El alcalde de Toral de los Vados, el socialista Pedro Fernández, defendió este sábado el comportamiento de cementos Cosmos como “exquisito” y considera que las manifestaciones contra la coincineración en la cementera solo sirven para “desprestigiar” al municipio y “ensuciar” los productos bercianos. “Creo que no había que darle el trasfondo que se le está dando, una mala imagen de nuestra localidad a través de la coincineración”, valoró el primer edil.

“Lo que en estos últimos tiempos he visto es mala fe por algunas personas de intentar desprestigiar un municipio”, afirmó Fernández, quien añadió que estas movilizaciones “pueden ensuciar el nombre de toda la comarca y no solamente el pueblo de Toral de los Vados, también se están ensuciando los productos bercianos”.

“En el caso de que al final se realice cualquier tipo de coincineración, por la imagen que los mismos agricultores están dando, están en perjuicio de su propio producto y eso es muy malo para nuestra zona, para nuestro progreso y para nuestro futuro”, advirtió el socialista, que insistió en que es una normativa de la Junta de Castilla y León, responsable de la otorgación de la autorización ambiental a Cosmos para esta polémica actividad.

En su opinión, hace falta más información y considera que muchas veces se habla sin saber “en el fondo” lo que se va a hacer. Así, apuntó a que “todo está controlado” a través de la Junta. “No puedo decir que es un proyecto mortal porque yo creo que si tuviera algún perjuicio para la salud y el medio ambiente, la Junta de Castilla y León no autorizaría y, además, si está controlado permanentemente y en tiempo real las emisiones, si saltara cualquier tipo de disparador serían los primeros en ordenar la paralización “, valoró Fernández.

En esta línea, abogó por arreglar las cosas de forma “más tranquila, sosegada y tranquila”, defendió la postura de los trabajadores de la factoría de Toral “que serían los primeros que se pondrían en contra” si dicha actividad tuviera consecuencias negativas y rechazó la posibilidad de cerrar una empresa que lleva 90 años instalada en El Bierzo. “Es en el parlamento autonómico donde se legisla y la que puede anular la autorización si las pruebas no dan es la Junta, no es ni la empresa, ni el ayuntamiento, ni los trabajadores”, insistió.