Castilla y León eleva su deuda un 4,9% en el último año hasta los 11.869 millones, el 20,8% de su PIB

Castilla y León eleva su deuda un 4,9% en el último año hasta los 11.869 millones, el 20,8% de su PIB

En el conjunto autonómico el incremento fue cuatro décimas menor

ICAL

La deuda pública de Castilla y León se se elevó en 553,3 millones de euros en el cuarto trimestre del pasado año, hasta los 11.869,6 millones, un 4,9 por ciento más con respecto al mismo periodo de 2016, mientras que en el conjunto de comunidades el incremento interanual fue del 4 por ciento, hasta los 288.104,7 millones.

Los datos publicados este miércoles por el Banco de España, reflejan que la deuda de Castilla y León suponía a final del pasado ejercicio el 20,8 por ciento del PIB, 0,4 puntos porcentuales más que en 2016, frente a una media nacional del 24,8 por ciento, donde avanzó una décima.

Desde la Junta se destaca que la Comunidad ha cumplido el objetivo de deuda al registrar un incremento de su endeudamiento dentro de los límites fijados por las reglas de estabilidad presupuestaria, que vienen definidos por la financiación del déficit público autorizado y la devolución de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009.

Castilla y León fue la séptima comunidad por crecimiento porcentual de su deuda, por detrás de Extremadura, donde se elevó un 8,8 por ciento, Madrid (7,8 por ciento), Aragón (6,3 por ciento), Murcia (5,9 por ciento), La Rioja (5,5 por ciento) y Cantabria (5 por ciento). Las regiones con menores niveles de crecimiento fueron Canarias (1,5 por ciento), País Vasco (1,9 por ciento), Baleares y Castilla-La Mancha, ambas con un 2,7 por ciento), Andalucía (2,8 por ciento), Galicia (3,3 por ciento), Cataluña (3,5 por ciento) y Asturias (3,7 por ciento).

Con relación a su PIB, Castilla y León se situó como la octava autonomía con menor deuda, por detrás de País Vasco (14,1 por ciento); Madrid (14,9 por ciento); Canarias (15,9 por ciento); Navarra (18,3 por ciento), Galicia (18,4 por ciento), Asturias (18,7 por ciento) y La Rioja (19,3 por ciento). En el extremo opuesto se situaron Valencia, con el peor dato, un 42,5 por ciento; Castilla-La Mancha, con un 36 por ciento, Cataluña (34,8 por ciento), Baleares (29,4 por ciento), Murcia (29 por ciento), Extremadura (23,8 por ciento), Cantabria (23,2 por ciento), Andalucía (22,1 por ciento) y Aragón (22,1 por ciento).

Estructura

La deuda de la Comunidad se distribuía en el trimestre de estudio en 3.379 millones de euros en valores; y 8.491 millones en préstamos. En relación a los primeros, todos eran a largo plazo, y sobre los préstamos, 3.674 millones estaban suscritos con entidades financieras residentes, 112 a corto y 3.562 a largo; 1.861 con foráneas; 2.216 correspondía al Fondo de Financiación Autonómica; y 295 millones, con asociaciones público privadas.

Para cubrir las necesidades de financiación previstas en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2017, la Junta, según se resalta desde la Consejería de Economía y Hacienda, combinó préstamos bilaterales con emisiones de deuda, que aportaron a las arcas autonómicas 1.023,8 y 553 millones de euros, respectivamente, a lo largo del pasado ejercicio. De esta forma, se avanza en la diversificación de la cartera desde el punto de vista de su estructura, donde los créditos con la banca representan el 71,5 por ciento del volumen concertado y los títulos valor el 28,5 por ciento.

Además, también se explica que el peso de estos formatos está calculado sobre el volumen del endeudamiento asignado a Castilla y León de acuerdo con la metodología del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), que asciende a 11.870 millones. Esta cifra implica que en el cuarto trimestre de 2017 la Comunidad elevó su pasivo en 179 millones con respecto al trimestre precedente -el 1,5 por ciento más-, un incremento que obedece fundamentalmente a que por primera vez el Banco de España ha computado a efectos SEC la deuda de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).

Esta circunstancia explica también que al cierre del pasado año ya no figure ningún importe asignado a las empresas públicas que están adscritas a la Administración autonómica, puesto que en este epígrafe ya sólo se contabilizaba el correspondiente a este ente dependiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

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