En el recurso presentado se piden medidas cautelares que invocan una posible vía de hecho por acumulación de motivos de nulidad. Estos motivos son la nulidad por no existir acuerdo de los ayuntamientos afectados, la nulidad por impedir la participación real en asunto público o la nulidad por no establecer las tarifas del agua como una tasa, entre otras.

El secretario provincial de CCOO, Ignacio Fernández, ha dicho que “la Plataforma está viva y siguen activos”.Fernández agradeció el apoyo público de Izquierda Unida y Partido Popular. Además, añadió que existen antecedentes que les pueden dar la razón, ya que esta misma semana el juzgado contencioso-administrativo de Oviedo ha admitido a trámite la petición de la Plataforma Agua Pública de Avilés para la suspensión cautelar del proceso de cambio de propiedad del servicio de ese ayuntamiento. Quiere decirse con esto que en otros lugares se está llevando a cabo un proceso similar, por lo tanto “ no estamos tan errados en nuestras tesis”.

Respecto a la actitud del alcalde leonés, Fernández se pregunta “¿hasta dónde es capaz de llegar? ¿Contra quién irá después de ir contra todos nosotros? ¿Qué le queda por estropear?” Fernández ha concluido afirmando que “durante los 30 años de democracia, el Ayuntamiento de León ha sufrido tres regresiones democráticas entre las que se encuentra la privatización municipal de Aguas”.

El  ecologista Ramiro Pinto, miembro de la Plataforma, aclara que el expediente sancionador que acusa a varios miembros de la organización se basa en “una injusticia y una falsedad”. Estos expedientes abusan de la Ley  aprobada por el ex–presinete del Gobierno José María Aznar, en la que el testimonio de un policía puede servir como prueba. De esta forma existe una cadena de estrategias y mentiras, alimentadas por el “Jefe de la Policía Local, Martín Muñoz, que mantiene unas denuncias con sesgo político absolutamente falso” según aclara Pinto. “Esto no se puede permitir en una sociedad democrática donde precisamente las fuerzas del orden garantizan el orden y garantizan la libertad de los ciudadanos, no el criterio político de ningún alcalde”. Espera que en la vía judicial se utilice el sentido común.

Los vecinos también hablan

La presidenta de la Federación de las Asociaciones de Vecinos de León, Ángeles González, declara estar sorprendida ante las denuncias que se han producido hacia personas físicas. Desde cierto punto afirma que hubiesen entendido denuncias hacia un colectivo entero, pero no las individuales.

Los vecinos consideran que “si hay que sancionar a alguien es al equipo actual de gobierno y al alcalde por incumplimiento se su programa electoral”. Al mismo tiempo, no se entiende desde la Asociación de vecinos la petición del equipo de gobierno de colaborar en las fiestas de Cantadoras y cinco días después enviar las denuncias. “Si quieren que nos ignoren, mientras tanto que nos dejen vivir tranquilos”, ha concluido González.