El magistrado, desafiando a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que se negaban a llevar a juicio a la hija de don Juan Carlos, acusa a la infanta de ser “cooperadora necesaria” de los delitos fiscales de su marido, quien ocultó al fisco182.005 euros de IRPF en 2007 y 155.138 euros en 2008. Castro, en su auto, sostiene, en síntesis, que la intervención de la duquesa a través de Aizoon, la empresa familiar que comparte con Urdangarin, fue imprescindible para cometer esos dos delitos.
El juez, por tanto, ha rechazado, tal y como reclamaba la Fiscalía y la propia defensa de la duquesa, aplicarle la denominada ‘doctrina Botín’, según la cual no puede abrirse juicio contra una persona por delitos fiscales si la Abogacía del Estado (defensora de la Agencia Tributaria) y la Fiscalía (defensora del interés general) no se consideran damnificadas y no acusan.
El magistrado, tal y como se esperaba, ha hecho suyo el “matiz” que le señaló la Audiencia Provincial en su autor del pasado 7 de noviembre, en el que le abrió el camino a sentar en el banquillo a la duquesa, al entender que la ‘doctrina Botín’ no es aplicable en este caso porque la imputada está acusada de “cooperación necesaria” en los dos supuestos delitos fiscales cometidos por su marido y e que estos ilícitos se van a juzgar de cualquier modo porque sí hay acusación pública.
Tras el auto de hoy -que no puede ser recurrido por los imputados aunque sí, indirectamente por la Fiscalía, aunque seguramente con poco éxito- la hija de don Juan Carlos se enfrentará a un juicio en el que la acusación de Manos Limpias le pide hasta ocho años de cárcel por haberse participado de manera activa, a través de Aizoon, la empresa que comparte el matrimonio, de los dos fraudes de su marido al fisco.
El auto de apertura oral conocido este lunes, además, demuestra que la decisión de la infanta de pagar los 587.413 euros que la Fiscalía le reclama como responsabilidad civil por haberse enriquecido con esos dos fraudes no va hecho cambiar de parecer a Castro con respecto a la responsabilidad penal de la imputada.
La decisión del juez de sentar en el banquillo a la infanta ya se venía venir desde que el pasado verano mantuviera imputada a Cristina de Borbón, un fallo confirmado en noviembre por la Audiencia Provincial.
«Hay sobrados indicios –había escrito Castro hace solo seis meses- de que Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social» de Aizoon, la empresa que al final ha sido el punto débil de la defensa de la hermana de Felipe VI.