El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda de Castilla y León. Esta iniciativa es una prioridad del Gobierno de Castilla y León al servicio de los ciudadanos y las familias, que establece los mecanismos en materia de políticas activas, de coordinación con otras Administraciones y de planificación.

Asimismo, es fruto del consenso y del Diálogo Social de todos los agentes implicados en el sector de la vivienda, y establece de forma ordenada y transparente las condiciones que permitan estimular la promoción y rehabilitación de viviendas, en general, y las viviendas protegidas, en particular.

El proyecto de ley, que será remitido a las Cortes para su tramitación y posterior aprobación, garantiza los derechos y deberes de las personas y familias, la igualdad en el derecho a la vivienda protegida, la protección de los ciudadanos en la adquisición y arrendamiento de vivienda, la calidad, habitabilidad y accesibilidad, con especial atención a los colectivos más necesitados, así como la transparencia en la edificación y promoción de viviendas, protección medioambiental y garantías sostenibles. El texto normativo se estructura en una exposición de motivos, 9 títulos (preliminar y 8 títulos), 108 artículos, 3 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, una derogatoria y  4 disposiciones finales.
 
El título preliminar establece los principios generales destacando, por encima de todos, el principio de igualdad en el derecho de acceso a una vivienda protegida. En este apartado se presta especial atención a los colectivos más necesitados: jóvenes, familias, familias numerosas, monoparentales con hijos menores o mayores dependientes, familias con parto múltiple o adopción simultánea, personas con discapacidad, personas de 65 años o más, víctimas de la violencia de género, víctimas del terrorismo, emigrantes y colectivos en riesgo de exclusión social.
 
El Título I aborda las competencias en materia de vivienda y la coordinación entre las diferentes administraciones, dotando de un mayor protagonismo a las entidades locales. De esta forma, le corresponde a la Junta de Castilla y León el desarrollo de una política propia en materia de vivienda, y a las administraciones locales les corresponde ejercer sus competencias de vivienda de acuerdo a la legislación de régimen local, la legislación urbanística y la presente Ley, así como cualquier otra normativa de aplicación.
 
El Título II regula la calidad de las viviendas y de los edificios facilitando la accesibilidad, la eficiencia energética y el desarrollo sostenible. Se establece una arquitectura bioclimática adaptándose a la realidad de cada uno de los rincones que conforman el clima tan variado de nuestra Comunidad.

El Título III detalla los derechos de los compradores y los arrendatarios de viviendas con especial atención a aquellos que quieren comprar o alquilar una vivienda protegida. Se establece el carácter vinculante para el promotor y exigible por parte del comprador o arrendatario de las características y condiciones de las viviendas y sus anejos ofrecidas en la publicidad.

El Título IV regula el régimen de las viviendas protegidas y define el concepto, el régimen de uso, la posibilidad del alquiler con opción de compra y la tipología de viviendas protegidas. Asimismo, se detallan las distintas formas de vivienda protegida, de promoción pública y de promoción privada; se regula la figura del autopromotor y del promotor para uso propio; se regula el acceso a la vivienda de protección, prevaleciendo el principio fundamental de la igualdad; se da rango legal al Registro de Demandantes de Viviendas Protegidas de Castilla y León, y se regulan las prohibiciones y limitaciones y los derechos y prerrogativas de las administraciones públicas.

El Título V aborda el fomento del alquiler y recoge las actuaciones que comprende el programa del mismo nombre, como la puesta en el mercado de viviendas vacías y desocupadas; el Título VI establece los cauces de colaboración entre los ámbitos público y privado, el Título VII regula los órganos colegiados en materia de vivienda; y el Título VIII, y último, está dedicado al régimen sancionador en materia de vivienda.

Portátiles para Educación

En materia de educación, el Consejo de Gobierno ha aprobado dos acuerdos. El primero es la aprobación del suministro de ordenadores portátiles para alumnos de 5º y 6º de Primaria de Castilla y León por valor de 5.552.941 euros destinados a la puesta en marcha del Programa 'Red Escolar Digital Siglo XXI' (Red XXI), en el marco del convenio firmado entre el presidente de la Comunidad, Juan Vicente Herrera, y el ministro de Educación, Ángel Gabilondo.

El segundo es la aprobación de la adquisición de ordenadores de sobremesa por un importe de 593.409 euros destinados a centros públicos de Castilla y León, dentro del Programa 'Internet en el Aula'. Este acuerdo comprende el suministro de 1.000 ordenadores y monitores dirigidos a 160 centros donde se imparten Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Educación Especial, así como los conservatorios profesionales de música de Ávila, Burgos, Astorga, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.

Economía

El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de subvenciones por importe de 232.804 euros a distintos laboratorios industriales instalados en Castilla y León cuyas actuaciones están orientadas a garantizar la precisión de los componentes industriales de acuerdo con las exigencias de calidad internacional que permiten la salida de los productos industriales de la Región a los mercados español y exterior.

Otros acuerdos

El Consejo de Gobierno ha aprobado otros acuerdos entre los que figuran una inversión de 380.000 euros para la adquisición de 20.000 dosis de vacuna DTPA, una 60.000 euros para las asociaciones de laringectomizados, celiacos, malformaciones congénitas y Secretariado Gitano, una aportación de 9.015 euros a la Red Española de Albergues Juveniles, una inversión de 500.000 euros para promover el deporte escolar, y la concesión de subvenciones por importe de 200.000 euros para las Juntas de Cofradías de Semana Santa.