Ecologistas en Acción ha interpuesto ante el Juzgado de Instrucción de León, una querella criminal contra el alcalde de La Robla, José Luis García Fernández, por prevaricación; contra el técnico de urbanismo por el mismo delito y falso testimonio; y contra el administrador único de Metalúrgica del Principado, SA por delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, actividad clandestina y desobediencia.

"Hay que resaltar que la citada  empresa sigue realizando, a día de hoy,   obras con normalidad en La Robla a pesar de que la alcaldía ordenara su paralización inmediata, por decreto publicado en el BOP el día 20 de marzo 2009. En la querella se pone de manifiesto la pasividad del querellado, el alcalde de La Robla, que está permitiendo  el incumplimiento de su propio decreto", asegura la formación ecologista en una nota pública.

Las obras se iniciaron a finales del verano  2008, amparadas en "licencias  por acción o por silencio e informes técnicos que resultan falsos". De manera que a día de hoy están prácticamente terminadas, edificadas en suelo rústico, sin autorización ambiental "y con actuaciones fraudulentas que han motivado que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, no haya podido  determinar la paralización cautelar".

"Todo  ello a sabiendas del Ayuntamiento, que ha consentido lo actuado al  margen de la legislación  medioambiental y urbanística y ahora tolera que las obras sigan, sin impedirlo ni poner en conocimiento del Juzgado de Instrucción la posible  desobediencia", afirma Ecologistas en Acción.

De este modo la querella criminal se ha acompañado de petición de medidas cautelares consistentes "en acordar la inmediata paralización de las obras que está ejecutando Metalúrgica del Principado, SA en el paraje “Quintanos” de La Robla, oficiándose a tal fin, a la Policía Judicial para que lo lleve a efecto".

"Recordamos que las obras de la  mercantil asturiana serán destinadas al almacenamiento y fundición de  residuos de chatarra férrica. Es esta una  actividad insalubre, nociva y peligrosa,  potencialmente muy contaminadora del suelo, el agua y en especial del aire,  por la emisión de partículas que vehiculan  metales pesados.  Los restos de  aceites y grasas, pinturas, madera, gomas o textiles contenidos en la chatarra, provocarán la liberación de sustancias tóxicas orgánicas como hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), también dioxinas y furanos", advierte la nota.

Ecologistas en Acción viene solicitando a las autoridades competentes  que en La Robla que "se prohíban nuevas actividades industriales que incrementen las emisiones contaminantes en tanto se mantenga el incumplimiento de los valores límite que aseguran la protección de la salud humana en La Robla y en su área de influencia que alcanza el municipio de León".

"Es inaceptable, en un estado de derecho, que con la escusa de crear unos puestos de trabajo, las distintas administraciones permitan que  los fondos públicos Miner acaben subvencionando actividades clandestinas, que degradan el medio ambiente. Se antepone el lucro de  empresas y empresarios   al derecho fundamental  a  la salud y al disfrute de un medio ambiente adecuado que tienen las poblaciones afectadas,  castigadas -como es el caso de La Robla-,  por  la implantación de industrias que nadie quiere cerca de su lugar de residencia", afirma Ecologistas en Acción.