La Junta de Castilla y León estudia la apelación ante el Tribunal Supremo en interés de la ley de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la autorización para instalar 44 aerogeneradores en el parque eólico Murias II, ubicado en el término leonés de Murias de Paredes. “Respetamos la sentencia, pero no la compartimos”, aseguró ante el pleno de las Cortes el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, quien añadió que se ha pedido a los promotores un estudio global de la zona.

El socialista Pedro Nieto pidió conocer los planteamientos para evitar en el futuro sentencias contra el sector de la energía eólica y recordó al vicepresidente que el “juez no es de un grupo ecologista”. Villanueva había culpado antes a un grupo ecologista de no tener interés en el desarrollo de las energías renovables en la zona”.

Villanueva sostuvo que la sentencia tiene dos problemas, la relativa a la tramitación ordinaria y no simplificada que pide para la declaración de impacto ambiental y que la tramitación tiene que ser global y no troceada. “Hay errores de bulto en la sentencia”, opinó, de ahí que la Junta estudie la apelación ante el Supremo.

Por el contrario, Nieto subrayó que la sentencia ve ilegal que se fragmenten los proyectos con la intención de eludir la normativa de las eléctricas y acceder a bonificaciones de régimen especial. El procurador, en contra de lo manifestado por el vicepresidente, aseguró que hay problemas medioambientales en el proyecto y avisó de que otros doce parques “puedan correr la misma suerte”. “Pido que se aclare”, aseveró.

También reclamó que se aclaren unas manifestaciones del delegado territorial de la Junta en León en las que apuntaba a los funcionarios de los errores en la tramitación y añadió que, de tener en cuenta esas aseveraciones, “se podría pensar en una trama eólica”. “No hay ninguna trama, ni desconfianza del sector, lo que crea desconfianza es el cambio de regulación por el Gobierno de España”, concluyó. Por último, explicó que se ha pedido a los promotores un estudio global de la zona.

Tomás Villanueva, durante el pleno de las Cortes. (Foto: Ical)

El conflicto del carbón

El vicepresidente primero y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, reiteró hoy que el carbón es “para quemarlo y no para almacenarlo” así criticó la política de “miopía” del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Consideró “absurdo” que la empresa pública Hunosa absorba la producción del mineral negro autóctono ya que “pone en riesgo al sector” minero de Castilla y León y genera un “problema mayor”.

Así lo aseguró Villanueva que respondió una pregunta parlamentaria que planteó el portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, en la primera sesión del pleno que se celebró en las Cortes de Castilla y León. El consejero de Economía lamentó que el Instituto del Carbón tenga pendiente destinar una partida de 100 millones de euros a las cuencas mineras aunque sus mayores críticas fueron para la propuesta del jefe del Ejecutivo nacional de almacenar carbón ante la decisión de algunas eléctricas de no comprar carbón autóctono.

El vicepresidente segundo aseguró que Hunosa comience a operar en el ámbito comercial del sector amenaza su futuro y recordó que en agosto el máximo responsable de esta compañía pública estaba “in albis” ya que desconocía esta medida. También exigió una vez más al Gobierno de España que mantenga los incentivos para garantizar la compra de mineral español, una cuestión que recoge el Plan del Carbón (2006-2012). Así rechazó que su eliminación porque en 2008 el carbón internacional no fuera competitivo y su precio cayera. Por ello, también criticó la falta de sentido crítico y de objetividad del Grupo Parlamentario Socialista.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, afirmó que la minería vive una situación “dramática” y advirtió que unos 4.000 mineros de León y Palencia pueden ir al paro al igual que los empleados de las centrales térmicas. Indicó que el almacenamiento de carbón por la empresa pública Hunosa es “chapucera” y “pan para hoy y hambre para mañana”. Apoyó la medida de incentivar la utilización de carbón autóctono aunque recordó que el Gobierno de la nación asegura que esta medida entra en conflicto con la legislación europea.