León
LEÓN
Los abogados retomarán la lucha por la justicia gratuita en el nuevo curso
La inversión en este servicio se ha reducido 500.000 euros en los últimos cuatro años en Castilla y León
J.M. Pascual
01/09/2014 (12:18 horas)
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Es el caballo de batalla de una controvertida reforma judicial que ha sacado de sus bufetes a los abogados el pasado año, con concentraciones en todas las capitales (y con las togas puestas, en Madrid, durante la última movilización protagonizada por los decanos y juntas de gobierno de los 83 colegios de España, antes de las vacaciones de verano). La justicia gratuita, que necesitaron el año pasado más de 7.000 castellanos y leoneses, seguirá siendo la cruzada durante este curso judicial, marcado por el final de legislatura y las elecciones.

Los letrados son unánimes en contra de un proyecto legislativo que el ministro Gallardón asoció a las tasas judiciales: lo recaudado con ellas iba a destinarse a financiar la justicia gratuita y ello permitiría llegar a más personas en situación vulnerable. Lo que enerva a los abogados es que, efectivamente, el Ministerio de Justicia ha ampliado el arco de beneficiarios con derecho a recibir esa justicia, como las víctimas de violencia, pero hay menos dinero para dar ese servicio, mientras que el número de solicitantes ha crecido de manera exponencial desde 2010. Solo en los tres primeros meses de este año 2014 se han registrado 1.900 expedientes de justicia gratuita en Castilla y León.

El último informe del Observatorio de la Justicia Gratuita elaborado por la Abogacía Española le carga de argumentos al colectivo para oponerse a «las líneas rojas» del proyecto de Ley que, en palabras del decano de los abogados españoles, Carlos Carnicer, «traspasan el derecho de defensa y ponen en riesgo un modelo que funciona y que da respaldo a los más desfavorecidos gracias al trabajo de los abogados de oficio y de los colegios de abogados».

Para el colectivo, la Ley que está en trámite «es peor para la abogacía y para el justiciable, y eso, sin entrar en la actualización de los baremos de pago a los abogados, los módulos de compensación económica, que llevan sin actualizarse desde 2003».

La ampliación de beneficiarios el pasado febrero, de manera que las víctimas especialmente vulnerables no tienen que acreditar insuficiencia de recursos económicos esconde, indican desde el Colegio de Abogados de Valladolid, «el tratar de paliar los perniciosos efectos de la Ley de Tasas Judiciales, convirtiendo la justicia en el único servicio público en el que hay que pagar por acceder a él».

Es más que patente el malestar por el recorte de la inversión en este servicio que en Castilla y León ha restado más de 500.000 euros en los últimos cuatro años, lo que supone un descenso del 7% en ese período, al pasar de 8,3 millones en 2010 a 7,7 millones en 2013. Fue un 1,8% más que en el ejercicio anterior, en es que se dispuso para esta asistencia letrada 7,6 millones de euros, aunque hay que tener en cuenta que había registrados menos expedientes de solicitud en 2012. Según las conclusiones de este informe, la principal causa de la caída de inversión es la continuada reducción de las indemnizaciones que perciben los abogados adscritos al turno de oficio, que en 2013 bajó entre el 5 y el 10%. Ello estaría unido al efecto de las tasas judiciales, que han provocado un incremento en las solicitudes de justicia gratuita de ciudadanos que ronda el 18%.

Tasas

No obstante, se puntualiza en el informe, las cifras de Castilla y León, en relación a otras comunidades con la justicia transferida, mantienen su predisposición positiva en los últimos dos años, a pesar de la fuerte caída que tuvo en 2011 (-9,6%). La inversión por ciudadano en asistencia jurídica gratuita es de 4,72 euros por año, mientras que la retribución media al abogado por expediente ronda los 125 euros, «aunque esta cifra va en descenso año tras año», se indica en el estudio.

Del total de la inversión en justicia gratuita, el turno de oficio acapara la mayor parte de la tarta, y dentro del turno, la jurisdicción penal es la que se lleva la mayor partida. Cataluña, Andalucía y Madrid son las tres comunidades españolas que destinan más dinero a esta asistencia letrada para los más vulnerables.

La imposición de tasas judiciales han disparado los expedientes en justicia gratuita, y se detecta un incremento llamativo en los conflictos de los ciudadanos con las administraciones públicas, de forma que los asuntos atendidos por el turno de oficio en la jurisdicción contencioso administrativa aumentaron en más de un 50%, a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha calculado que el volumen de asuntos de esta clase que se tramitaron en los juzgados en 2012 descendió más de un 15%.

Cada vez son más quienes utilizan el expediente electrónico para realizar su solicitud, el 41% más. En Castilla y León utilizaron esta herramienta 13.000 ciudadanos, de un total de 371.000 en toda España. 

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