EL INVERSOR INQUIETO

La batalla que se había ganado en los últimos meses, se plasmaba en un Real Decreto del Gobierno que obligaba a las eléctricas españolas a consumir carbón nacional, para dar un balón de oxígeno a los ingresos de las explotaciones en Castilla y León, así como en Aragón. Dicho Real Decreto no se está aplicando porque las eléctricas españolas lo han denunciado en los tribunales de Luxemburgo y en los nacionales, por vulnerar la libre competencia.

Toda esta situación ha llevado a más de 3.000 trabajadores del sector a estar en paro temporal, a los que se pueden añadir otros tantos en el corto plazo.

Si esta era la situación hasta hace unas semanas, poniendo por tanto en duda que la batalla ganada, realmente lo esté, ahora la nueva decisión de la Comisión Europea, posiblemente acabe con esta guerra para siempre, dado que según los expertos, el sector de la minería en España va a desaparecer definitivamente antes de 2018.

La raíz del problema está en que la minería española, al igual que buena parte de la alemana, es deficitaria, por lo que sólo ha sobrevivido en los últimos años gracias a las subvenciones públicas y no a la rentabilidad del negocio. Varios países europeos han conseguido hacer competitivas sus explotaciones, como el caso de Polonia, Suecia y Dinamarca, de ahí que hayan sido los grandes opositores a que las ayudas se prolonguen en el tiempo de forma indefinida.

La comisión europea ha aceptado alargar hasta 2018 como fecha límite en el que deberán cerrarse todas las explotaciones deficitarias. Las ayudas al funcionamiento irán reduciéndose cada año hasta desaparecer totalmente en dicha fecha, dado que los países que lo incumplan recibirán sanciones.

Por otro lado, las ayudas a las llamadas cargas excepcionales por parte de cada Estado, se podrán mantener hasta 2027. Dentro de ese concepto se incluyen los costes de prejubilación de los mineros, la readaptación laboral de quienes los precisen, restauración de los espacios degradados por la actividad y otros asuntos de impacto medioambiental.

Teniendo en cuenta como están las cuentas públicas españolas, no será tarea fácil encontrar los recursos necesarios para todas esas necesidades.

El sector español se estima que ha recibido casi 7.000 millones en los últimos 7 años, que deberían haber servido para ayudar al sector a reconvertirse y buscar alternativas para sus trabajadores. Como siempre sucede con estos temas de subvenciones que se alargan en el tiempo con plazos que parecen infinitos, nadie se ha tomado en serio que el sector terminaría desapareciendo, para evitar situaciones tan dramáticas como los que se están escuchando. Ahora si de verdad es la definitiva, ha llegado el momento de ponerse a trabajar para buscar las soluciones que hasta ahora se habían aplazado, por no querer aceptar una realidad que antes o después se iba a imponer. Otros temas de actualidad en www.elinversorinquieto.es

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