Los Ayuntamientos leoneses de Villablino y de Ponferrada son dos de los seis municipios de los 48 de más de 5.000 habitantes a los que se dirigió el Procurador del Común que han aceptado la recomendación de puesta en marcha de un decálogo de medidas para garantizar la seguridad de las zonas de juego infantil en los distintos núcleos de población de Castilla y León. Se trata de propuestas relativas a la normativa, número, ubicación, señalización, conservación, accesibilidad, seguridad de las superficies o seguridad de los equipos de juego.
Junto a ellos dos, el municipio abulense de Arenas de San Pedro, el salmantino de Santa Marta de Tormes y los vallisoletanos de Laguna de Duero y Peñafiel también han respondido a favor de la propuesta del Procurador del Común, surgida de la actuación de oficio que realizó a partir de varias quejas sobre el estado de las zonas de juego, recogida en el informe de 2007 presentado en las Cortes.
Para conocer el estado de los espacios de juego, el comisionado requirió información a los municipios de la Comunidad Autónoma con población superior a los 5.000 habitantes, según el Padrón municipal de habitantes de 2003, en total 48 ayuntamientos, y se realizó una visita a todas estas localidades en las que se revisaron zonas de juego infantil elegidas al azar, recopilándose material fotográfico.
Según la Organización Mundial de la Salud, las lesiones son la principal causa de muerte en la infancia en Europa y entre los 1 y 14 años de vida ocurre una muerte por lesión en una ratio dos veces superior al fallecimiento por cáncer u ocho veces a las producidas por enfermedades respiratorias. Conforme a los mismos datos, las caídas constituyen la cuarta causa de muerte por lesiones en los niños de la Unión Europea. El tipo más común de caídas que requieren ingreso son aquellas que se producen desde un nivel a otro, como por ejemplo cambiadores de bebés, escaleras o ventanas, pero también juegos en parques. Por ello recomienda la utilización de materiales absorbentes en los suelos de los parques infantiles y la adecuación de la altura de los aparatos según las edades, se explica en el informe.
En la actuación de oficio, el Procurador pide a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que valore la inclusión de alguna medida o mejora de seguridad y calidad de las instalaciones públicas de los parques infantiles en el próximo Plan Sectorial de Atención y Protección de la Infancia, recomendación que no ha recibido respuesta en la fecha de cierre del informe de 2007.
También, ha remitido una recomendación a los ayuntamientos que han participado en la elaboración del informe especial con diez medidas, entre ellas la regulación mediante ordenanza de los requisitos de seguridad, el aumento de estos espacios en municipios con un porcentaje elevado de usuarios, la ubicación preferente en zonas de arbolados y alejadas del tráfico y la vigilancia de elementos adicionales, como los bancos cercanos a las zonas.
Igualmente, la señalización y diferenciación por edades de las zonas de juego, la reposición de elementos rotos, deteriorados o desgastados, la accesibilidad para los niños y acompañantes, la seguridad sobre las superficies y la seguridad y garantía de los equipos que se instalan.
Respecto de la ubicación de las zonas, el informe sitúa como preferentes los lugares arbolados para evitar la incidencia del sol y evitar quemaduras, alejados de la circulación viaria, de manera que estén vallados y protegidos.
En el informe, se destacan entre las deficiencias más importantes encontradas los anclajes en los equipamientos que pueden golpes por caída, el deterioro en las cuerdas y elementos para trepar, excesiva altura de la parte final del tobogán, desgastes en las zonas de caída, balancines sin sistemas de amortiguación, cadenas rotas, zonas inundadas o materiales anticuados.