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CRISIS EN EL SECTOR LÁCTEO
"De no ser contrario a ley habría fijado un precio a la leche el primer día"
"Vamos a duplicar los controles a la contratación de la leche", asegura García Tejerina, ministra de Agricultura
García Tejerina, ministra de Agricultura.
García Tejerina, ministra de Agricultura.
S. Gallo
05/09/2015 (10:51 horas)
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Agota los últimos meses de legislatura y no quiere dejarse en el tintero ninguno de los compromisos aceptados con anterioridad. Y entre ellos está y ha estado el problema de la leche.

Lo primero que quiero decir es que antes de que echaran a andar, el Ministerio ya estaba trabajando en todas sus peticiones. No obstante, yo agradezco que nos pongan propuestas encima de la mesa porque me comprometí a hacer todo lo que estuviera en mi mano en el menor plazo de tiempo posible. De las diez reclamaciones, ya estábamos trabajando antes de que ellos nos las enviaran el 18 de agosto. De hecho, la primera petición es la constitución de una Mesa. Esa Mesa ya se había reunido el 28 de julio y el mismo 18 de agosto, la estaba presidiendo yo aquí (en el Ministerio). Organizar una mesa de ese tipo no se improvisa, lo que da idea de que llevábamos trabajando tiempo. Lo mismo sucede con las diez peticiones que nos hacen.

Juan Vicente Herrera, la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, presidentes de diputación, alcaldes, partidos políticos… ¿La ministra también les apoya?
La ministra les apoya trabajando. Les apoyo desde el momento en que soy quien está poniendo en marcha sus diez reivindicaciones. Fui yo, como ministra, quien presidió el 18 de agosto, su primer punto: una Mesa de negociación.

Es el Ministerio quien ese mismo día presentó un borrador de acuerdo al conjunto del sector con una serie de medidas, algunas de las cuales están incluidas en su reivindicación, como la formalización del contrato. Antes de que se echaran a andar, el Ministerio ya estaba trabajando en la formalización de los contratos. Antes de que se echaran a andar, la ministra ya había anunciado, el 7 de julio, campañas para difundir y promocionar el consumo de leche a nivel nacional.

En total, nos vamos a gastar casi 9 millones en promoción. Desde el Ministerio pediremos que la promoción no sea solo nacional, sino comunitaria. Es el Ministerio el que está trabajando en una medida importante que vimos el día 18, cuando nos pedían más transparencia en la cadena, y que consiste en trabajar para que se conozcan los precios de cesión o de venta de la leche. Este Ministerio lleva trabajando desde 2012 en las medidas para mejorar la capacidad exportadora. Pusimos en marcha las líneas estratégicas para la internacionalización y estamos trabajando en un grupo específico para el sector lácteo.

¿Tienen ya resultados?

Si. Por ejemplo, el de las exportaciones de quesos, que han crecido el 29%. También hemos puesto en marcha la Ley para la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, que hace obligatoria la realización del contrato. Pero, además, tenemos una agencia de información y control alimentario, que también anunciamos el día 18, y que redoblaría las inspecciones hechas en materia de leche. En este sentido, le adelanto que vamos a duplicar los controles que la AICA (Agencia de Información y Control Alimentario) va a hacer en el control lácteo y, además, cuando haya una denuncia, se le dará carácter de urgencia. Este es el primer Gobierno –y podrían haber sido ayudas autonómicas– que apoyará al sector con ayudas de 300 euros por vaca, hasta 10.000 por cabaña, para aquellas explotaciones que estén vendiendo la leche sin cubrir los costes.

No hay diferencia geográfica

¿Cómo se cuantificará la falta de rentabilidad de las explotaciones? En algunos ámbitos se está empezando a decir que esas ayudas serían solo para los ganaderos gallegos…
Nosotros no hacemos diferenciación de la ubicación de las explotaciones por razón de la comunidad autónoma. Es algo que lo dirá quien lo diga, pero yo lo que he dicho es que irán a las que no cubren los costes porque los precios son muy distintos a lo largo de la geografía nacional. En Andalucía, por ejemplo, están resistiendo bien la crisis y es optimista, pero si hubiera una explotación allí que no cubriera los costes, también podría recibir estas ayudas. Las explotaciones declaran a través de los contratos (porque es obligatorio) a qué precio se está vendiendo y, a través del Rengrati (Red Nacional de Granjas Típicas), cuáles son los precios de producción. Con lo cual, tenemos herramientas suficientes para comprobar qué explotación está en una condición o en otra, y el objetivo es evitar que, por esta coyuntura de mercado, ninguna explotación tenga que cerrar. Medida por cierto que nos han solicitado otros países comunitarios si finalmente optan por ayudar al sector como ha hecho el Gobierno español.

¿Cuándo se pondrían en marcha esas ayudas?

Ya la estamos tramitando. Es un Real Decreto, por lo tanto conlleva movimientos de partidas presupuestarias internas, etc. Pero como he dicho, esta como todas las medidas, en el menor plazo de tiempo posible.

