Viernes 10 de febrero de 2012 | Actualizado a las 22:16 h.
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![]() La viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, mantiene una reunión con los representantes de la Asociación Regional de Municipios Mineros (Foto: Ical). |
En un encuentro mantenido con la viceconsejera de Economía de la Junta de Castilla y León, Begoña Hernández, y con el presidente de la Asociación Regional de Municipios Mineros (Armi), Miguel Ángel González Robla, Durán aseguró que “la experiencia ha demostrado que es muy difícil reindustrializar, ya que los años pasan y no se crean empleos alternativos”, por lo cual “varios ayuntamientos de León y Palencia se verían abocados a que la gente se fuera”.
Por su parte, González Robla afirmó que “todos los grupos políticos deben ponerse de acuerdo para defender los intereses de la Comunidad y de España en cuanto a la minería”, y recalcó su “especial preocupación” por el mantenimiento del empleo en las zonas afectadas.
“La minería ha vivido una reestructuración muy importante, que ha sido muy dolorosa para todas las partes, y se ha trabajado mucho para que el carbón sea más limpio, con plantas de captura del CO2 en las que se está invirtiendo mucho dinero. Si siguiera adelante este nuevo reglamento perderían su sentido todas estas inversiones y el esfuerzo que durante los últimos años han realizado todas las parte, tanto los trabajadores como las administraciones locales, regionales y central”, aseguró antes de reconocer que la situación “es muy complicada”, y apuntar que lucharán “hasta el final” con “fuerza, ganas e ilusión”.
La viceconsejera, por su parte, se comprometió a mantener informados a los municipios “en todo momento” de la evolución de las negociaciones, y apuntó su intención de conseguir formar “un frente común” entre todos los partidos políticos para defender los intereses del sector.
En la reunión celebrada hoy en la sede de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta, en Valladolid, se analizó el impacto que las explotaciones mineras tienen en los municipios de la región, un sector que cuenta con 3.500 empleos directos en la Comunidad, “y muchos miles de trabajadores más en empleos indirectos”, que provocan “un impacto económico mucho mayor”, según apuntó Hernández.


