La Cámara de la Propiedad Urbana de León ha recordado que tanto la Ordenanza Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como los anuncios de cobranza publicados anualmente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) fijaron “expresamente” la posibilidad de pagar el Impuesto en dos períodos voluntarios, el primero con el 60% de la cuota finalizando el segundo (40% de la cuota) el próximo día 5 de diciembre.

La Cámara denunció en su día ante el Procurador del Común y posteriormente en el Juzgado Contencioso Administrativo de León la ilegal actuación del Ayuntamiento, que no admitía el fraccionamiento del pago si no se domiciliaba el segundo plazo en una cuenta bancaria, lo que tuvo como consecuencia el cobro de recargos de apremio a numerosos ciudadanos por no cumplir con este requisito.

Ahora el Procurador del Común ha dado la razón a la Cámara afirmando que “no existe ninguna norma que exija a los ciudadanos ser titulares de una cuenta bancaria”. Tampoco está de acuerdo con que este sistema facilite el pago a los obligados, ya que sólo “lo hará en el caso de que estos sean titulares de una cuenta bancaria, circunstancia esta que no tiene por qué concurrir en todos los casos”.

Igualmente considera el Procurador del Común que se ha podido producir una infracción del ordenamiento jurídico “estableciendo como único medio de pago la domiciliación bancaria”, en contra de lo dispuesto por el Reglamento General de Recaudación. Por último, desmonta el argumento del Ayuntamiento que afirmó hacerlo por comodidad del contribuyente, señalando que “sería comodidad si así se ofreciera como posibilidad y no como obligación”.

Tomarse en serio

Las resoluciones del Procurador del Común no vinculan al Ayuntamiento, pero considera que son una advertencia de una institución de alto prestigio, que debería tomarse muy en serio el responsable de la Concejalía de Hacienda y obrar en consecuencia, sin esperar a una confirmación por sentencia judicial.

El presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana, Luis Álvarez Méndez, manifestó su desconfianza en este extremo: “Si el mensaje que significó la interposición de más de 74.000 recursos no sirvió para paralizar la subida del IBI, difícilmente este Ayuntamiento va a tomar en consideración una resolución del Procurador del Común que no vincula en cuanto a una actuación municipal, motivada exclusivamente por el afán recaudatorio.

Esta forma arbitraria e irregular de actuar es intolerable en una Administración Pública y supone un atropello a los derechos de los ciudadanos, que ponen en entredicho la credibilidad y confianza en las Administraciones. Esperamos, no obstante, que el órgano jurisdiccional emita pronto una resolución que restablezca la legalidad”.