El PP rechaza en las Cortes asumir residencias y centros de discapacidad de ayuntamientos y diputaciones

Luis Mariano Santos (UPL) y Pablo Fernández (Podemos) conversan en el pleno de las Cortes./R. Cacho
Luis Mariano Santos (UPL) y Pablo Fernández (Podemos) conversan en el pleno de las Cortes. / R. Cacho

Los socialistas acusan a la Junta de intentar que la «fiesta» la page otro y de hurtar recursos a las entidades locales | Podemos y UPL cuestionan el argumento 'oficial'

Las Cortes de Castilla y Leónrechazaron este miércoles con los votos del Grupo Popular una proposición que instaba a la Junta a asumir la gestión de las residencias de mayores y centros de discapacidad que están en manos de las diputaciones provinciales y los municipios. La viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, acusó a la Junta de hurtar recursos a las entidades locales y denunció que la «fiesta» de la Junta siempre la «paga otro».

Un grupo de alcaldes y miembros de corporaciones locales siguieron desde la tribuna de invitados el debate de la iniciativa socialista en el pleno, respaldada por toda la oposición, y que contó con una enmienda de sustitución del Grupo Popular, que no fue aceptada por la proponente socialista.

Barcones aseguró que ayuntamientos y diputaciones «salvan la cara» de los servicios sociales de la Comunidad, que recordó, como las residencias de ancianos, son una competencia exclusiva de la Junta, que lamentó que «no está ni se le espera».

Servicios Sociales

También criticó que no fuera «activa» en la construcción de centros residenciales, lo que obligó a su juicio a actuar a las entidades locales. Por ello, recordó que la Ley de Ordenación del Territorio plantea su integración en los servicios autonómicos, que recalcó son una competencia «propia» de la Junta. Además, denunció que a una financiación local «insuficiente», se une la falta de fondos para las mancomunidades.

Por su parte, el 'popular' Ángel Ibáñez defendió una emienda puesto que consideró que el PSOE olvida lo establecido en el Estatuto de Autonomía y el Catálogo de Servicios Sociales, que aseguró permiten que la titularidad sea de la Junta o de las entidades locales. Por ello, sentenció que sí tienen competencias en los servicios e instó a Barcones a pedir perdón a la consejera portavoz, Milagros Marcos, por las críticas que hizo sobre su desconocimiento de la normativa.

Ibáñez negó que exista preocupación en los ciudadanos sobre quién presta la competencia, sino sobre el servicio que reciben. Además, el dirigente 'popular' sugirió que los profesionales de las residencias gestinados por las diputaciones no comparten la demanda socialista. También afeó al PSOE que no haya presentado una enmienda al proyecto de presupuestos de 2018 para elevar los gastos derivados de las nuevas atribuciones.

Buenos cimientos

Barcones le recordó que con su intervención le había llamado «ignorante» al presidente del PP y de la Diputación de Burgos, César Rico. Insistió en que la proposición es «literal» en relación a la ley «estrella» de Ordenación del Territorio y apuntó que el PSOE ha planteado varios fondos, como el de mejora del bienestar, para el presupuesto de 2018. Además, señaló que los 32 millones que demandan las instituciones provinciales de Burgos y León se podrían recaudar elimiando el «regalito» a los herederos más ricos.

La socialista dijo que «por culpa del Gobierno del PP» están axfisiados los municipios y ayuntamientos, como hace a su juicio la Junta con las mancomunidades. Al respecto, Ángel Ibáñez insistió en que la casa se hace con unos «buenos cimientos» que a su juicio pasan por la reforma de la financiación autonómica y no por el «tejado», por lo que calificó la propuesta de «oportunista y demagógica».

Respaldo

En nombre de Podemos, la procuradora Josefa Rodríguez Tobal apoyó la propuesta socialista y criticó la «pasividad» de la Junta en la construcción de residencias para mayores. «Esto es el mundo al revés», puesto que en su opinión para el PP no ve la ley como un mandato. «No hay otra alternativa», dijo para que el Ejecutivo asuma sus competencias.

El parlamentario de Ciudadanos, David Castaño, aclaró que a su juicio estas competencias son «legales» porque figuran en un convenio entre las diputaciones y la administración autonómica, que recordó tiene la competencia. También criticó que no se hayan constituido comisiones para la transferencia de estos centros a la Junta y puso como ejemplo una de Salamanca, en la que cada enfermo le cuesta 63.000 euros al año.

Aseguró que los fondos que se liberen se quedarán en un 60 o 80 por ciento en las diputaciones para entre otras cosas «repartir cacicadas», algo en lo que a su juicio PP y PSOE son «iguales». Además, censuró que los socialistas participaran en el cálculo del cupo vasco, cuando en la financiación autonómica las «habas están contadas».

Luis Mariano Santos

El 'leonesista' Luis Mariano Santos Reyero recordó las palabras de Marcos en las que negó que las residencias no sean competencias impropias para las diputaciones y el «desliz» del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre la cuna del parlamentarismo. Apoyó la iniciativa porque manifestó que los servicios sociales deben ser prestados por la administración autonómica, pero exigió un pacto nacional para lograr un sistema de financiación autonómico.

También consideró «contradictorio» quel portavoz socialista, Luis Tudanca, rechache pintar líneas en la ordenación territorio, en lugar de blindar los servicios, cuando fue una norma que aprobaron por acuerdo PP y PSOE en 2013. Además, recordó que en Cistierna (León) se construyeron dos residencias en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero que ahora no es posible casi mantener. Además, lamentó que La Robla (León) lleve «tantos años» intentando abrir un centro de estas características.

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