El nuevo 'canon digital' recaerá sobre teléfonos, ordenadores y memorias

Un iPhone./Afp
Un iPhone. / Afp

El real decreto exime del pago a los particulares y empresas que justifiquen un uso profesional de los equipos electrónicos y a la Administración

Alfonso Torices
ALFONSO TORICESMadrid

El Gobierno aprobó este lunes un decreto ley que recupera, con algunas modificaciones, el 'canon digital' que implantó José Luis Rodríguez Zapatero y que estuvo en vigor entre el año 2006 y 2011.

El dinero que anualmente se le pagará a los autores -cineastas, músicos o escritores, fundamentalmente- por la posibilidad legal de que los ciudadanos realicen copias para uso privado de sus obras saldrá de nuevo de una tasa que abonaran los fabricantes y distribuidores -y en último término los consumidores- por cada equipo, aparato o soporte de reproducción que vendan.

De esta manera, la norma, que entrará en vigor el próximo 1 de agosto si es ratificada por el Congreso, impone un sistema de canon que, desde esa fecha, encarecerá el precio de un 'smartphone' en 1,1 euros, el de un reproductor de vídeo y sonido en 6,45 euros, el de una tablet en 3,15, el de una impresora entre 4 y 5 euros, o el de un lapiz de memoria o un DVD en poco más de 20 céntimos. Estos gravámenes concretos a los aparatos, equipos y soportes de reproducción son solo para los próximos doce meses, y todo parece indicar que las revisiones posteriores encarecerán las tasas.

El Gobierno se ha visto obligado a retornar al modelo de 'canon digital', que es el que aplican la práctica totalidad de países europeos salvo España y Finlandia, después de que en noviembre pasado el Tribunal Supremo anulase la fórmula que Mariano Rajoy había implantado nada más llegar al Ejecutivo, en enero de 2012, por la que pasó a compensar a los autores a través de los Presupuestos del Estado, con una partida que fijaba anualmente el Consejo de Ministros según la disponibilidad de recursos públicos.

El alto tribunal anuló el modelo del PP en aplicación de una sentencia previa del Tribunal de Justicia de la UE. El fallo continental indicaba que la fórmula era contraria a las leyes comunitarias porque a la hora de pagar la compensación a los autores no discriminaba entre quien tiene derecho a hacer copia para uso privado (los particulares) y quienes lo tienen vedado (profesionales y empresas). Así, a través de los Presupuestos, se cometía la injusticia de que pagaban todos por igual, beneficiados o no.

La doble sentencia no solo ha obligado al Gobierno a cambiar el modelo de compensación sino a establecer una serie de exenciones al pago del canon en la línea exigida por la jurisprudencia europea. El propio portavoz del Ejecutivo reconoció hoy que han tenido que variar con urgencia la norma porque la UE ya había apercibido a España con la imposición de una sanción.

No tendrán que abonar el gravamen, o en su caso se les reembolsará a posteriori, los particulares o empresas que justifiquen que el destino que le van a dar a los equipos de reproducción que adquieren es profesional. No pagarán tasa porque tienen prohibido hacer copias de las obras sin licencia de los autores. Por el mismo motivo, estarán eximidas las adquisiciones que hagan las entidades públicas.

Alegría «moderada» en el PSOE, Ciudadanos y Podemos

Los grupos parlamentarios de la oposición han recibido con "moderada" alegría la aprobación del nuevo decreto ley que modifica la compensación por copia privada y lo ajusta al derecho comunitario, y que previsiblemente será convalidado en el próximo pleno del Congreso de los Diputados. La presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara Baja, Marta Rivera de la Cruz (Cs), ha reconocido que se encuentra "moderadamente contenta" ante esta nueva norma que cargará el pago a los autores por las copias privadas de sus obras en los móviles, CD y memorias. "Es un tema complicado que tiene muchas aristas, que había que limar asperezas, ahora tenemos un buen punto de partida y vamos al modelo que prima en el resto de países de nuestro entorno", ha expresado Rivera de la Cruz, quien ha resaltado que con esta nueva norma se cumple con la normativa europea. En este sentido, la portavoz de Cultura de Ciudadanos ha señalado que el texto no es "especialmente lesivo" con las empresas tecnológicas.

También "razonablemente contento" ha dicho encontrarse el portavoz socialista de Cultura en el Congreso, José Andrés Torres Mora, quien ha destacado que se trata de una nueva norma "fruto de un acuerdo y un consenso bastante amplio entre el sector cultural y el sector tecnológico". "Es un trabajo de mucho tiempo porque teníamos que resolver una situación de ilegalidad ante sentencias que ponían en cuestión el sistema. Es una noticia justa y buena, porque se ha producido un perjuicio al mundo de la cultura", ha dicho.

Por su parte, el portavoz de Cultura de Podemos, Eduardo Maura, ha criticado que se trate de un decreto ley que ha salido en "condiciones de urgencia" debido a los "errores de Lassalle" (el secretario de Estado de Cultura que aprobó el texto que hoy ha sido sustituido). "El problema de la compensación por copia privada -ha afirmado- se ha convertido en un problema tanto para el Gobierno como para las personas que trabajan en el ámbito de la cultura, por motivos de falta de imaginación en materia fiscal y de financiación de la cultura, así como de incapacidad para poner la Ley de Propiedad Intelectual a la altura de cambio social y tecnológico". Podemos "insta" al Gobierno y a las fuerzas políticas a tener un diálogo "más en profundidad" sobre la Ley de Propiedad Intelectual y sobre "la cuestión de la financiación de la cultura y la copia privada".

Varias fases

El real decreto prevé que las organizaciones de derechos de autor deberán constituir una entidad que será la que cobrará las compensaciones a fabricantes y distribuidores y también la que gestionará las exenciones de pago del canon y sus reembolsos, posibilidad para la que tendra siempre disponible al menos un 30% del dinero que recaude.

El real decreto prevé una aplicación escalonada del nuevo canon. El primer año se establece un régimen transitorio en el que se cobrará las tasas antes indicadas a los diferentes equipos y soportes. Son unos gravámentes por debajo de la media de la UE. A partir del 1 de agosto de 2018, un real decreto regulará ya de forma más sosegada tanto los soportes como las cuantías futuras, «para adaptarlas a la realidad de la copia privada y de las novedades tecnológicas del mercado». Las siguientes modificaciones de productos y de gravámenes se harán por orden ministerial y se actualizarán al menos una vez cada tres años.

El dinero que se puede recaudar con este sistema es aún una incógnita. En el último año del 'canon digital' de Zapatero (2011) se obtuvieron 115 millones y, en cambio, el Gobierno del PP, vía Presupuestos, solo vio necesario compensar a los autores en 2015 con 5 millones. El Ejecutivo aseguró que el real decreto está acordado con los principales partidos, con los autores y con las grandes empresas del sector tecnológico.

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