El sindicato Fitag-UGT valoró este jueves la campaña de movilizaciones efectuada en defensa de la minería del carbón, en la que se encuadran tanto la manifestación llevada a cabo este miércoles como la del pasado 31 de mayo. Sin embargo, advirtió que mientras la administración del PP se mantenga “en su actitud”, que conduce “al cierre” de la minería del carbón y “condena a la pobreza” a las comarcas mineras, se mantendrá el proceso de movilizaciones “hasta que no se alcance una solución para el conflicto”.

Según explicó el sindicato a través de un comunicado, las medidas de protesta ejecutadas hasta el momento han servido para “explicar, atraer solidaridad y concienciar a la sociedad” de la problemática por la que atraviesa el sector, posibilitando sumar adhesiones a las “justas” reivindicaciones. Y fruto de ello son las “altas cotas de solidaridad” recabadas, tanto de la ciudadanía en general, como de los sindicatos internacionales, las organizaciones vecinales y los partidos políticos.

Además, estas movilizaciones han tenido un “alto eco” también a nivel internacional, lo que ha permitido “sensibilizar” a la opinión pública con la problemática de un sector “estratégico” y que es “necesario” para la economía española, al ser la única fuente de energía autóctona de la que se dispone y cuya desaparición “arrastraría a las comarcas mineras a la pobreza y a la despoblación”.

A juicio de Fitag-UGT, el “incumplimiento” por parte del Gobierno en la negociación de una solución que dote “de futuro” a la minería del carbón y a sus comarcas fue el desencadenante de una serie de movilizaciones de cuyo extremo “son ellos los responsables”, a quienes acusaron de querer “vaciar de contenido” la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón para conducir al sector “a su desmantelamiento”, aspecto que supuso la “piedra angular” que provocó el inicio de una huelga que se mantiene hasta la actualidad.

Recordaron que la huelga ha venido respaldada por encierros en los pozos Candín y Santiago(Asturias), Santa Cruz (León), Ariño (Teruel), las Diputaciones de Palencia y León y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea (Asturias). La situación de los encerrados ha puesto en relieve la “gravedad” de la situación provocada por el Gobierno del PP y ha captado la solidaridad de toda la ciudadanía de las cuencas mineras y la ha concienciado incluso para llevar a cabo un paro general que tuvo lugar el pasado 18 de junio.

La negativa del Ministerio de recibir a la totalidad de los miembros integrantes de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón provocó el encadenamiento de estos a sus puertas y sirvió para iniciar “un grado más” en la escalada de movilizaciones con la convocatoria de la Marcha del Carbón, que partió de las cuencas mineras de Teruel, León y Asturias el pasado 22 de junio, y que fue captando la solidaridad y el apoyo de los ciudadanos de los territorios que atravesó y la atención sobre la problemática del sector.

Ayer, con la finalización de esta marcha en Madrid, se escribió un “nuevo capítulo” de este proceso con la manifestación que discurrió ayer por el Paseo de la Castellana, y que culminó frente al Ministerio de Industria con todo un “clamor popular” que acompañó a los mineros y a los representantes sindicales durante la manifestación que puso en evidencia el “alto grado de apoyo” para proseguir en la lucha por el futuro de la minería del carbón y las comarcas mineras “hasta alcanzar una solución que garantice la continuidad del sector”.

Esta solución pasa “necesariamente” por la convocatoria “urgente” de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón en la que el Ministerio se comprometa a buscar una solución que garantice la continuidad de las explotaciones mineras, el empleo y la reactivación económica en el año 2012, y además se sienten las bases para un nuevo plan que arranque a partir de 2013 con una fecha de conclusión a negociar. También es “urgente y necesaria” la planificación de una política energética que contemple un mix “diversificado” y proceder con ello al cumplimiento de la directiva que garantiza la libre disposición de cada Estado a consumir el 15 por ciento de energía autóctona.