El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León criticó este viernes “la marginación, el desprecio y la indecencia política de la Junta” en la aplicación en la Comunidad de la Ley de Dependencia, certificada por datos tales como que de los 15.000 grandes dependientes que existen en Castilla y León, la Consejería de Familia tan sólo ha reconocido los derechos de dos personas que no estén siendo asistidas en residencias, y ninguna de ellas en la provincia de León. Esto significa que únicamente se ha dado el visto bueno dos altas (ambas en Ávila) como asistentes sociales de sus familiares en el propio domicilio.

Así lo puso de manifiesto el portavoz del Psoe en la Comisión de Familia de las Cortes, Fernando Rodero, que destacó que frente a estos dos únicos casos de Castilla y León hay que contabilizar ya más de 10.000 en el resto de España.  Rodero instó a que la administración autonómica deje ya de “utilizar a los dependientes como moneda de cambio político”, porque a su juicio “utiliza a los más débiles para desgastar a quienes han impulsado” esta novedosa Ley, es decir, al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y Amparo Valcarce, artífice de este nuevo derecho de ciudadanía.

Rodero resaltó que Castilla y León, con un 28% de los hogares con caso de presencia de un discapacitado o un dependiente, no ha llegado aún al 3% de solicitudes ante el Ministerio de concesión de ayudas.

Por su parte, la procuradora leonesa Victorina Alonso resaltó que según sus cálculos “los dependientes de León han perdido 15,7 millones” de euros “que han ido a parar a los bolsillos de la Junta”, ya que lo que más ha acelerado la administración autonómica es la valoración positiva de los casos de dependientes ya atendidos en residencias.

De los 6.246 casos solicitados en la provincia leonesa, a fecha de hoy existen 612 atendidos y ni un solo puesto de trabajo creado, por lo que considera que la Junta “ha aprovechado la financiación (estatal) para recaudar”. Victorina Alonso insistió en que la Junta continúa “boicoteando” la aplicación integral de la Ley. A la rueda de prensa acudieron también los procuradores leoneses Alfredo Villaverde y Ángela Marqués.

"Sí a las reivincidaciones históricas"

Los procuradores leoneses del Grupo Parlamentario Socialista salieron este viernes al paso de las recientes declaraciones del consejero portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, criticando el “provincianismo” de las críticas socialistas a la falta de apuesta de la Junta por la provincia leonesa, y tildaron sus palabras de “absoluta vergüenza” porque “denota el concepto de Comunidad que tiene el Partido Popular”, un concepto “centralista” que les impide ver la realidad de otras provincias como León “desde la atalaya de Valladolid”.

Así de tajante se expresó el procurador Alfredo Villaverde, quien dejó claro que “no vamos a consentir que se cercenen las reivindicaciones históricas por falta de inversiones que no se han realizado en nuestra provincia”.

Villaverde puso ejemplos gráficos tales como la ausencia de la banda ancha en el Parque Tecnológico de León, en comparación con el de Boecillo en Valladolid, el “reparto caciquil” que la Junta hace de los fondos sin provincializar, que benefician igualmente a Valladolid, o las grandes inversiones culturales en otros puntos que contrastan con cómo “racanea” la Junta en instalaciones como el Palacio de Congresos de León.

A juicio del parlamentario autonómico, la Junta “realiza una política clientelista marginando sistemáticamente a provincias de distinto color político y no pueden soportar que por ejemplo León haya ganado las últimas elecciones autonómicas y las generales”.