Izquierda Unida León (IU) ha reconocido este viernes que el decreto emitido por la Fiscalía respecto al caso de la Llionpedia "no ve delito y deja claro que el sistema legal español es garantista y defiende los derechos de libertad de expresión hasta niveles que incluso protegen los contenidos incorporados y no negados de la Llionpedia".

"En coherencia con lo anterior y teniendo en cuenta que la fiscalía necesita no solo contenidos justificatorios o negacionistas sino el requisito "sine qua non" de incitación al odio y a otros delitos de terceros entonces acatamos el decreto y aceptamos la resolución", advierte.

Sin embargo, a juicio de IU, "debe tenerse en cuenta que en ningún momento se niegan los contenidos denunciados ni se disminuye su gravedad, simplemente no cumplen los requisitos requeridos para ser delito. El hecho de contar con estas garantías y la dificultad para aplicar un artículo, como el 607.2, que se está demostrando completamente inútil cada vez que surge un  problema como el de León nos lleva a estar contentos en la defensa de la libertad de opinión para cualquier ideología, incluso las más repugnantes, pero tememos que se estén abriendo caminos para extender ideologías totalitarias sin que las administraciones tomen medidas reales en defensa del modelo democrático".

En la parte negativa IU encuentra "que los hechos y opiniones denunciadas entran claramente en los preceptos incorporados al Código Penal, con la salvedad de la incitación a terceros a cometer delitos y debiendo respetarse los preceptos incorporados por el Tribunal Constitucional, por tanto la gravedad de los mismos no disminuye por no ser penalmente punibles y la responsabilidad política sigue vigente, como no puede ser de otra manera".

IU no se arrepiente de sus afirmaciones, y "en coherencia con la posición mantenida en las últimas semanas felicitamos a Auslli y el resto de los administradores de la Llionpedia por haber sido exhonerados de cualquier responsabilidad penal pero la política queda pendiente y el Fiscal no solo no inhabilita su exigencia la fundamenta. Los contenidos denunciados, reiteramos, no se cuestionan en su gravedad y para IU el borrón y cuenta nueva no nos vale. Dado que IU ha sido rigurosa y Abel Pardo sabe que no puede actuar judicialmente contra nosotros ni contra ninguno de los medios de comunicación, que han hecho un gran trabajo desarmando todos sus razonamientos y maniobras para justificarse, no podemos más que mantenernos firmes en que las responsabilidades políticas siguen vigentes. Auslli debe ser localizado y el Ayuntamiento de León no puede soportar la vergüenza de legitimar la incorporación de contenidos ultraderechistas en instrumentos controlados y pagados con dinero público. Menos aún tolerar el ataque al trabajo riguroso de periodistas valientes y que no tienen nada de que arrepentirse".