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El Gobierno quiere acelerar los trabajos del Pacto de Toledo

Fátima Báñez e Íñigo Méndez de Vigo.
Fátima Báñez e Íñigo Méndez de Vigo. / Ballesteros (Efe)
  • El Ejecutivo pretende incluir las medidas consensuadas en la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo en los Presupuestos de 2017

El Gobierno quiere que los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2017 incluyan medidas consensuadas en la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, que la próxima semana inicia una serie de comparecencias para analizar la situación del sistema público de pensiones y, a partir de ellas, elaborará nuevas recomendaciones que garanticen su viabilidad en el futuro.

Fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social han confirmado que esperan que los partidos puedan acordar algunas de estas medidas en febrero o marzo -los grupos habían establecido un calendario con el horizonte puesto en primavera para emitir nuevas recomendaciones- y así poder plasmarlas en las cuentas del próximo año. En el Ministerio asumen que el debate para acordar una reforma de las pensiones continuará una vez se aprueben los Presupuestos, pero quieren que pueda haber un acuerdo para aquellas medidas de mayor urgencia, especialmente aquellas referidas a los ingresos.

Desde el departamento que dirige Fátima Báñez recuerdan que de las 21 recomendaciones vigentes del Pacto solo una de ellas se refiere a ingresos. Esta es una de las principales preocupaciones de todos los grupos ante el déficit de la Seguridad Social y el decreciente remanente del Fondo de Reserva -caja conocida coloquialmente como 'hucha de las pensiones'-, que previsiblemente se quedará a cero en 2017.

Compensaciones

Para financiar las pensiones del futuro, desde el Ministerio reconocen que sopesan echar mano de partidas presupuestarias. Alegan que actualmente la Seguridad Social supone alrededor de un 10% del PIB, mientras que los sistemas de otros países de nuestro entorno pueden alcanzar incluso el 14%. Este porcentaje, advierten, no es un objetivo en el caso de España, pero sí refleja que existe cierto margen, y que, por ejemplo, un punto porcentual supondría la inyección de unos 10.000 millones de euros en el sistema.

Además, señalan que la financiación del sistema a través de los presupuestos supondría una compensación después de todos estos años en los que la Administración ha recurrido al Fondo de Reserva para 'capear' la falta de liquidez, así como las exenciones y bonificaciones a la cotización impulsadas para estimular la contratación y la actividad económica en años de mayor recesión.

En este sentido, el Ministerio reconoce que será necesario dar marcha atrás a estos 'agujeros negros' en el mercado laboral, algo que se contradice con las bonificaciones previstas en el pacto entre PP y Ciudadanos para autónomos, y que recoge la proposición de ley registrada por la formación naranja en el Congreso. Además de la financiación del sistema y los mecanismos para obtener nuevos ingresos, abordar la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) es otra de las cuestiones que el Pacto de Toledo tiene sobre la mesa.

Encuentro con la oposición

Esta voluntad del Gobierno por recoger en los próximos Presupuestos nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo no fue trasladada a la oposición durante la reunión que mantuvieron con la propia Fátima Báñez este miércoles en el Ministerio, según han informado a Europa Press asistentes a la reunión. El encuentro celebrado en el Ministerio respondía a la voluntad de Báñez de conocer a los portavoces del Pacto, recoger impresiones y trasladar la necesidad de llegar a acuerdos en pos de la sostenibilidad del sistema.

Desde el Ministerio destacan la buena voluntad que encontraron por parte de los partidos, en los que detecta predisposición para acometer la necesaria reforma del sistema. En todo caso, subrayan que los acuerdos que reclaman a los grupos son puntuales, casi de urgencia, para 'parchear' las necesidades del sistema.

Báñez acudirá el próximo martes a la comisión, iniciando una serie de comparecencias que el Pacto espera extender durante los meses de diciembre y enero. A partir de ahí, esperan que se origine un debate político que desemboce en las nuevas recomendaciones. Eso sí, las citadas fuentes dudan de que se puedan cumplir los plazos que ha planteado la presidenta de la comisión, Celia Villalobos, de presentar medidas concretas en primavera.