Los ganaderos le piden que insista ante la industria y la distribución para solucionar el problema y usted lo dice cada vez que puede. ¿Qué herramientas tiene la Administración para hacerlo?

Llamando a la colaboración a todo el mundo. Lo he hecho estableciendo contactos personales con cada una de las empresas, igualmente con la industria, haciéndoles ver cuál es la situación, cuáles son los efectos que provocan determinadas pautas que vienen siendo bastante habituales en España y apelando a su buena voluntad y a que nos echen una mano para salir de una situación que, entre todos, podemos hacer que se consiga antes.

Parece que Francia ha ejercido un papel de mediador que el sector español quiere que imite el Ministerio, ¿usted cómo lo ve?

Bueno, lo que dijeron inicialmente era que Francia había fijado un precio y tuvo que venir el ministro francés a negar taxativamente que nunca el Gobierno francés lo había hecho porque eso es contrario a las normas de competencia de la UE. Yo lo había dicho en numerosas ocasiones. Las organizaciones conocían también, porque se les remitió un informe jurídico donde quedaba argumentado cuál era esa imposibilidad. De no haber sido así, yo lo hubiera hecho el primer día. Si los ministros pudiéramos fijar los precios, qué sentido tiene que el 28 de agosto cuatro ministros nos reuniéramos en Madrid para preparar el consejo si cada uno pudiéramos fijar el precio en nuestra casa. (Silencio). Sería lo más fácil, lo más rápido y lo de menos coste. La única razón es que está sencillamente fuera del ordenamiento jurídico español y serían acuerdos nulos de pleno derecho.Además, la Comisión Nacional de la Competencia, si los ganaderos acordaran un precio para vender a la industria, les podría poner sanciones como ha sucedido en otros sectores como el mejillón.

Lo que sí que hicieron los cuatro ministros fue firmar una estrategia común con un paquete de medidas entre las cuales, alguna, como la de incrementar el precio de intervención, no ha convencido al comisario de Agricultura. ¿Cómo ha recibido esa negativa?

El comisario reiteró que él no creía que la solución fuera la subida de los precios de intervención pero, no obstante, esto es algo sobre lo cual yo sigo trabajando con el resto de mis colegas europeos. Al comisario le dije que entendíamos que era la medida conocida que más efecto tendría para retirar oferta del mercado y conseguir que los precios se incrementaran; que existe un artículo dentro de la PAC que le permite adoptar medidas excepcionales para situaciones excepcionales. Yo lo que le pedía era la subida de los precios de intervención o en su defecto, medidas equivalentes: la retirada del exceso de la oferta para la recuperación de los precios. Pero sigo trabajando en contactos con otros estados miembros para conseguir el mejor resultado posible en ese encuentro, pero también en otros frentes.

¿Cuáles son esos otros frentes?

Para empezar, en todas las medidas que de mi dependen, como la promoción, el consumo de leche en las escuelas; poner transparencia a la cadena en el sector lácteo o fortalecer a las organizaciones de productores. Ahí sí que hay una excepción a la competencia porque los ganaderos, constituidos en una organización de productores de leche (OPL), pueden comercializar hasta el 33% del producto que se produce en el país. Si tuviéramos una buena integración de nuestro sector, hoy podría haber cuatro organizaciones de productores comercializando toda la leche que se produce en España. Y eso es una excepción a las normas de competencia. Está regulado por el Gobierno y, además, reforzamos la capacidad de estas OPL. También vamos a financiar la constitución de OPL si así el sector lo decide.

El sector les demanda también que velen por la firma de los contratos con la industria. ¿Lo está controlando el Ministerio?

Este Gobierno reguló, de los primeros países de la UE, la obligatoriedad de los contratos en el sector lácteo. Tanto es así que eso nos permitió mejorar el Real Decreto que hoy lo recoge. Los contratos son obligatorios. Prácticamente el 100% de la leche (el 94% según datos de mayo) se vende bajo contrato. Es una parte del Paquete Lácteo. Las organizaciones de productores pueden comercializar su leche y pueden agrupar hasta el 33% de la producción nacional. Les hemos dado más fuerza y más capacidades pero todavía no hay suficiente leche agrupada en una OPL. No sucede así en el caso de Andalucía, por ejemplo, donde la OPL del sur aglutina más del 90% de la producción andaluza. El Gobierno aprobó un plan nacional de control de contratación láctea. Pero yendo hacia más protección para el ganadero, modificamos la Ley de la Cadena Alimentaria para que, si no se cumplía, se le pudiera sancionar. La AICA va a duplicar los controles a la contratación, con lo cual el esfuerzo para que se hagan los contratos y para que se sancione en caso de incumplimiento, es absoluto.

Volvamos a la Marcha Blanca. En ella hemos encontrado a algunos jóvenes que representaban a sus padres pero que, sin embargo, decían que no querían continuar con la actividad de sus progenitores porque no era rentable. ¿No es desesperanzador? ¿Qué futuro tienen los jóvenes en el campo?

