Las manos de Elisa Gil, como las de tantas mujeres rurales, guardan el esfuerzo del mundo. La Ley de Titularidad Compartida, que entró en vigor el pasado 5 de enero, abre el tiempo para reconocérselo. Los operarios que trabajan en las obras del gaseoducto Yela-Villar de Arnedo se sorprenden cuando ven surcar las tierras con su tractor a esta mujer, que vive en el despoblado pueblo de Tozalmoro (Soria), dispuesta a ser cotitular de la explotación agraria que hasta la fecha ha figurado a nombre de su esposo de forma exclusiva.

Ella como otras 20.000 mujeres residentes en el medio rural de la Comunidad autónoma, de entre 40 y 65 años, es susceptible de beneficiarse, desde hace diez días, de la Ley que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres en las explotaciones agrarias. Una normativa que reconoce su trabajo, que les permite ser titular de sus derechos y no beneficiaría de los mismos y que intenta rebajar los roles machistas que, en mayor medida, imperan en el medio rural.

Advierte que ha trabajado en el campo desde que tenía uso de razón. Su padre ya reconocía que la niña tenía dotes para trillar, cosechar y sembrar y por eso cuando cumplía los 14 manejaba una ‘claas’ con una habilidad pasmosa. “Tenía otros dos hermanos pero mi padre confiaba en mí. Después me casé y continué trabajando en el campo acompañando a mi marido”, explica.

Califica a la Ley de cotitularidad de avance importante, sobre todo por el derecho a tener una pensión cuando llegue el momento de jubilarse. Enfatiza que trabajar en el campo antes era una esclavitud y por ello, las chicas de su pueblo huían a las ciudades en el afán de casarse con un guardia civil, un empleado de banco o alguien que no tuviera relación alguna con el sector primario. “Hasta que tuve a mis tres hijos trabajé mucho en las labores agrícolas y ganaderas, después me emplee en su cuidado y desde hace 15 años he vuelto al trabajo”, relata para señalar que algunas de las tierras que trabajan son herencia de su padre.

La mujer admite que, a pesar de la aprobación de la ley, todavía queda mucho por hacer, sobre todo en lo que respecta al cambio de mentalidad en ambos sexos. “Mi marido no sabe hacer las labores de casa, en cambio mis hijos, afortunadamente, hacen de todo. Son aspectos que ni las leyes ni los políticos pueden modificar en el medio rural. En eso no se avanza”, sostiene.

La presidenta de la Federación de Mujeres Rurales de Castilla y León, María Luisa Pérez, tilda a la titularidad compartida de “avance importante”, ya que supone el reconocimiento de derechos a las mujeres que trabajan en las explotaciones, cuyo trabajo, hasta la fecha, no era visible y era considerado como “ayuda familiar”. La normativa les permite compartir trabajo, tomar decisiones y visibilizar su papel y sus derechos.

“Las mujeres en el medio rural solo tienen pensiones de viudedad. Si cae enferma se le atiende porque es beneficiaría de la cartilla sanitaria de él. Y si se separa no tiene derecho alguno”, esgrime Pérez quien destaca que en España la igualdad entre hombres y mujeres es todavía una quimera y que la Ley debe ir acompañada de otras medidas complementarias que avancen en el proceso, al tiempo que reconoce que sin normativa tampoco es posible dar pasos firmes. “Los temas de igualdad pasan desapercibidos porque para algunos estamos mejor calladas. Con que la mujer coja el tractor no es suficiente, debe tomar decisiones, asumir responsabilidades y obtener beneficios como la jubilación”, reivindica.

El hecho de que la inscripción en el registro de titularidad compartida sea voluntaria es una de las lagunas que presenta esta Ley para la presidenta de Fademur, ya que el titular de la explotación es normalmente el varón y deja, por lo tanto, a su voluntad el que ambos figuren como titulares de derecho. “Si el no quiere acudir a inscribir a su mujer se queda sin poder ejercer su derecho”.

Elisa Gil agricultora en la localidad soriana de Tozalmoro. (Foto: Ical)

Entre las fortalezas, Pérez resalta el artículo 13, que señala que en el caso de disolución del matrimonio no hace falta que la esposa este en régimen de titularidad compartida para reconocerle el derecho a una compensación, siempre y cuando se acredite que ella también ha trabajado. “La acreditación de eso es a través de algo conforme a derecho, es decir, que figure en la PAC o en cualquier otro sitio”, argumenta para añadir que otro aspecto positivo llega de la mano de las bonificaciones en la seguridad social.

Para Pérez, no obstante, las administraciones deben empeñarse en difundir y promocionar la ley de forma intensa en el medio rural y aboga porque los funcionarios faciliten el acceso a la co-titularidad y no pongan “trabas” al proceso administrativo. “Se necesita una campaña de motivación en el medio rural muy importante para que tenga efecto”, concluye.

Crisis

La entrada en vigor de la Ley llega en mal momento. La presidenta de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (Ceres), Belén Verdugo, apunta a la coyuntura económica y la asfixia que sufren las pequeñas unidades de producción como los factores que provocarán una ralentización de la aplicación de la misma.

En este sentido, afirma que existen explotaciones donde la “economía está tan mal” que no podrán hacer frente al pago de otra seguridad social, a pesar de que vaya a ser bonificada en los primeros cinco años. “La ley contempla que las explotaciones sean prioritarias, pero lo que hace es primar a las que tienen menos apuros económicos. Hay explotaciones en las que la cotización representa un gasto enorme”, esgrime.

Verdugo manifiesta, además, que, a pesar de conseguir darse de alta, muchas de ellas no tendrán derecho a una pensión al no tener los años cotizados que se exigen, un tema que queda pendiente de abordar. “Otro de los problemas pasa porque muchos hombres no van a estar de acuerdo en solicitar la titularidad compartida”, insiste coincidiendo con su colega de Fademur.

La presidenta de Ceres matiza que su organización solicitó que la cotitularidad compartida se pudiera solicitar de forma unilateral, sobre todo, en los casos que existiera problemas de convivencia en el matrimonio. “Solicitamos que se acreditase todo lo necesario (participación en el trabajo, alta en la seguridad social), aspecto que no ha sido recogido”

La parte positiva, para Verdugo, es que se ha aprobado una ley “de peso” que permite que las mujeres puedan tomar decisiones. “Saca a la luz una injusticia muy grande y a partir de ahí se puede constituir, con perspectiva de género, la realidad de la mujer rural.”

La normativa posibilitará, además, que poco a poco, las féminas puedan formar parte de las directivas de organizaciones y cámaras agrarias y cooperativas, y es este, según la presidente de CERES un “paso más hacia la igualdad”.

Por su parte la presidenta de la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (Amfar) de Salamanca, Encarna Rogado, asegura sentirse “orgullosa” de esta normativa, que apunta “habrá que seguir desarrollando”. Augura que será la mujer la que logrará implantar una agricultura más específica e innovadora en la región y que poco a poco el punto de vista de las féminas será visible en las organizaciones agrarias. “Llevamos trabajando más de 20 años para conseguir lo que es ya un hito. Ahora a igual trabajo tenemos las mismas coberturas y los mismos derechos y esto es para sentirse orgullosas del logro”.