finalizado y nos liquida con 8 días por año trabajado, reconociendo que aquel también fue un contrato ‘basura".

"Es un despido improcedente"

Por último, los despedidos aseguran que la Junta "sabe perfectamente, pues sus jurídicos no nos tontos, que ése es un despido improcedente y que tendremos que gastarnos nuestro dinero en abogados para reclamar y al final ganar fácilmente una mayor indemnización que, nuevamente, los señores políticos que rigen la Junta de Castilla y León pagarán sin ningún pudor con dinero público de todos. Se da la paradoja de que en este colectivo hay compañeras de baja maternal y en excedencia por cuidado de niños, lo que todo el mundo sabe que se trata de un despido nulo a todos los efectos. Pero nada importa si el objetivo está claro, enterrar al ECYL para siempre".