Así, han señalado en un comunicado de prensa que la Justicia da “por cerrado” el caso, reconoce los derechos laborales de cinco trabajadoras y un educador y “deja en entredicho tanto las irregulares formas de contratación” por parte de la administración autonómica, así como la “falta de competencia y de responsabilidad” por parte de los gestores.
Después de seis años como educadores en el Musac, el colectivo reclamó sus derechos al ver mermadas sus condiciones laborales, lo que provocó que fuera despedido. Tras la primera sentencia, la Fundación Siglo recurrió, algo que “no ha hecho más que alargar innecesariamente su situación de desprotección social, además de aumentar los costes de un proceso judicial y de unos intereses de demora sufragados con dinero público”.
De los seis trabajadores, la Justicia ha dictaminado que cinco de los despidos son improcedentes y uno más nulo. “Con esta sentencia, queda probado que lo que hemos reclamado está recogido y amparado por la legislación en materia de derechos laborales y así se ha demostrado en los juzgados”.