A raíz que el Departamento de Estado de los EEUU haya denunciado la vulneración de los derechos humanos en Cataluña y Baleares, a causa de la política lingüística que margina el uso del castellano, el presidente del Gobierno de España, Rodríguez Zapatero, ha prometido hacer llegar a dicho organismo un "completo informe" en el que quede reflejada "la convivencia lingüística en las comunidades con lenguas cooficiales funciona razonablemente".
Al mismo tiempo sería justo, necesario y conveniente reflejar , en ese mismo informe, la complaciente aquiescencia del inquilino de la Moncloa con la política de sanciones económicas impuestas, por los organismos autonómicos, a aquellos comerciantes que, haciendo uso de sus derechos constitucionales, usan el castellano para rotular en sus negocios.
Para terminar quisiera transcribir literalmente el artículo 3.1 de nuestra vigente Constitución, que en algunas comunidades parece ser papel mojado y, lo que es aún más grave, que algunos dentro del propio Gobierno de España parecen haber selectivamente olvidado: "El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla".
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