IU recrimina a la Diputación que se paguen 250.OOO euros a una empresa privada por la educación rural de adultos

Eloina Terrón. /
Eloina Terrón.

Izquierda Unida «no entiende» que la gestión del programa de educación de adultos, «un servicio público de gran aceptación desde su origen hasta 2012, año en que fue desmantelado por Isabel Carrasco, y que contaba con educadores que dependían laboralmente de la propia Diputación, haya pasado a manos privadas»

LEONOTICIAS León

La Diputación Provincial recuperó durante el curso 2016-2017 el Programa de Educación Rural de Adultos, un programa que durante el cuarto de siglo que estuvo en vigor como servicio público sustentado por la institución provincial, «tuvo mucha demanda y muy buena acogida en los pueblos de la provincia leonesa».

Ese medio rural, «cada vez más despoblado y abandonado por los distintos gobiernos y empresas capaces de generar empleo y dinamización, es el que más necesita unos servicios educativos de calidad para que sus vecinos y vecinas tengan la oportunidad de conseguir una formación que les capacite para un presente y un futuro dignos».

Cuando se decidió retomar este programa en el curso 2016/17, «después de que en 2012 la Junta de Castilla y León y la presidenta Isabel Carrasco decidieran acabar con él, tras una serie de retrasos en su ejecución, el 9 de diciembre de 2016 se firmó un contrato de adjudicación con la empresa Eulen Servicios Sanitarios, por un importe final de casi 180.000 euros para el desarrollo de este primer curso, con posibilidad de prórroga por esa misma cantidad para el curso siguiente que finalizará en mayo de 2018, cantidad que ahora ha sido incrementada hasta los 250.000 euros».

«Izquierda Unida exige a los responsables de la Diputación que se expliquen las razones que han llevado a suprimir la gestión directa de este servicio para entregárselo a una empresa privada, una empresa de servicios sanitarios que encarga a unos 30 educadores, a los que no se les exige ninguna titulación educativa, las clases de 1.500 personas mayores en un centenar de localidades. De nuevo, un derecho básico, como es el la educación, se convierte en un medio para dedicar recursos públicos al beneficio privado» denuncia Eloína Terrón, coordinadora provincial.

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