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Según ha detallado Picallo, desde el año 2005 el Ayuntamiento de León no emite parte de los recibos, por lo que la gran mayoría del gasto de agua en la ciudad no se paga. Se trata de un dato “inaceptable” y “gravísimo” que, además, genera una “injusticia social inadmisible”. Se trata de una información que se ha obtenido tras un estudio de dos meses sobre la situación de Aguas.
En concreto, tal y como ha comentado Picallo, el Ayuntamiento sólo facturó en el año pasado el 37% de los 25 millones de metros cúbicos de agua que se consume en la ciudad. Por lo tanto, las arcas municipales han dejado de percibir el 63%, un total de 12,5 millones de metros cúbicos, ya que de ese porcentaje hay que retirar el consumo que se realiza en el propio consistorio, que asciende de tres millones de metros cúbicos.
Ese 63% en dinero es una cantidad que la edil no ha podido concretar ya que hay que tener en cuenta que dentro de ese porcentaje de personas que no pagan su recibo existen cuotas diferentes de pago. Además, Picallo ha asegurado que es una situación que en el Ayuntamiento de León se viene repitiendo, al menos, desde el año 2005 y que ahora “obliga” a que el actual equipo de gobierno tenga que “cambiar el modelo de gestión” por que no es una “situación coyuntural”.
Del mismo modo, ha responsabilizado al Partido Popular de esta situación. “Si el PP lleva gobernando 20 años, blanco y en botella”, ha explicado Picallo quien ha indicado que la pérdida de los ingresos del agua se debe a un “fraude en la gestión” que ha ido “deteriorando el servicio” y “derrochando un recurso natural y esencial”. Del mismo modo ha comentado que no “entiende” por qué el Partido Popular en su momento no tomó “ninguna medida”. “Un político tiene que ser responsable y evitar estos desmanes”.
Ante esta situación, la edil ha explicado que desde el equipo de gobierno se quieren dejar una serie de “preguntas sobre la mesa”, una vez analizada la situación del servicio municipal como por qué las fuentes de la ciudad no tienen un sistema de retorno para reutilizar el agua que, además, es potable. O lo baldeos por el Casco Histórico, que también se hacen con recursos aptos para el consumo, así como los espacios verdes que se riegan con la misma agua. También ha indicado que un “complejo importante” de viviendas en el centro de la ciudad, está exento del pago, aunque no ha precisado más detalles al respecto.
El contrato, después del verano
Por lo tanto, desde el equipo de gobierno se considera que hasta ahora, el servicio de Aguas ha contado con una estructura “obsoleta” con un sistema administrativo que no está “especializado” y que no cuenta con una tecnología que redunde en la innovación y en la eficacia. Por eso, con la decisión municipal de externalizar el servicio, se pretende “dar un vuelco” a esa gestión, asegurando que el 51% permanecerá bajo la administración municipal.
En este sentido, Picallo ha anunciado que después de la redacción de los pliegos del contrato para adjudicar el servicio a una empresa “especializada”, se llevarán a pleno para su aprobación y, tras los pertinentes trámites administrativos, el servicio podría quedar adjudicado después del verano.
Mejora del servicio
Por su parte, la concejala de Obras y Promoción Industrial, la leonesista Gema Cabezas, ha explicado que su partido, la UPL, no era “muy partidaria” de ese cambio de modelo, aunque después del análisis que se ha producido sobre el ahora no le queda “otra” que sumarse a esa propuesta, que se está realizando de una forma “totalmente transparente”.
Ha asegurado que esa decisión no tiene por qué conllevar un aumento en las tasas, tal y como defiende el Partido Popular, si no todo lo contrario, ya que el nuevo modelo de gestión mejorará la eficacia y la eficiencia, lo que redundará en un incremento del superávit de Aguas que terminará revirtiendo en el propio servicio para optimizarlo.
Se trata de iniciar una “gestión responsable del agua” adjudicando el servicio a una empresa especializada en el sector que cuente con laboratorios, personal “altamente cualificado”, instalaciones “adecuadas”, con tecnologías apropiadas y que establezca un “control del fraude”. También se procurará informar al usuario para llevar a cabo una campaña de concienciación sobre el ahorro del agua y que todo ello redunde en incrementar ese 37% de beneficios en un “90 ó 95” para “llevar a cabo una mejora de la red que redunde en que la tasa permanezca más o menos estable”.

