En ese sentido, Céspedes indicó que con la anterior concesionaria, que tenía estipuladas 96.908 horas, nunca se llegó a dar este tipo de problemas, ya que cuando finalizó el contrato el 23 de febrero de este año "acabamos con horas positivas a favor de los trabajadores".
Por ello creen que haciendo una buena regulación del servicio y revisando el Ayuntamiento los expedientes para dar nuevas altas de usuarios para paliar la falta de horas que tiene la concesionaria "podríamos sostener el servicio sin tener que pasar por esa reducción de la jornada laboral". De hecho, Isabel Céspedes aseguró que en julio de este año entró en vigor el grado de dependencia 1, por lo que algunas personas ya han solicitado esa ayuda pero todavía no se les ha concedido, algo que podría aumentar el número de usuarios del servicio.
En cuanto a las reducciones salariales que han sufrido las trabajadoras en los meses de agosto y septiembre sin tener conocimiento de ello, la empresa se ha comprometido a no tocar los siguientes salarios y la plantilla le exigirá la reposición de las cantidades retiradas "ilegalmente" de sus nóminas, puesto que "la empresa está incumpliendo el convenio colectivo". De no hacerlo, interpondrán demandas de cantidades individuales.