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Anulan un decreto que daba soporte a la gestión de las reservas regionales de caza
Ecologistas presentó un recurso contra un decreto de la Junta por la “incorrecta” ejecución del trámite de información pública
leonoticias.com
04/12/2015 (10:08 horas)
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La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Valladolid, anuló, por ser disconforme con el ordenamiento jurídico, el decreto de 2013 que modificaba otro de 1998, que desarrollaba reglamentariamente el Título IV de la Ley de Caza de la Comunidad. De esta forma, la actividad cinegética en las reservas regionales de la Comunidad se queda sin soporte jurídico, según informó hoy en un comunicado la Federación de Ecologistas en Acción en Castilla y León.

En ese sentido, la organización presentó un recurso basado en la “incorrecta realización del trámite de información pública” ya que fue menor a los 15 días establecidos por la norma, sin que en la tramitación ni en el juicio haya quedado -según Ecologistas- motivada la necesidad y urgencia de acortar tales plazos ni “las graves razones de interés público, que asimismo deberán explicitarse”.

Asimismo, aseguró que las consecuencias jurídicas de esta sentencia son que la actual regulación de la gestión y aprovechamientos de la caza en la Reservas Regionales de Caza queda sin soporte jurídico y al margen de la Ley. También quedan en situación de ilegalidad las autorizaciones que la Junt otorga de forma sistemática para poder caza en las vías y caminos de uso público, en las vías pecuarias, y en otras zonas donde por seguridad se limitaba la caza por ser un peligro para las personas y por coartar el derecho de libre circulación por zonas de uso público.

Finalmente, Ecologistas trasladó al nuevo consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que adopte medidas organizativas y administrativas, en especial la remoción de cargos públicos, políticos y asesores responsables de elaborar estas normas, para que definitivamente su departamento elabore unas normas de calidad y respetuosas con la legalidad, en especial en materia cinegética, y hagan realidad los principios de participación ciudadana y transparencia.

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