Tenemos un objetivo de incorporar el 50% más de jóvenes al sector agrario que en el periodo anterior (2007-2013). Tendrán acceso prioritario y gratuito a los derechos de la PAC a través de la reserva nacional. Tienen desgravaciones fiscales importantes durante los primeros cinco años de actividad. Estamos trabajando en medidas de acceso a la financiación con las autonomías. En fin, yo conozco pocas actividades que tengan un apoyo similar en sus comienzos, por no decir que probablemente sea la única. También es necesario que quien se incorpore a la actividad tenga presente que para competir es importante tener una organización y una estructura. Los jóvenes tienen que incorporarse con el espíritu de olvidar ese viejo individualismo si quieren que su futuro sea mejor.

Algunos de esos jóvenes se preguntan cómo se van a incorporar a la actividad si, con medidas como la aplicación del coeficiente de admisibilidad de pastos que se recoge en la PAC, salen perjudicados por la reducción de la superficie. Creen que perderán ayudas.

No es verdad que pierdan ayudas. No es así. En 2015, los agricultores reciben las ayudas que han recibido en 2014, dividido entre la superficie del año 2013, pero las ayudas de 2014 están consolidadas, sea cual sea la superficie del año 2013, que es la que se toma como referencia. No pierden ayudas. El coeficiente de pastos es una exigencia de la UE; se lo exige el Tribunal de Cuentas, que pide que solo se dé ayudas a la superficie en la que verdaderamente se está pastando. Aquellas zonas que, por pendiente, porque son rocosas, porque hay tanta vegetación que el ganado no puede entrar, que no son pastos, porque los animales no lo aprovechan, esa superficie no debe de recibir ayudas, pero eso no afecta en absoluto al montante de la subvención. Y esta exigencia es del año 2007; nada tiene que ver con la reforma de la PAC.

O sea, ¿que tenía que estar aplicada y no se aplicó?

Algunas comunidades lo hicieron y otras no y ahora tienen que hacer frente a unas correcciones financieras bastante importantes. Es su responsabilidad porque si no la Comisión Europea ha amenazado hasta con suspender las ayudas a los pastos;deben aplicar el coeficiente de pastos que lo que significa es que solo se pueden pagar ayudas a la superficie en la que se pueda pastar. En la que no ocurra eso, no se podrá recibir ayudas pero insisto, no tiene ningún efecto sobre el montante global de las ayudas que van a percibir los ganaderos porque van a recibir la subvención de 2014.

Pues hablando de superficie, ¿cómo ha sido la campaña de incendios? Se ha quemado el 54% más que el año pasado...

–... que el mejor año de los últimos diez años (interrumpe). Lo primero que hay que decir es que en España no hay ninguna comparación técnicamente válida que no sea con la media de un decenio. No podemos hacer todavía un balance y hay que seguir pidiendo prudencia siempre, pero a fecha de hoy estamos por debajo de la media de los últimos diez años en todos los parámetros.

¿Usted con qué se queda?

Me quedo con que este año volvemos a estar por debajo de la media, igual que el año pasado y el anterior. Esto significa que estamos consiguiendo bajar la media, que eso es cada año más difícil pero más meritorio. Es lo que tenemos que hacer.

Ha sido la primera ministra que afronta una huelga de brigadistas. ¿No se está corriendo un riesgo en un asunto prioritario? Algunos se preguntan si tienen que ser los efectivos de la UME los que apaguen los incendios.

El Ministerio lo que presta es un apoyo a las comunidades, principalmente a través de los 67 medios aéreos de distinto tipo, que suma el 42% de la capacidad de descarga. Y este es el gran apoyo, donde el Ministerio está presente en la extinción de incendio. En cuanto a las brigadas, este Gobierno ha invertido mucho en mejorar la formación y lo cierto es que en este caso asistimos solo al 2,5% de los incendios que se producen en España. Es verdad que la UME presta una labor muy importante. El Ministerio tiene un dispositivo de unas 500 personas, la UME tiene 3.000 y las comunidades autónomas, 7.000.

Esos son los datos, pero convendrán conmigo en que los brigadistas esperan alguna respuesta por parte del Ministerio.

El Gobierno les ha dado respuesta. De hecho, llevamos toda la legislatura mejorando sus condiciones. En 2013 suscribimos un acuerdo por el cual los contratos serían plurianuales. Hemos ampliado la duración de la campaña. Antes las BRIF se contrataban solo para la extinción y hemos ido más allá de lo que nos comprometimos con ellos. En el año 2015 nos comprometimos a una contratación de diez meses, hoy están contratados por once meses y medio. Estamos pendientes de la mejora permanente de sus equipos y de su formación continua. Podríamos revisar la encomienda que nosotros hacemos a Tragsa en cuanto a la segunda actividad pero, respecto a la subida del sueldo del 35% que piden, ni el Ministerio ni la propia Tragsa puede hacerlo porque no es posible que una empresa pública haga subidas de ese porcentaje. Y la otra petición, la de convertirse en bomberos, todo el mundo nos pide que se hagan labores de prevención; los bomberos solo hacen labores de extinción. 

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