El Ejecutivo de Juan Vicente Herrera se reserva la explotación, conservación y el establecimiento del régimen de desembalses de los aprovechamientos hidráulicos y demás obras hidráulicas en la propuesta que ha formulado al Gobierno para negociar el traspaso de las funciones y servicios de las aguas de la Cuenca del Duero que tienen su nacimiento en Castilla y León y derivan a Portugal sin atravesar ninguna otra comunidad autónoma.

Junto a ello, la Junta prevé también gestionar la concesión de recursos hídricos y las autorizaciones sobre el dominio público hidráulico, mientras que el Gobierno regional será el encargado de la planificación general, a través de la delimitación de la Demarcación Hidrológica del Duero y la elaboración del Plan Hidrológico de Demarcación. Junta y Gobierno central compartirá competencias en policía de aguas.

El documento marco para la negociación con el Gobierno, al que ha tenido acceso la Agencia Ical, determina el compromiso firme para desarrollar “plenamente” el mandato del Estatuto de Autonomía, que recoge la gestión de las aguas de la Cuenca del Duero como una de las ‘compentencias estrella’, y fija el ámbito funcional y el calendario en el que se puede materializar la transferencia.

Así, el texto para la negociación, que la Junta espera que sea aceptado por el Gobierno en la reunión prevista para octubre de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad y el Estado, cuya presidencia ostenta este año el Gobierno regional, detalla el ámbito competencial, el principio básico de cooperación, la planificación hidrológica en la Cuenca del Duero, el otorgamiento de derechos concesionales sobre aguas y su control, la gestión de los embalses, los órganos de gestión y participación pública, la protección del dominio público hidráulico y la programación y financiación de las obras públicas.

La Junta de Castilla y León subraya que el carácter internacional de la Cuenca del Duero constituye un “elemento diferenciador” que exige el respeto de los compromisos asumidos por el Estado a través de tratados internacionales, que afectan, en particular, al régimen de caudales públicos. No obstante, se remite a una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que corresponde a las comunidades la ejecución de tratados y convenios internacionales, cuando así lo disponen los estatutos de autonomía y sin perjuicio de la obligación del Estado de garantizar su cumplimiento.

Bajo este argumento, la Junta aspira a ejercer las competencias sobre las aguas de la Cuenca del Duero que tienen su nacimiento en Castilla y León y derivan a Portugal sin atravesar ninguna otra comunidad, mientras que el Estado en las relaciones internacionales en especial en los convenios y tratados con la República Portuguesa, que la Comunidad Autónoma se obliga a respetar.

Plan Hidrológico

Según el documento conocido por Ical, a la Administración del Estado le corresponde elaborar y aprobar el Plan Hidrológico de Demarcación y las directrices que se deriven de él, pero la Junta participará con propuestas y programas para su inclusión, según el acuerdo. En este plan, el Gobierno asignará y reservará a favor de la Comunidad el volumen disponible de las aguas correspondientes a la Cuenca del Duero y gestionadas por la Junta. Otra de las funciones competencia del Estado será el registro de aguas de la Demarcación Hidrográfica del Duero, al que la Junta deberá trasladar toda la información.

Derechos concesionales y embalses

En el régimen de derechos de aguas y su control, el Gobierno regional se reserva para si la competencia de otorgar las concesiones de recursos hídricos reservados a la Comunidad Autónoma en la planificación hidrológica. No obstante, hasta la aprobación de este plan la Junta concederá las concesiones de los recursos hídricos en los sistemas de explotación del ámbito territorial exclusivo de la Comunidad. Del mismo modo, el Gobierno regional deberá otorgar las autorizaciones relativas al uso o aprovechamiento del dominio público hidráulico y a las cesiones de derecho al uso privativo de las aguas.

Estado y Comunidad podrán crear centros de intercambios de derechos de agua y corresponderá al Gobierno central la contabilidad e inscripción de las operaciones que realicen estos centros. En la gestión de los embalses, la propuesta de negociación recoge que la Junta explotará, conservará y establecerá el régimen de desembalses de los aprovechamientos hidráulicos y demás obras hidráulicas serán también competencias del Gobierno regional.

Órganos de gestión

Respecto de los órganos de gestión y participación pública, la Administración del Estado presidirá el Comité de Autoridades Competentes y el Consejo del Agua de la Demarcación Hidrológica del Duero, en los que se integrará la Junta, mientras que el Estado deberá estar en los órganos que cree el Gobierno regional para gestionar esta competencia. La Junta tendrá también representación en el Consejo de Administración de la sociedad estatal Aguas del Duero, siempre según la propuesta de la Junta, a la que ha tenido acceso la agencia Ical.

Dominio público hidráulico

Por otro lado, se reserva al Estado la gestión de los Sistemas Integrados de Información Hidrológica y de Calidad así como el Registro de Zonas Protegidas, mientras que corresponderá a la Junta la declaración de Zonas Protegidas en su ámbito territorial y trasladar la información del registro autonómico para su inclusión en este registro de zonas protegidas. También el Censo de Vertidos corresponderá al Estado, si bien ambas administraciones compartirán competencias sobre las autorizaciones de vertido a cauces públicos, la policía de aguas y régimen sancionador y el apeo y deslinde del Dominio Público Hidráulico.

Obras públicas

Respecto de las obras públicas, cada administración programará, aprobará y ejecutará las que sean de su interés, aunque en conjunto colaborarán mediante convenios en el desarrollo de las obras hidráulicas de interés general del Estado o de la Comunidad Autónoma.

En caso de que el acuerdo sea aceptado por ambas partes se abrirá un plazo de siete u ocho meses para la publicación del Real Decreto de transferencia, modelo seguido para el caso de la Cuenca del Guadalquivir y tomado como ejemplo por la Junta de Castilla y León, más cuando el anterior presidente de la Junta de Extremadura, Manuel Claves, es el vicepresidente competente de las relaciones con las autonomías.

Precisamente, la llegada de Chaves al Ministerio de Política Territorial se ha visto en la Junta con optimismo para el traspaso de esta materia, a la se aspira desde hace años, más después de su inclusión en el Estatuto de Autonomía en la reforma aprobada en noviembre de 2007. Desbloqueada la negociación, el Gobierno regional confía, al haber visto “mayor sensibilidad” en Chaves que en Elena Salgado, en que la Comisión de Cooperación, prevista para octubre, dé el visto favorable al texto que ha propuesto.