Los agentes comenzaron las pesquisas al detectar una serie de empresas sospechosas en Madrid y Guadalajara. Gracias a las investigaciones desarrolladas, se constató la simulación de la relación laboral entre 28 compañías y sus trabajadores. Las sociedades, que no tenían ningún tipo de actividad laboral real, eran empleadas para contratar a presuntos trabajadores a los que daban de alta en la Seguridad Social a cambio de dinero. De este modo lograban sumar los períodos mínimos exigidos para acceder a las prestaciones por desempleo. En otros casos, conseguían los permisos de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros.
Las investigaciones acometidas han culminado con la detención de 68 personas y la imputación de otras 98 por diferentes delitos, entre los que se cuentan el de falsedad documental, estafa y otros contra los derechos de los trabajadores. Hasta el momento se han esclarecido un total de 713 delitos de falsificación y estafa, logrando destapar un fraude de 2.345.867 euros al erario público.